En la mañana de ayer jueves 19 de noviembre se ha celebrado una concentración ante el Palacio de Justicia de Barakaldo con el ánimo de denunciar que el equipo municipal de gobierno ha decidido aplicar su propia “Ley Mordaza”.

Esta movilización surge para denunciar que un miembro del colectivo social de Barakaldo “Berri-Otxoak” ha sido citado a declarar por imputación de una posible infracción penal de injurias. El “delito”: denunciar los sueldos de los políticos liberados del consistorio fabril.

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¡A pesar de la crisis… se siguen forrando!!!

El anterior equipo municipal de gobierno del Ayuntamiento de Barakaldo decidió impulsar diversas acciones judiciales a cuenta de las campañas públicas desarrolladlas en denuncia del abultado sueldo que perciben el Alcalde del municipio, el Concejal de Acción Social o los corporativos que rigen el consistorio.

Imputaciones judiciales que ha mantenido la actual corporación municipal; y ha supuesto una citación por parte del juzgado de instrucción número 3 ante la instrucción de diligencias previas por la consideración de un posible delito penal de injurias.

Durante esta concentración se ha reafirmado la continuidad de nuestra labor en la defensa de los derechos sociales y señalamiento de los responsables de las actuales políticas municipales de recortes.

Comunicado

El anterior equipo municipal de gobierno del Ayuntamiento de Barakaldo decidió emprender acciones judiciales -y presentar una denuncia contra diferentes miembros del colectivo “Berri-Otxoak”- a cuenta de las diferentes campañas públicas desarrolladlas en denuncia del abultado sueldo que perciben el Alcalde del municipio, el Concejal de Acción Social o los corporativos que rigen el consistorio.

Antecedentes de hecho

Denuncia que finalmente fue cursada en los juzgados en nombre del exAlcalde Alfonso García (actual director de empleo de la Diputación de Bizkaia; por lo que percibe 87.235 euros; a sumar 6.000 euros por “antigüedad”); y en nombre de la totalidad de concejales liberados del pasado equipo de gobierno.

A raíz de esta actuación este jueves ha de comparecer un miembro de “Berri-Otxoak” en las diligencias previas solicitadas por el juzgado de instrucción número 3 de Barakaldo por imputación de un posible delito penal de injurias. Imputación judicial mantenida por la actual corporación municipal.

Intentan imponer en Barakaldo la “Ley Mordaza”

Esta querella se presentó en el mismo momento que se aprobó la “Ley Mordaza” en el Congreso de los Diputados. Sin esperar un minuto el anterior equipo de gobierno fabril decidió intentar silenciar a las asociaciones que denuncian las consecuencias de las políticas de ajustes en el municipio.

Por este motivo, y ante el intento de perseguir a quien cuestiona los recortes, se asistirá con una mordaza a la concentración que se realizará ante el Palacio de Justicia mientras se celebra esta vista oral. Comparecencia judicial donde se reafirmará la continuidad de la labor en defensa de los derechos sociales; y señalamiento de los responsables de las actuales políticas de recortes.

Tras esta demanda judicial se esconde el intento de disuadir de realizar denuncias públicas sobre el desorbitado coste a las arcas públicas del salario de Acalde de Barakaldo y corporativos liberados: 87.645 para el regidor municipal (74.307,38 salario base; 13.337,62 euros de cotización a la Seguridad Social); y 79.301,04 para los concejales liberados (65.963,42 sueldo base; y los 13.337,62 euros de cotización).

Suma y sigue

Mientras se aplican políticas de recortes se mantienen los astronómicos sueldos de los políticos del consistorio. Así, el pasado 13 de junio se constituyó la nueva corporación salida de las elecciones del 24 de mayo. En apenas un mes, y en plenas celebraciones de las fiestas patronales, se produjo un acuerdo de reparto de cromos y prebendas entre los actuales responsables municipales (PNV) y los anteriores (PSE).

Este pacto ha conllevado el mantenimiento de los abultados salarios de los políticos de la corporación, ampliar la nómina de cargos de confianza designados a dedo; y la creación de nuevas áreas municipales.

Estos acuerdos políticos han supuesto, en la práctica, pasar de un anterior equipo municipal de gobierno conformado por 12 personas (alcalde, concejales y asesores liberados), con un coste anual de un 1 millón de euros. A ampliar la nómina de políticos liberados; pasando a ser 20, suponiendo a las arcas municipales cerca de 2 millones de euros. Dentro de este despropósito se crean dos nuevas áreas, con inexistentes atribuciones, donde colocar a otros tantos concejales del PSE para pasar a estar liberados y percibir sueldos millonarios: 80.000 euros al año, incluidas retenciones y seguridad social.

Se mantienen las políticas de recortes sociales

Mientras unos se enriquecen se aprueban recortes para el conjunto de vecinos y vecinas de la localidad. Otra vez, y en pleno mes de agosto, se publica un nuevo “Decreto de Alcaldía” que introduce un recorte del 50% en la cuantía de las ayudas a percibir por las familias más necesitadas del municipio.

Recortes que afectan a las ayudas destinadas al acceso y mantenimiento de la vivienda habitual. A la par que se eliminan las partidas dedicadas a educación, inserción laboral o atención sanitaria. Para agravar más ésta decisión política, este “Decreto de Alcaldía” se implanta con carácter retroactivo: a aplicar a todas las solicitudes cursadas a partir del 25 de marzo del 2015.