15-M Ronda. En pocas palabras.- El pasado 9 de junio se han celebrado las elecciones europeas, una democracia en venta, desde su comienzo, gracias a Jacques Delors, socialdemócrata francés y presidente de la Comisión Europea entre 1985 y 1995.

Celebrado en la izquierda y derecha como “gran europeísta”, su agenda incluyó, entre otros acuerdos, el Acta Única Europea y la creación del Mercado Único, la Unión Económica y Monetaria y el euro, o el Acuerdo de Schengen. Entre las prioridades de la política económica de Delors estaba el restablecimiento de la rentabilidad de las empresas lo que provocó desempleo, desigualdades y un cambio en la distribución de la riqueza en detrimento del salario real de la clase trabajadora. Ya era notable su apuesta por la competitividad a escala mundial.

El Ejecutivo de Delors propuso 300 medidas legislativas para eliminar obstáculos al movimiento de capitales y mercancías entre los Estados miembros, cada una de ellas con calendarios detallados para su implementación.

Los impactos del Tratado de Maastricht fueron terribles y cargados sobre las espaldas de la clase trabajadora y particularmente las mujeres. Promovió, entre otros, la precarización laboral, la privatización de los servicios públicos, el cambio climático y la depredación de recursos naturales —sobre todo en el Sur global—. Como secuela crecieron el desempleo y la desigualdad social, el despilfarro energético y la degradación ambiental. (Tom Kucharz. EL SALTO, 3 ENERO 2024).

Según cuenta el Corporate Europe Observatory en Europa S.A, se estima que hay más de 25.000 lobistas que trabajan en el barrio de las instituciones de Bruselas, la mayoría de ellos al servicio de grandes empresas y sus correspondientes grupos de presión. Sus esfuerzos para influir en el proceso de elaboración de las normativas y las leyes que afectan a un conjunto de más de 510 millones de personas no les sale nada barato. Las estimaciones más conservadoras apuntan a que el gasto en estrategias de lobby dirigidas a la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y las sedes en Bruselas de los Gobiernos nacionales, supera los 1.500 millones de euros cada año.

El objetivo que persiguen los lobbies en el largo plazo consiste en marginar los intereses de la ciudadanía y someterlos a los de las agendas de los intereses privados, y sus esfuerzos se concentran en explotar varios canales de influencia para conseguir este propósito.

Y mientras los lobistas se dedican a cultivar una tierna amistad con el funcionariado público e interlocutores políticos de la Unión Europea entre cócteles de bienvenida, cenas en grandes hoteles, reuniones extraoficiales y cenáculos a puerta cerrada, la ciudadanía sigue sin tener ni la más remota idea de lo que se cuece en los mentideros de “la Corte institucional europea”.

Las instituciones de la Comisión Europea, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo se crearon con el fin de defender el interés público, por ejemplo, para luchar contra el cambio climático, defender los derechos laborales o regular los productos químicos, y no, a favorecer los intereses del todo poderoso sector empresarial que se ha “apropiado” del proceso de elaboración de políticas de la UE por parte de sus empresas.

El mayor escándalo, hasta la fecha, es el caso del antiguo presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, del Partido Social Demócrata de Portugal, que pasó a formar parte de la plantilla de Goldman Sachs, el banco de inversiones que jugó un papel central en la crisis financiera en 2008, y que continúa combatiendo ferozmente todo intento por endurecer las normas en el ámbito financiero.

Las políticas de la Unión Europea, cada vez más, tienden a beneficiar a las grandes empresas. El conflicto más importante del siglo XXI será la batalla entre las gigantescas empresas y la democracia.