En Pocas Palabras. 15-M SERRANÍA DE RONDA.- El lema del PSOE en 2023 fue “España avanza”. Nos podemos preguntar ¿hacia dónde? Según el Informe “Desigualdad S.A.” de Intermón Oxfam, el 10% más rico de la población española concentra más de la mitad de la riqueza (el 1% más rico concentra el 22%), mientras que el 50% de los hogares más pobres apenas llegaron al 8% y ven cómo continúa disminuyendo su poder adquisitivo.

La fortuna de los “milmillonarios” españoles crece desde el año 2020 a un ritmo de tres millones al día. A finales de 2022, los beneficios de las empresas del IBEX 35 eran ya un 63% superior a los de finales de 2019, mientras que los salarios de las personas trabajadoras apenas habían crecido un 4%.

El Estado español ha crecido por encima de la media europea de forma constante en los últimos 5 años, previos a la aparición de la pandemia del COVID-2019. Es la 4ª economía de la UE y la 14ª de todo el mundo con un PIB de 1.200 millones de dólares. Ocupa el 13º lugar mundial en recepción de inversiones.

Pero también, el Estado español es el cuarto país de la UE, junto con Letonia, con la tasa de pobreza más elevada o de exclusión social, esto es, 12,3 millones de personas, de las cuales, más de nueve millones y medio malviven con ingresos inferiores a 10.088 € anuales (841 € al mes). Casi la mitad de la población española (47,8%) llegan con dificultad a fin de mes, según la última Encuesta de Condiciones de Vida de 2023, con datos del año 2022. El Estado español, con el 7,7%, se sitúa como el séptimo país con mayor tasa de privación material social y severa.

El Estado español fue campeón en creación de empleo en 2022, y también de paro. Puede que el Estado español esté creando empleo a toda velocidad, pero también es la economía con más paro de la Unión Europea, con más de tres millones de personas paradas en el año 2022, mientras que el desempleo juvenil (29,26%) es solo equiparable al de Grecia. Desde hace 40 años el Estado español siempre ha tenido el doble de paro que el promedio de países avanzados.

El Estado español es un país rico, pero arrastra problemas más propios de un país pobre. De los 193 países del mundo, el Estado español ocupa el puesto 14 en PIB nominal, esto es, el valor del PIB sin tener en cuenta los efectos de la inflación, según datos del Banco Mundial.

Y en PIB per cápita, en cambio, cae hasta el 33, por detrás de Lituania, Chipre o la República Checa. Ahora mismo el Estado español tiene la misma renta per cápita en términos reales que en 2005. Vamos camino de dos décadas perdidas.

La evolución de la desigualdad en el Estado español es un fenómeno preocupante, mientras los salarios pierden peso y capacidad de poder adquisitivo, las grandes empresas aumentan beneficios y la riqueza en el Estado español sigue concentrándose en manos de unos pocos.

Cada año vemos, en el Estado español, cómo las grandes empresas incrementan obscenamente sus beneficios, a costa de los salarios y las subidas de precios, es decir, a costa de los consumidores y de sus propias plantillas de trabajadores. El sueldo medio de los directivos de las grandes empresas ha aumentado un 45% desde 2020, mientras el salario medio subió apenas un 9%.

Desde finales del primer trimestre de 2021, el crecimiento mensual promedio de los salarios es del 1,7%, mientras que el de los precios es superior al 6%. Así, en los hogares con menor poder adquisitivo ha sido un 12,6% más caro mantener el mismo patrón de consumo que el año anterior. En cambio, los más pudientes, sólo han visto incrementado su cesta de la compra un 10%.

“El poder empresarial desbocado y la extrema riqueza no pueden seguir campando a sus anchas”, dice Oxfam Intermón. Frente a estas profundas desigualdades que se acentúan, Oxfam reitera que es urgente una acción pública transformadora que busque el bien común y los intereses de la mayoría, que priorice los servicios públicos, una mayor regulación de las grandes empresas, el fin de los monopolios y la aplicación de impuestos permanentes sobre la riqueza y los beneficios excesivos.

Según cálculos de Oxfam, la aplicación de un impuesto de entre el 2% y el 5% a los multimillonarios europeos podría recaudar hasta 390.000 millones de euros al año, que podrían invertirse en mejoras sociales y redistributivas en Europa y en el mundo.