Marea Roja Alacant.- El pasado 30 de abril acudimos a la sede del PROP, en la Rambla Méndez Núñez 41, a presentar una queja colectiva contra los atrasos, la falta de información y la aplicación parcial de la Renta valenciana de Inclusión. Han pasado más de tres meses y lejos de arreglarse, la situación se ha agravado.

Quizás algunos casos ya se han resuelto, pero son cada vez más los que se acumulan sin resolver, ya no son ocho o nueve meses sin saber nada del expediente, son doce y trece meses los que algunas personas llevan sin saber cuando cobraran.

A todo esto se suma la petición, a algunas de las personas, de nuevos papeles pasados los nueve meses desde que la solicitud fue registrada; o los más surrealista, aconsejar que, ya que algunos de los papeles entregados cuando se registró la solicitud están caducados, lo mejor que pueden hacer es volver a solicitarlos y registrar de nuevo el impreso de solicitud de la renta.

Pero la cosa no acaba aquí, se están dando denegaciones pasados los nueve meses, tiempo que, según la Disposición Transitoria Segunda, es el máximo para poder denegarla, pues pasados esos meses la solicitud queda ESTIMADA por silencio administrativo.

Denegaciones que, a su vez, incumplen el artículo 39 del reglamento que regula la ley de la Renta valenciana de Inclusión (DECRETO 60/2018, de 11 de mayo, del Consell, por el que se desarrolla la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de la Generalitat, de renta valenciana de inclusión. [2018/5490]) que dice: “La resolución denegatoria, que en todo caso deberá ser motivada, será notificada por la dirección territorial competente a la persona solicitante en el plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado y dentro del plazo previsto en el párrafo 1 del artículo anterior. Dicha notificación deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos”. Y lo incumplen, además, al ser notificadas de palabra y sin la argumentación exigida por el decreto citado.

Por todo ello, nos volvemos a concentrar, el próximo 8 de agosto, para apoyar, por una parte, las reclamaciones y las quejas que algunas de las personas afectadas por estas situaciones han decidido interponer (primero a la Generalitat y posteriormente a Sindic de Greuges, para que intervenga e intente poner orden), y por otra, para denunciar este caos administrativo que genera sufrimiento, caos del que son responsables tanto los ayuntamientos como la Generalitat. Caos que se podría solucionar si esta renta, como renta económica, se separara de los procesos de inclusión que competen a los servicios sociales, y se tramitara directamente a través de la Generalitat mediante una solicitud sencilla destinada tan solo a comprobar la carencia de ingresos sin intervención de los servicios sociales, los cuales ya están colapsados con el trabajo que les compete.

Basta ya de leyes trampa, leyes que sepultan a las personas
con procesos burocráticos
que generan sufrimiento y cansancio.

¡¡Ya está bien!! Legislemos leyes
que abran el camino
a la Renta Básica de las Iguales