Por el derecho a una vivienda digna

Ni casas sin gente…

El pasado lunes 21 de septiembre tres familias de Barakaldo entraron en el antiguo centro de acogida a menores “Hogar Murrieta” gestionado por la Diputación, el cual llevaba cerrado casi 2 años. Son dos viviendas propiedad del Ayuntamiento de Barakaldo.

En esta comparecencia pública han estado acompañadas por personas residentes en el barrio donde se encuentran ubicadas; y miembros de la “Asociación de Vecinos de El Carmen, Biltzarrea”. Con el ánimo de mostrar su apoyo y solidaridad.

Ni gente sin casa!!!

El pasado lunes 5 de octubre, la alcaldesa Amaia del Campo convocaba una junta de portavoces con carácter de urgencia para iniciar el “proceso de recuperación de propiedad municipal”. Dando inicio a este procedimiento de desalojo de forma inmediata al día siguiente a través de un “Decreto de Alcaldía” que se notificó a las familias esa misma tarde a través de la policía local.

Queda claro que desde el actual equipo municipal de gobierno las únicas actuaciones que se han realizado es criminalizar a las familias que residen en el antiguo “Hogar Murrieta” para rentabilizar políticamente su desalojo. Eso sí, sin buscar una solución habitacional, acceso a empleos públicos, orientación laboral o recursos básicos que les permitan llegar a fin de mes. Peticiones que han realizado durante estas 3 semanas a través de los servicios sociales municipales; obteniendo hasta el día de hoy la callada por respuesta.

Comunicado

Familias Barakaldo demandan su derecho a una vivienda, empleo y recursos para desarrollar una vida digna.

El pasado lunes 21 de septiembre tres familias de Barakaldo entraron en el antiguo centro de acogida a menores gestionado por la Diputación, el cual llevaba cerrado casi 2 años. Son dos viviendas propiedad del Ayuntamiento de Barakaldo. Ese mismo día fueron a la Policía Municipal a notificarlo de muto propio.

Con el ánimo de presentar su situación de forma directa, pública y sin intermediarios realizan una comparecencia en la sala de estar de su vivienda acompañadas por personas residentes del barrio donde se encuentran ubicadas; y miembros de la “Asociación de Vecinos de El Carmen, Biltzarrea”, con el ánimo de mostrar su apoyo y solidaridad.

 ANTECEDENTES.

 Las familias que están haciendo uso de estas instalaciones son un matrimonio (R. N. P. de 38 años y S.M.L. de 38 años), con 5 hijos a cargo. Ella está desempleada y él trabaja en precario en el Metro cuando se requiere sus servicios (principalmente coincidiendo con los partidos del Athletic, Santo Tomás… es decir, en los momentos de mayor actividad en el suburbano).

Después estaría A. A. G. de 39 años, desempleado y padre de un niño y una niña que no residen en este equipamiento residencial.

Además, se encuentra conviviendo en estos dos pisos L.E.H. de 37 años, desempleada y madre de 4 menores, dos hijos y dos hijas; las cuales no viven en estos momentos en este recurso.

Estas tres familias han accedido a estas viviendas debido a su situación de desempleo y precariedad laboral. El no poder hacer frente a los gastos de alquiler ha motivado un procedimiento de desahucio a una de ellas. Otra de las familias se ha visto afectada por la política que siguen algunos propietarios a la hora de alquilar sus viviendas como no querer realizar contrato de alquiler ni de los justificantes de pago (cuando han pagado todos los meses el recibo del alquiler) ni posibilitar que los inquilinos se empadronen lo cual ha impedido mantener actualizada su residencia y así poder acceder a los planes comarcales de empleo público o prestaciones sociales gestionadas por Lanbide.

Por todos estos motivos, estas 3 familias entran a estas dos viviendas vacías -y sin uso actual- con el ánimo de disponer de un techo con el cual sobrellevar el inicio del otoño y próximo invierno y para disponer de un techo en el cual sobrevivir temporalmente.

ACTUACIONES DEL ACTUAL EQUIPO DE GOBIERNO MUNICIPAL

 Mientras pretendían encontrar una solución consensuada de acceso habitacional con el actual equipo de gobierno municipal se presentaron de manera voluntaria en la policía municipal. Recalcar que dicho equipo de gobierno no les ha recibido en ningún momento cuando su intención nunca ha pasado por permanecer de forma permanente en estas dos viviendas.

Desde un primer momento se han presentado en la Policía Municipal para informar de la situación de los menores y se han dirigido a los servicios sociales; mas en concreto, el martes 29, son atendidos por el “Servicio de Urgencias Sociales”. Desde esta unidad de trabajo social no se ha hecho nada para proporcionar a estas familias con menores de un techo ni posibilitar su acceso a recursos básicos que les permitan cubrir sus mínimas necesidades. Ha tenido que ser una entidad privada de carácter social, como Cáritas, la que va a facilitar vales de comida y ropa al matrimonio; y la actual derivación al comedor social de la parroquia de San Vicente a las otras dos personas adultas.

La situación de estas 3 familias es de sobra conocida por el consistorio y su Departamento de Acción Social desde el primer momento. Sobre todo, desde que todos los adultos fueron identificados el pasado jueves 24 de septiembre por la Policía Municipal; la cual levantó atestado de esta actuación.

