NADA ha sido el nombre de nuestra campaña contra esta nueva atrocidad que acaba con derechos fundamentales, porque NADA es lo que podrás hacer en La Orotava si esta Ordenanza se aprueba
Francisco Linares (CC), alcalde no electo de La Orotava, combina su imagen de político profesional, tras el chabacanismo de Isaac Valencia, con una legislación que prohíbe toda posibilidad de oposición a sus políticas, representaciones culturales espontáneas, libre utilización de la vía pública e incluso restricciones en el ámbito privado: la nueva Ordenanza de Convivencia Ciudadana.
NADA ha sido el nombre de nuestra campaña contra esta atrocidad que acaba con derechos fundamentales, porque NADA es lo que podrás hacer en La Orotava si esta Ordenanza se aprueba.
CC llega incluso a situarse con prepotencia por encima de la Delegación del Gobierno, pues se otorga facultades respecto a los permisos de manifestación y concentraciones: “Se prohíbe la celebración en los espacios públicos de actos populares, concentraciones de clubes o asociaciones, actos culturales o recreativos, manifestaciones o mítines de carácter político o sindical si no se cuenta con autorización municipal”.
Pero esto no es lo más grave. La Ordenanza regula tanto aspectos privados como públicos de nuestra vida, e insta y facilita a la población a perseguir y denunciar a sus vecinos, siendo recompensadas por ello.
Algunos ejemplos de lo que CC pretende prohibir en La Orotava son:
- La ocupación del espacio público por conductas que adopten formas de mendicidad (la visualización de la pobreza les molesta).
- Las acampadas en las vías y los espacios públicos (como las del 15M o el Atlante).
- Colocar carteles, pancartas o adhesivos en edificios e instalaciones municipales (la alternativa son los escasos paneles informativos que hay en el municipio).
- Juegos y deportes con pelota y otros objetos en los espacios públicos, especialmente con bicicletas, patines o monopatines (cuando sólo hay un skate park en malas condiciones).
- Se prohíbe orinar o defecar en la calle (el municipio no tiene ni un sólo baño público).
- Tender ropa en balcones y ventanas.
- Tomar bebidas alcohólicas en los espacios públicos.
- Venta ambulante de alimentos.
- Se prohíbe cantar o hablar en un tono de voz “excesivamente alto” (¿esto quién lo determina?) o utilizar “herramientas” o electrodomésticos que produzcan ruidos en el interior de las viviendas.
- Cerrar puertas o ventanas estrepitosamente.
- Dejar en los patios, terrazas o balcones pájaros u otros animales que perturben a los vecinos con sus sonidos, gritos o cantos, y darles de comer en espacios públicos.
- Ensayos musicales, de baile o danza, que perturben el descanso y tranquilidad de los vecinos.
Por otro lado, se otorga a la Policía Municipal trato probatorio en sus declaraciones, algo que ya funciona en la mayoría de los casos, pero que ahora pasa a ser parte de la legislación municipal.
Además, el Ayuntamiento se atribuye labores judiciales paralelas a la de los jueces, ya que “se aplican las sanciones administrativas aunque existan resoluciones judiciales penales condenatorias o absolutorias, si se aprecia diversidad de fundamento”. Lo que conlleva que aunque un tribunal judicial te declare inocente de alguna infracción, el Ayuntamiento puede seguir adelante con su denuncia para sancionar administrativamente.
Estos son algunos ejemplos de este nuevo ataque contra nuestros derechos fundamentales, más propio de la dictadura que en realidad les gustaría que existiera y a la que cada día se acercan más, que de la democracia en la que supuestamente vivimos y que permite estas barbaridades.
Desde la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza seguiremos denunciando esta Ordenanza para intentar impedir su aprobación, informando a la población de lo que realmente esconden las intenciones del grupo de gobierno (CC) y su nuevo líder no electo.
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