Efectos colaterales del capitalismo en el Estado español

Solapas principales

viñeta15-M RONDA. En pocas palabras.- Son ya 11 millones las personas que se encuentran en situación de exclusión social en España (720 €/mes y/o 24 €/día), seis millones de ellas se encuentran ya en exclusión severa (480 €/mes y/o 16 €/día -Oxfam 2021-).

Esto revela un ensanchamiento del espacio de la exclusión, donde viven ahora 2,5 millones de personas nuevas respecto al año 2018. Se registra, asimismo, un empeoramiento generalizado de los niveles de integración plena para el conjunto de la población en 2021, ya que los hogares que disfrutan de una situación en la que no sufren ningún rasgo indicativo de la exclusión, se reduce a solo 4 de cada 10 hogares de España (el 42%). Esto marca un descenso de más de 7 puntos respecto del año 2018 (donde el porcentaje era del 49%).

Bajo el título “Sociedad expulsada y derecho a ingresos”, Cáritas y la Fundación FOESSA, han presentado la primera radiografía social completa de la crisis de la COVID-19 en toda España, dejándonos una profunda huella social que incide en la situación provocada por la Gran Recesión 2008-2013, que no fue plenamente resuelta en el siguiente periodo de recuperación.

La estructura social y económica capitalista, más allá de la pandemia, lleva décadas generando, sosteniendo y naturalizando el sufrimiento de situaciones de pobreza y exclusión social que son una realidad cotidiana para millones de personas y familias. Una estructura social y económica que genera desigualdad, donde quien se ha quedado fuera tiene casi imposible volver a entrar.

  • La precariedad laboral durante la crisis sanitaria se ha duplicado y alcanza a casi 2 millones de hogares. Lo que significa que en el último año ha tenido, 3 o más meses de desempleo, 3 o más contratos diferentes, en 3 o más empresas distintas, lo que conllevan una realidad de ingresos bajos e insuficientes.

  • La precariedad salarial afecta en particular a la hora de garantizar el acceso y mantenimiento a una vivienda y suministros, y que afecta al 24% de hogares españoles. Vivienda, energía, agua e internet son derechos humanos sistemáticamente vulnerados.

  • Desde 2018 se ha duplicado el porcentaje de hogares que residen en viviendas insalubres (hasta el 7,2% en 2021) o en situación de hacinamiento (hasta el 4% en 2021). Además, la COVID-19 ha hecho empeorar o tensionar la mayoría de los indicadores de acceso y mantenimiento de la vivienda. Casi se duplica el número de hogares, pasando de 1,1 a más de 2 millones, que sufrieron retrasos, o no tuvieron dinero suficiente, para el pago de alguno de los gastos relacionados con la vivienda, como el pago del alquiler o la hipoteca.

  • Durante la crisis, la situación de que el sustentador del hogar se encuentre en paro de larga duración ha alcanzado a 800.000 familias y el desempleo total familiar, casi se ha duplicado, es decir, hay casi dos millones de núcleos familiares donde todas las personas activas están en paro. Y a pesar del aumento de la protección social no se ha logrado compensar esta situación y un tercio de estos hogares (esto es, 600.000 familias) carece de algún tipo de ingreso periódico que permita una cierta estabilidad y capacidad de generar proyectos vitales.

  • Las familias con menores de edad a cargo, incrementan el riesgo de exclusión social en estos hogares, que es del 27% de parejas con hijos frente al 18% entre parejas sin hijos. Esta incidencia es mucho más acusada si se trata de una familia numerosa (47%) o de un hogar monoparental (49%), especialmente cuando la persona sustentadora principal es una mujer.

  • La pandemia ha destapado un nuevo factor de exclusión social: la desconexión digital es el nuevo analfabetismo del siglo XXI, así 1,8 millones de hogares (casi la mitad de los que están en exclusión social) sufren el apagón digital, perdiendo oportunidades de mejorar su situación debido a cuestiones digitales, falta de conexión, de dispositivos informáticos o de habilidades digitales.

  • Esta crisis ha tenido más impacto en sectores más feminizados, como el comercio o la hostelería, lo que ha implicado un retroceso mayor para muchas mujeres para su integración social. La pandemia ha aumentado la brecha de género, la exclusión social ha crecido más del doble en los hogares cuya sustentadora principal es una mujer.

