Firmas contra los recortes
Se ha entregado en el registro central del Gobierno Vasco cerca de un centenar de firmas contra la mala gestión -y los recortes en las prestaciones sociales- en el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide.
El Gobierno Vasco y Lanbide “torean” los Derechos Sociales.
Coincidiendo con los “Sanfermines” colectivos sociales de Bizkaia, junto a personas disfrazadas de “toreros” y de blanco y rojo, se concentran a las puertas de la Delegación del Gobierno Vasco en Bilbao bajo el lema “Lanbide Torea Nuestros Derechos Sociales”. A lo largo de esta movilización se entregará en el registro del Gobierno Vasco un centenar de firmas contra la mala gestión y los recortes de Lanbide.
Con esta iniciativa se pretende denunciar los continuos recortes en materia social por parte del Gobierno Vasco: endurecimiento de los requisitos para el acceso de las diferentes prestaciones sociales; reducción de las cuantías de la mismas; retrasos en la actualización de los expedientes de entre 6 y 8 meses; vulneración de la normativa y del procedimiento administrativo ordinario que rige las relaciones entre administración y ciudadan@; o constantes incumplimientos de las recomendaciones del Ararteko sobre esta materia.
Familias sin ingresos, personas en paro que han agotado las prestaciones, solicitantes de ayudas para el alquiler, personas trabajadoras con contratos precarios o perceptoras de pensiones mínimas... Todas estas circunstancias, y algunas más, se agolpan en las oficinas de Lanbide a la espera de gestionar y resolver los trámites para acceder a la Renta de Garantía de Ingresos, Prestación Complementaria de Vivienda, la Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo o el Complemento de Pensiones.
Ante un aumento del paro, y las situaciones de pobreza, nos encontramos como en el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide existe una falta de operatividad en las oficinas encargadas de tramitar las solicitudes de acceso a las prestaciones sociales; fallos en el sistema informático; escasez de personal; establecimiento de un sistema de atención con cita previa; y un número limitado de personas -entre 15 y 50 según oficinas y municipios- que pueden ser atendidas a diario.
Pero a esta situación de vulneración de derechos le debemos sumar los nuevos "Criterios RGI Aprobados por Servicios Centrales" de Lanbide donde se establece una nueva normativa que va en detrimento de las familias afectadas por la actual situación de crisis económica. Así,
- Se retira la RGI a las familias monoparentales, matrimonios y parejas afectadas por los desahucios, la crisis económica y que sean acogidas por sus familiares.
- Se quita la RGI a las personas que tienen empleos precarios con salarios bajos.
Estas actuaciones por parte del "Departamento de Empleo y Políticas Sociales" del Gobierno Vasco afectarán, como mínimo, a más de un tercio de las actuales familias perceptoras de las prestaciones sociales gestionadas por el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide.
Todos estos recortes, y malas prácticas, de Lanbide están llevando a las familias afectadas por la actual situación de crisis económica a una situación cercana a la desesperación
MANIFIESTO CONTRA LA VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LANBIDE
Las personas usuarias, además de diferentes colectivos sociales de Bizkaia, abajo firmantes queremos denunciar el incumplimiento sistemático y premeditado en LANBIDE de los procedimientos y reglamentos que protegen a las personas perceptoras de prestaciones sociales; así como la utilización de criterios restrictivos, dificultad para acceder al personal de las oficinas, el entorpecer la entrega de documentación necesaria o lecturas interesadas de la ley para hacer recortes por la vía de las suspensiones y extinciones de las prestaciones sociales. De este modo se recorta el gasto en prestaciones sin tener que dar la cara ante la opinión pública como responsables del recorte de derechos y culpables de hacer vivir a miles de familias en una precaria situación económica.
Así mismo mediante la mentira, la manipulación de los datos y criminalización constante de los perceptores y perceptoras convierte esa vulneración de derechos en un logro de la administración. Bajo ese mecanismo se responsabiliza a una supuesta bolsa de fraude a la que achacar la culpa de la crisis.
El caos es la norma habitual de funcionamiento en LANBIDE. Desde hace unos meses ese caos se ha convertido en una herramienta para dificultar el acceso a sus derechos a miles de personas en situación de vulnerabilidad económica. De manera intencionada se usan procedimientos de suspensión que no ampara la ley de RGI; y que los nuevos responsables de LANBIDE se comprometieron públicamente a no utilizar, y seguir las recomendaciones emitidas desde el ARARTEKO.
Estas suspensiones cautelares implican no poder ejercer el derecho a la defensa y la audiencia previa antes de ser efectiva la sanción; así como una posible extinción de la prestación si no se levanta dicha suspensión, lo que impide volver a solicitarla en el plazo de un año en el caso que LANBIDE no responda a los recursos.
Este cúmulo de arbitrariedades obliga a interponer un contencioso administrativo que, además de suponer carga económica extra para las personas usuarias de Lanbide, supone un mínimo de 3 años de espera para que se vea el caso.
En la actualidad, mediante el sistema de cita con ticket recogido a primera hora de la mañana, solo se deja a acceder a un mínimo número de personas a las oficinas de Lanbide. La cita previa por teléfono, a semanas vista; la falta de registro en muchas oficinas; y la constante petición de documentación a entregar en el plazo de 10 días hacen que las personas que cumplen los requisitos y obligaciones acaben viendo suspendidas sus prestaciones; o quien quiera solicitar la Renta de Garantía de Ingresos bien desiste o retrasa su incorporación al sistema, con el correspondiente ahorro para la administración a costa de los derechos de esas personas.
Así mismo el maltrato, el juicio moral y la desinformación son moneda habitual ante las ventanillas de las oficinas de LANBIDE. No se responden a las preguntas básicas de las personas usuarias: cómo saber cuándo se va a cobrar; cuál es el estado de algún recurso o reclamación. Además, la actuación diaria de LANBIDE es intentar averiguar alguna posibilidad de dejar fuera de las prestaciones a las personas usuarias y no facilitarles el acceso a sus derechos.
Ante estos hechos, personas usuarias de Lanbide –y diferentes colectivos sociales de Bizkaia-, denunciamos el acoso permanente que sufrimos personas perceptoras de las prestaciones sociales; y la vulneración de derechos -y de la propia ley-, por parte del gobierno vasco como herramienta de recorte social.
COLECTIVOS SOCIALES DE BIZKAIA: Argilan, Asamblea Abierta en Defensa de las Prestaciones Sociales, Berri-Otxoak (Barakaldo), Danok Lan (Galdakao), Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos, R.B.U. Taldea (Renta Básica Universal) y SOS Racismo.
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