En defensa de los derechos sociales…
 
En la mañana de ayer 18 de septiembre diferentes agentes sociales y sindicales se han concentrado ante la Delegación del Gobierno Vasco en Bilbao bajo el lema “En defensa de los derechos sociales. Murrizketarik Ez!”.
 
Frente a la realidad de continuos recortes estamos asistiendo a una campaña bien orquestada contra los servicios públicos y las prestaciones sociales desde las instituciones alavesas gobernadas por el PP. Las declaraciones del Sr. Maroto, del Sr. De Andrés y las últimas del Lehendakari, Iñigo Urkullu, en las que se exige un pacto social para fijar las prioridades a cubrir ya que “no llegamos a todo”, son el ejemplo claro de cuál es su voluntad política en materia de protección social.

Murrizketarik EZ!!!
Los políticos que gestionan las principales instituciones de la CAPV han decidido atacar a determinados colectivos de inmigrantes y criminalizar a las personas perceptoras de las prestaciones sociales para justificar sus actuales políticas de recortes.

Mirando, de paso, hacia otro lado en lo relativo al elevado fraude fiscal: 2.000 millones de euros anuales en la CAPV; y sin poner el foco, y el acento, en unos presupuestos que no garantizan unos servicios sociales básicos públicos y de calidad.

EN DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIALES. MURRIZKETARIK EZ!

A lo largo de este verano estamos asistiendo a una campaña orquestada contra los servicios públicos y las prestaciones sociales desde las instituciones alavesas gobernadas por el PP. Las declaraciones del Sr. Maroto, del Sr. De Andrés y las  últimas del Lehendakari, Iñigo Urkullu, en las que se exige un pacto social para fijar las prioridades a cubrir ya que “no llegamos a todo”, son el ejemplo claro de cuál es su voluntad política en materia de protección social.

Los diferentes responsables políticos han decidido no poner el foco, y el acento, en unos presupuestos anti-sociales que no garantizan unos servicios sociales públicos y de calidad; o el cada vez mayor aumento del número de personas desempleadas que no perciben ningún tipo de subsidio o prestación; o el alarmante incremento de las tasas de pobreza en nuestra sociedad; o la existencia de miles de familias que no pueden acceder a una comida diaria y han de recurrir a los recursos asistenciales de entidades benéficas como Cáritas o el Banco de Alimentos; o la existencia de 16.000 menores que sufren malnutrición…
 
En lugar de eso, los políticos que gestionan las instituciones han decidido atacar a determinados colectivos de inmigrantes para justificar sus actuales políticas de recortes. Además, de criminalizar a las personas perceptoras de las prestaciones. En definitiva, no hemos visto la misma beligerancia e incontinencia verbal a la hora de denunciar el fraude fiscal medido, según el Catedrático de Hacienda de la UPV Ignacio Zubiri, en un 18% del PIB: 2.000 millones de euros anuales evadidos a las Haciendas Forales y que se dejan de ingresar vía impuestos. ¡Eso sí es defraudar a lo grande al conjunto de la sociedad!

Se trata de desviar la atención de la opinión pública para justificar sus actuales políticas de recortes aplicadas desde las instituciones de la CAPV. Así, ninguna instancia ha dicho nada sobre que este verano, un año más, se agote en todos los ayuntamientos el presupuesto destinado a Ayudas de Emergencia Social.

O la puesta en marcha este verano, tres años después de su aprobación, de los recortes contemplados por Lanbide para aquellas personas trabajadoras que perciban la Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo. Ahora sólo se podrá percibir esta prestación por un periodo de 3 años a lo largo de la vida de una persona. O la retirada de la Renta de Garantía de Ingresos a aquellas personas acogidas por sus familiares producto de sufrir un desahucio o divorcio. Este verano ha supuesto el inicio de la aplicación de estos recortes. Lo que ha provocado, por cierto, que a partir del pasado mes de agosto empiece a descender el número de familias beneficiarias de los diferentes programas de la RGI desarrollados desde Lanbide.

Sin hablar de las habituales malas prácticas de Lanbide: retrasos de 8 meses en la actualización de los expedientes. Demora de varias semanas en la atención debido a la falta de personal para dar salida al aumento de citas producto del incremento de las situaciones de paro, precariedad y pobreza. Suspensiones “cautelares” en el cobro de las prestaciones sin audiencia ni notificación a las propias personas perceptoras; lo que conlleva un incumplimiento sistemático de la normativa que rige la tramitación y acceso a las prestaciones sociales. Conculcación de derechos en las diligencias y resolución de los expedientes.