Cabe destacar que esta situación de desamparo es filtrada a un determinado medio de comunicación por uno de los partidos que conforman el acuerdo de gobierno para la actual legislatura. Esta filtración es utilizada con claros tintes de chantaje político; además, de incidir en la constante política de criminalización de la pobreza.

Con estos mimbres de alarmismo, el lunes 5 de octubre, la alcaldesa Amaia del Campo convoca una junta de portavoces con carácter de urgencia para iniciar el “proceso de recuperación de propiedad municipal”. Intentando dar inicio a este procedimiento de desalojo de forma inmediata al día siguiente -martes 6 de octubre- a través de un “Decreto de Alcaldía” firmado por la alcaldesa Amaia del Campo. En esa tarde-noche les fue notificado por la policía local sin esperar a su aprobación en el próximo pleno municipal por parte de una mayoría cualificada. Como ha ocurrido en anteriores ocasiones.

Las familias esperaban otro proceder por parte de la corporación municipal; en la medida que se da inicio “al expediente administrativo para la recuperación de la posesión de la vivienda municipal” sin intentar dar una adecuada solución al problema de fondo planteado.

Es decir, desde el actual equipo municipal de gobierno las únicas actuaciones que se han realizado es criminalizar a las familias que residen en el antiguo “Hogar Murrieta” para rentabilizar políticamente su desalojo. Eso sí, sin buscar una solución habitacional, acceso a empleos públicos, orientación laboral o recursos básicos que les permitan llegar a fin de mes. Peticiones que han realizado a través de los servicios sociales municipales; obteniendo la callada por respuesta.

 INCUMPLIMIENTOS DE LA LEGALIDAD

El actual equipo municipal (PNV) y su socio de gobierno (PSE) pretenden iniciar el proceso de desahucio de estas 3 familias incumpliendo la legalidad. Sobre todo, teniendo en cuenta que en estas viviendas residen actualmente 5 menores.

 Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo

En primer lugar, ambos partidos, contravienen la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo el cual ha paralizado diferentes desahucios (Madrid, Sabadell…), “hasta procurar desde las diferentes administraciones una alternativa habitacional a los afectados. Más si cabe sí hay menores afectados por la actuación institucional de desalojo”.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos señala que “se ha de dar un alojamiento alternativo adecuado y servicios sociales a la familia afectada por un desalojo ante la evidente situación de precariedad económica y exclusión social”. Además, remarcaba que “en interés de las partes y del buen desarrollo del procedimiento no se debe expulsar de la vivienda en la que residen para evitar un procedimiento lesivo para las personas que se encuentran en situación de necesidad”. 

Defensor del Pueblo-Ararteko

Sin obviar la “Recomendación general del Ararteko 2/2015, de 8 de abril” donde se exhortaba a las instituciones a “la obligada consideración del interés superior del menor en las políticas públicas”.

Esta “Observación General” define los requisitos para la debida consideración del interés superior del menor como titulares de derechos, en particular en las decisiones judiciales y administrativas. Es decir, “siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño/niña concreto, o a un grupo de niños/niñas concreto, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones de la decisión en el niño/niña o los niños/niñas interesados. La evaluación y determinación del interés superior del niño requieren garantías procesales”.

 Legislación sobre empadronamiento

 Sin hablar del incumplimiento del requisito de empadronamiento. Desde el registro municipal, a instancias de los partidos del acuerdo de gobierno en el Ayuntamiento de Barakaldo, se incumple el “artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local [modificado por la Ley 4/1996, de 10 de enero]”; como el “artículo 54 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales [en la redacción dada por Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre]” donde se señala taxativamente que “toda persona está obligada a inscribirse en el padrón en el domicilio del municipio en el que resida”.

 Incumplimiento que no respeta la “Resolución de 4 de julio de 1997, conjunta de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director general de Cooperación Territorial donde se dictan las Instrucciones Técnicas a los Ayuntamientos sobre actualización del Padrón”.

 Resoluciones en las que se dispone que “El Padrón es el registro administrativo que pretende reflejar el domicilio donde residen las personas. Su objetivo es, por tanto, dejar constancia de un hecho. El (artículo 59.2) no atribuye a las Administraciones locales ninguna competencia para juzgar cuestiones de propiedad. El gestor municipal sólo debe comprobar que realmente el vecino habita el domicilio, y en caso afirmativo inscribirlo en el Padrón”.

Sin embargo, estas familias barakaldesas -como pueden acreditar con sus diversos empadronamientos históricos- se encuentran con las puertas cerradas del consistorio a la hora de regularizar su situación.

 DEMANDAS AL ÁREA DE ALCALDÍA y EL DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL

 Ante la actual situación provocada por una evidente carencia de recursos económicos; falta de un empleo estable y digno; o una alternativa habitacional duradera.

 Las familias que utilizan actualmente las dos viviendas del antiguo centro de acogida “Hogar Murrieta” piden al equipo de gobierno municipal dar marcha atrás a sus planes de desalojo e iniciar una búsqueda de diálogo que dé lugar a su derecho al empadronamiento; a disponer de recursos habitacionales dignos; a la orientación laboral que les permita acceder a un empleo de calidad; y a recursos inmediatos y con carácter de urgencia que cubran temporalmente sus necesidades más básicas.