  • Teniendo en cuenta de que la principal fuente de ingresos de los hogares españoles son las rentas del trabajo, la crisis sanitaria no ha hecho más que agudizar aún más la desigualdad. La diferencia entre la población con más y menos ingresos ha aumentado más de un 25%, cifra superior al incremento registrado durante la crisis/estafa del año 2008.

  • Hay 2,7 millones de jóvenes entre 16 y 34 años afectados por procesos de exclusión social intensa y multidimensional que les impide realizar proyectos de vida para transitar hacia la vida adulta.

  • A nivel generacional, la tasa de exclusión de la población menor de 30 años es algo más de tres veces superior a la de la población mayor de 65 años y la tasa de exclusión severa se llega a multiplicar por cinco entre ambos grupos.

  • Hay un grupo de jóvenes que ha experimentado ya dos crisis muy importantes justo en una fase esencial de sus proyectos vitales en los que se plantea la transición al empleo, a la vida adulta, la emancipación o la construcción de nuevos hogares, esto es, a los que tenían 18 años en 2008 les ha alcanzado la crisis de 2020 con 30 años.

  • El 50,3% de los hogares con población inmigrante están en situación de exclusión social en 2021, esto es, casi tres veces mayor que en los hogares españoles, pero aún más marcada en el de la exclusión severa (65%). La población inmigrante además ha sufrido una tasa de incidencia de la Covid-19 casi 3 puntos porcentuales mayor que entre la población de origen español. Las razones son claras: unas peores condiciones de vida, con viviendas peor ventiladas por las condiciones de acondicionamiento de la vivienda y con más hacinamiento; así como menores recursos para adoptar medidas preventivas y una mayor exposición por sus empleos.

  • La incidencia de la etnia en la intensificación de la exclusión social, en 2021, llegó al 70,5% de los hogares gitanos, cifra que triplica la del conjunto de los hogares españoles.

  • Durante la pandemia, las familias han tenido que desplegar distintas estrategias para no ahogarse en la marea del malestar. La estrategia de reducción de gastos habituales en alimentación, ropa y calzado alcanza a prácticamente a 3 de cada 10 familias en España, y se multiplica por dos entre los hogares que sufren exclusión social.

  • Mejorar la cobertura del Ingreso Mínimo Vital, ya que supone un notable avance social para corregir el desequilibrio entre la protección social de la población laboral estable y aquella que es precaria o en situación de exclusión social. De los 850.000 hogares beneficiarios previstos inicialmente a septiembre de 2021, sólo llegó a 315.913 hogares, que representó el 37%. Una media de 2 personas beneficiarias por cada 10 personas en situación de pobreza severa en España.

  • La pandemia está erosionando con fuerza la calidad de las relaciones en los hogares. El conflicto social, la dimensión que mide la calidad de las relaciones dentro de los hogares, ha pasado de afectar a un 5% de los hogares en el año 2018 a casi un 10% en 2021.

  • Frente a la imagen de pasividad que tienen las familias en situación de vulnerabilidad, el nivel de “activación” es muy alto. Incluso en 8 de cada 10 hogares empobrecidos la activación es fuerte, ya sea porque consiguen trabajar, porque estudian o se forman para mejorar su empleabilidad, o porque participan de programas de los servicios sociales o de entidades del tercer sector para avanzar en su salida de la pobreza o la exclusión, demostrando así la falsedad del supuesto efecto desincentivador del sistema de prestaciones.

  • Las tasas más elevadas de exclusión social se dan en el Sur y el Este del país, junto con Canarias.

Así pues, muchas personas y familias que en esta nueva crisis se han quedado en la sociedad del malestar, les va a costar volver a entrar en la sociedad del bienestar, pasando a formar parte de un espacio olvidado al que difícilmente llegan las políticas sociales y los derechos más básicos. El reto del sistema de protección social es evitar que estas nuevas situaciones de vulnerabilidad e intensificación de la exclusión severa se transformen en crónicas.

La Covid-19 ha sacudido profundamente las economías y la gente empieza a cuestionar los modelos económicos existentes, esta pandemia ha disparado los actuales niveles de injusticia y desigualdad en toda España.

A nivel europeo, una encuesta en Francia, Alemania, Italia, Polonia, Portugal y España revelaba que más de dos tercios de la población europea y el 72% de la población en España apoyaba la puesta en marcha de una Renta Básica Universal para personas no tiene suficiente para vivir dando a todos un cheque equivalente al costo de vida, para reducir el impacto de la pandemia.

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