Contravención del procedimiento administrativo ordinario que rige las relaciones entre administraciones y ciudadanía. Situaciones denunciadas de forma reiterada por el Ararteko, todo hay que decirlo.

Día a día, los datos y la realidad demuestran que las políticas de recortes no nos están sacando de la crisis, sólo han conseguido hacer imposible a miles de personas y familias el poder llegar a fin de mes y vivir dignamente. Lo que se quiere lograr es aniquilar los derechos conseguidos tras largos años de lucha por parte de la clase trabajadora.

Las instituciones están decididas a reducir el gasto disminuyendo los recursos destinados a los servicios públicos. Recortando los presupuestos destinados a sanidad, educación, vivienda, dependencia… A la vez que se endurecen los requisitos de acceso a las prestaciones sociales y se rebaja su cuantía.

A la par que se realizan continuas campaña de criminalización sobre quienes perciben las diferentes prestaciones sociales; y se culpabiliza a las personas paradas de su situación. Negando, de paso, a amplios sectores de la sociedad derechos básicos como la sanidad, vivienda, educación, alimentación… Además de considerar que la solidaridad es sólo para tiempos de bonanza.

Una vez más, los colectivos sociales y sindicales, volvemos a salir a la calle a denunciar que las prioridades políticas sólo responden a sus intereses neoliberales. Frente a esta situación tenemos claro las demandas, propuestas y medidas a implementar de forma urgente para darle la vuelta a esta situación:

• Exigir a las administraciones un giro radical en sus políticas: derogar los recortes aplicados en prestaciones sociales, en sanidad, educación, vivienda, servicios sociales... En definitiva, abandono de las políticas de recortes e incremento de las partidas destinadas al gasto social.
• Exigir a los representantes políticos que no utilicen de forma torticera la pobreza y la exclusión social para la obtención de votos, y se retracten públicamente de sus afirmaciones.
• Red de servicios sociales universales y a cargo de los presupuestos públicos, garantizando la cobertura económica a todas de las personas en paro y protección de las situaciones de dependencia.
• Asegurar el derecho a una vivienda digna.
• Una política fiscal justa y progresiva, que dé marcha atrás a las reformas aprobadas los últimos años; y que contribuya a un reparto equitativo de la riqueza. Verdadera lucha contra el fraude fiscal.
• Apuesta por desterrar el gasto socialmente inútil: militar, TAV, incineradoras, fracking…
• Establecer un sistema de garantías de ingresos que sustituya al actual y que sea un verdadero derecho. El acceso a una vida digna debe estar asegurado. En esa línea se debe aumentar la cuantía de la actual RGI e incrementar las escalas aplicables para las unidades convivenciales de más de un miembro
• Reconocer el acceso a las prestaciones sociales a todos los colectivos que han quedado fuera como consecuencia de la aplicación de los recortes aprobados por el Gobierno Vasco y aplicados por Lanbide.
• Establecer el derecho subjetivo a percibir las ayudas de emergencia social, que deben cubrir la totalidad de necesidades de las familias vascas. Eliminación de los criterios restrictivos que se están aplicando, por parte de los Ayuntamientos, a la hora de gestionar esta prestación.

Por todo ello, hacemos un llamamiento a la sociedad a defender los derechos sociales frente a los ataques neoliberales orquestados desde diferentes partidos e instituciones. No más recortes sociales.

ADHESIONES:

COLECTIVOS SOCIALES: AHT Gelditu! Elkarlana, Argilan, Asamblea Abierta en Defensa de las Prestaciones Sociales, Asociación de Trabajadoras de Hogar, Brujas y Diversas, Berri-Otxoak, “Coordinadora de Asambleas y Colectivos de Personas Desempleadas de Bizkaia”, Danok Lan, Ecuador Etxea, Elkartzen, Harresiak Apurtuz (Coordinadora de ONG de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes), Koordinadora Antimilitarista Kakitzat, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos, R.B.U. Taldea (Renta Básica Universal), SOS Racismo.

SINDICATOS: CCOO, UGT, STEE-EILAS, ESK, CGT y CNT.