arainfo.org. ANNA MONTULL.- En total, gastó 20.050 millones de euros el año pasado, según los cálculos del Centre Delàs d’Estudis per la Pau. Las entidades antimilitaristas denuncian que es difícil poder encontrar el gasto total, puesto que hay actividades militares que no figuran en los presupuestos de Defensa porque se desvían y reparten en otros ministerios.

Los recortes no van en todas direcciones. Este 2019 se ha vivido un nuevo récord en cuanto al gasto de la industria militar a escala mundial, que ha registrado el incremento más grande de la última década logrando los 1,92 billones de dólares. Después de haber aumentado por cuarto año consecutivo, la cifra representa 95.000 millones de dólares más de inversión respecto del 2018 y un crecimiento del 2,3% al 3,6% en términos reales. Los nuevos datos, publicadas por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés), indican también el desglose por países, donde los EE.UU. siguen al frente de la carrera armamentista, seguido de China, India, Rusia y Arabia Saudí. Este top 5 representa el 62% del gasto total y se destaca especialmente que, por primera vez, dos países asiáticos se encuentren entre los primeros tres de la lista. Aun así, el bloque militar occidental liderato por la OTAN sigue dominando el escenario internacional sin tregua, con unos estados miembros militarmente fuertes que suman el 54% del gasto militar mundial – de la cual los Estados Unidos representan el 38%. El resultado no es casual teniendo en cuenta que desde hace años la alianza militar intergubernamental, bajo directrices del Pentágono, presiona a sus miembros para que aumenten las inversiones en militarismo, exigiéndoles lograr para 2024 el 2% del PIB como cifra óptima.

El Estado español ocupa en 2019 la decimoséptima posición al ranking del SIPRI, con un gasto militar de 17.200 millones de euros que dibuja un crecimiento de un 0,9% respecto del 2018. La cifra sería todavía superior según cálculos del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, que la sitúa en 20.050 millones de euros. En otras palabras, 55 millones de euros diarios. La variación en los datos se explica por varios motivos. Por un lado, se está añadiendo la diferencia entre las partidas inicialmente aprobadas y las liquidaciones finales, que acostumbran a aumentar considerablemente. Por otro lado, hay actividades militares que no figuran en los presupuestos de Defensa porque se desvían y reparten en otros ministerios. Hay partidas para producir nuevos armamentos computados como I+D dentro del Ministerio de Industria, el cual dedica aproximadamente el 10% del total de la I+D a la producción de armamento, también se computan misiones militares al exterior desde el Fondo de Contingencia destinado a gastos imprevistos de cualquier organismo de la Administración, las mutuas y seguridad social de los militares, los gastos a la OTAN, los programas militares de la mano de la ONU, el CNI, o la misma Guardia Civil, que sigue siendo un cuerpo militar, tampoco se financian desde el ministerio de Defensa. Con todas estas actividades militares fragmentadas y diluidas en partidas de otras competencias, la cifra publicada por el Ministerio de Defensa acaba representando solo una parte reducida de la inversión real, que muchas veces llega a duplicarse.

En el análisis del gasto militar español, una partida destacable por el grosor económico que supone y por el déficit público que genera, es la de los programas especiales de armamento (PEA). Los PEA son una serie de programas de adquisición de armas que se aprobaron por primera vez en 1997 bajo el ejecutivo del PP. Para justificar su implementación, se apeló al impulso de la economía productiva del país, a la cooperación militar con otros países europeos para la fabricación conjunta de algunas de las armas y a la necesidad de ajustar las fuerzas armadas españolas al nivel de los miembros de la OTAN. El Estado acordó financiar con una copiosa suma a las empresas armamentistas a través de créditos extraordinarios en concepto de I+D desde el Ministerio de Industria. Para hacernos una idea, en 1999 el 54% de los recursos en I+D fueron a la rama militar y no civil. Así, la financiación para el desarrollo de estas nuevas armas se llevaría a cabo por parte del Estado, el cual se convertiría a la vez en su comprador. En otras palabras, el Estado alimentaría la industria militar por partida doble: a través de la financiación en créditos y de la compra. Para poder pagar los PEA, cada año se aprobaba un crédito extraordinario que no pasaba por los Presupuestos Generales del Estado y que, por lo tanto, eludía el consentimiento del Parlamento español con una opacidad implacable, unos créditos que fueron negociados con un interés del 0% y a devolver en el plazo de veinte años. En la transacción de la compra, se tendría que descontar el equivalente al crédito y reintegrarlo al Tesoro Público para saldar así la deuda establecida con I+D, pero no fue así en todos los casos. Como resultado, la deuda pública se fue acumulando y actualmente ronda los 15.000 millones de euros.

