Las eléctricas nos roban

Solapas principales

viñeta15-M Ronda. En pocas palabras.- Es significativo, por ejemplo, que de 2008 a 2018 la luz subiera en España un 66,8% y solo un 28,2% en el conjunto de la Unión Europea. Así, en España tenemos el 5º recibo eléctrico más caro de la UE y somos el tercer país de la UE que más impuestos cobra de la electricidad, según datos de Eurostat.

El nivel de la subida del recibo de la luz, es tal, que está afectando directamente a muchas personas que no pueden afrontar subidas en el recibo de la luz de varios cientos de euros al año, en un país como España, donde los últimos estudios arrojan un panorama desolador para 6 millones de personas en pobreza severa y 11 millones en situación de exclusión social. La subida constante y tan elevada del precio de la luz está pasando una factura extraordinaria a los hogares y a las pequeñas empresas españolas.

El precio de la luz se fija en España a través de un sistema que establece, para todas las fuentes de energía, el precio de las más cara, en nuestro caso, la que utiliza el gas como materia prima. El sector eléctrico español viene gozando de privilegios completamente ajenos a razones de mercado o eficiencia desde hace más de 80 años, en tiempos de dictadura y de democracia.

El precio de la luz en España comenzó a subir después de la Ley del Sector Eléctrico de 1997, aprobada con los votos de PP, CiU y PNV, y prácticamente no ha dejado de hacerlo desde entonces. Mediante esa ley y con la reforma que años más tarde introdujo de nuevo el PP, se reguló un mercado eléctrico que inevitablemente iba a proporcionar precios caros y subidas puntuales muy elevadas en las malas coyunturas.

Se dijo que la ley pretendía «liberalizar» el mercado, hacerlo más competitivo y eficiente, para que las personas consumidoras familiares o empresariales se beneficiaran de precios más bajos, pero no fue eso lo que ocurrió.

Las grandes empresas eléctricas disponen de despachos específicamente encargados de influir en la redacción de las leyes y normas administrativas que regulan el sector y llevan a cabo su trabajo con extraordinaria eficacia. No en vano, el lobby eléctrico es uno de los más activos y poderosos de entre los muchos que despliegan su actividad en la UE.

Cada vez son más los hogares que padecen pobreza energética en España. Según recoge el último “Boletín de indicadores eléctricos”, elaborado por la CNMC, 1.293.836 hogares en España están en esta situación –la mayor cifra desde que hay registros oficiales–. Hablamos de hogares que, o bien no pueden satisfacer los importes de la energía que consumen, llegando a perder el suministro; o bien no hacen un uso suficiente de energía ante la imposibilidad de afrontar los pagos, con las consecuencias que ello tiene para la salud. Según algunos estudios, la pobreza energética causa la muerte a 7.100 personas al año en España.

La nacionalización es una medida que ha sido deliberadamente demonizada bajo el capitalismo. Sin embargo, es completamente legítima cuando se trata del acceso a servicios básicos como la electricidad. En este caso, debería prevalecer este derecho sobre el derecho a la propiedad privada. Nadie debería poder enriquecerse sin fin y a costa de todo en un sector estratégico.

Es más, es completamente legal según la Constitución Española de 1978. En su artículo 128 se especifica claramente que «toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general».

La lucha en las calles nunca debe ser sustituida por ningún partido, independientemente de que la apoye o no y es deber de la ciudadanía mostrar su desacuerdo y exigir soluciones a un Gobierno que, en plena crisis de poder contra las eléctricas —a las que siguen vinculadas gracias a las puertas giratorias— es incapaz de emprender acciones decisivas en beneficio de la población.

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