Esta falta de transparencia en los procedimientos hizo que en 2016 y después de analizar seis PEA, el Tribunal Constitucional dictaminara una sentencia en la cual declaraba irregulares los créditos extraordinarios de estos programas de armamento e instaba que se añadieran en los Presupuestos Generales. En este sentido, los costes de compra iniciales han ido creciendo a medida que se han aprobado nuevos PEA y hoy en día se sitúan por encima de los 42.000 millones de euros. Actualmente el Ministerio de Defensa es incapaz tanto de hacer frente a los pagos de los PEA como de devolver de los créditos en I+D. Todo esto no ha impedido que el ejecutivo socialista aprobara siete nuevos programas durante el segundo semestre de 2018 con el pretexto de mejorar los modelos defectuosos u obsoletos. Según este nuevo paquete, se destinarán 13.000 millones de euros en los próximos diez años para modernizar el avión de combate Eurofighter, un submarino S-80, cinco fragatas F110, 348 vehículos de combate sobre ruedas (VCR) y 23 helicópteros NH-90. Con todo, la deuda va aumentando año tras año sin que se sepa como salir de este agujero negro o burbuja armamentista que ha conducido al ministerio de Defensa al colapso financiero y a un grave endeudamiento con las cuentas públicas. Ya el 2011, el entonces secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, afirmó que “no tendríamos que haber adquirido sistemas que no utilizaremos, por escenarios de confrontación que no existen y con dinero que no teníamos ni entonces ni ahora”.

La campaña dedicada a los Días de Acción Global sobre el Gasto Militar (GDAMS, por sus siglas en inglés) del International Peace Bureau (IPB) en Barcelona, coordinada por el Centre Delàs, hizo pública la semana pasada la incómoda comparativa entre el gasto que suponen estas armas y los costes de personal y equipación sanitarios a que equivaldrían. Se calcula, por ejemplo, que con el nuevo PEA para la modernización de la Eurofigther se podrían mantener 25 hospitales durante un año. Así mismo, con el presupuesto para el Helicóptero NH-90 se podrían instalar 990.712 camas en las UCI. Teniendo en cuenta los recortes de entre 15.000 y 21.000 millones de euros aplicados a la Sanidad Pública entre 2009 y 2018, el cuestionamiento de la existencia y utilidad de los PEA toma todavía más fuerza. En este sentido, el Centre Delàs y la Campaña de la IPB en el marco del GDAMS han reclamado la cancelación de estos nuevos PEA aprobados en 2018 y de aquellos programas del pasado todavía pendientes de desarrollarse. Se pide que este dinero sean reorientado hacia el sector sanitario y otros sectores civiles que se requieren para hacer frente a la crisis.

Desde diferentes colectivos que promueven la objeción fiscal al gasto militar (OFDM) se reivindica, un año más, que no se normalice el consentimiento a las partidas destinadas al militarismo a través de los impuestos en el ejercicio de la declaración de la renta. Este año se observa como las diferentes campañas antimilitaristas de OFDM están poniendo especial énfasis en la inutilidad que ha supuesto la inversión en militarismo ante la crisis sanitaria del COVID-19. Se defiende que si se hubiera destinado parte de este presupuesto militar a la sanidad y a la I+D civil, probablemente se habrían podido salvar más vidas.

La gestión del coronavirus se ha relatado con la épica de la guerra y ha desplegado militares y banderas por las calles pero, desde su posición, en ningún caso ha proporcionado una respuesta ajustada a las necesidades sociales reales: han faltado camas, mascarillas, respiradores y otras equipaciones, personal sanitario y horarios dignos, políticas sociales de protección y de curas. A modo de ejemplo, bajo el lema “Ahora, más que nunca, ni un céntimo al armamento”, la Coordinadora de ONGD y aMS de Lleida denuncia en su campaña de OFDM como la inversión en armas se ha demostrado estéril a la hora de hacer frente a la crisis sanitaria y de parar la inseguridad humana que se ha derivado. En este sentido, cree necesaria la eliminación del gasto militar para que los recursos se destinen a políticas que pongan a las personas en el centro. En otras palabras, cambiar la Seguridad Armada por la Seguridad Humana. Deja entrever también la hipocresía de Estado, el cual dice haber destinado la movilización más grande de recursos públicos de la historia a la crisis del COVID-19 (117.000 millones de euros), obviando que el rescate bancario de la crisis económica supuso 220.114 millones de euros a las arcas del Estado.

Por otro lado, Xema Moya, portavoz del Servicio de Información de Objeción Fiscal al Gasto Militar (SIOF), explica que se ha lanzado la campaña “Por 1 €, o 5 € o 10 €, haz objeción fiscal y denuncia el gasto militar”, como propuesta abierta a toda la población para que muestre su disconformidad con el gasto militar actual del estado Español, y reclama el cambio a un modelo de distribución de impuestos que revierta realmente en la sociedad y no en el militarismo. Con todo, si bien la suma que la OFAM permite desviar hacia proyectos sociales no es muy elevada, su práctica se está consolidando como herramienta de resistencia fiscal no-violenta, está activa desde 1984 y permite pasar cuentas con el Estado anualmente diciendo “no” al gasto militar.