Andarivel.- El  24 de noviembre de 2014 solicitamos por escrito una entrevista con la Directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, Doña Isabel Urrutia, para informarle de algunas de las consecuencias  que se están derivando de las políticas aplicadas por este gobierno en relación a la Renta Social Básica. Se trata de dos casos concretos que consideramos requieren de su conocimiento, ya que al estar implicados menores su gravedad es mayor.

Ante la falta de respuesta de la señora Directora queremos hacer pública la denuncia de Kenya y Zohra que se encuentran en  estado de indefensión y atrapadas en una maraña burocrática por la tardanza media de seis meses (en el caso de Kenya, ocho meses) en decidir  si les conceden o no la Renta social.

Después de someter a las personas solicitantes a un calvario de papeleo y condiciones cuyo principal  objetivo parece ser culpabilizar a toda familia  que se ve en la necesidad de solicitar este derecho, no es casualidad que desde el ICASS se envíen resoluciones denegatorias con argumentos arbitrarios, con sospechas  marcadamente discriminatorias o con  cualquier pretexto ”legal” para suspenderlo o denegarlo.

Coincidimos con la Tribuna publicada el 8 de julio del 2014 en Diario Montañés  por los Trabajadores Sociales del Ayuntamiento de Santander: “Las familias deben probar permanentemente que “merecen” la llamada Renta Social Básica y se enfrentan a una “sobreaplicación” de la ley que hace que sea más fácil perder la Ayuda que conseguirla y que alarga los plazos de espera a situaciones insostenibles. Además  las comunicaciones con los usuarios están redactadas en una jerga burocrática de difícil comprensión para cualquier ser humano”.

Andarivel viene denunciando las políticas  de miseria en forma de  ayudas, cuya gestión por parte del Gobierno de Cantabria parece regirse bajo el lema “los pobres son culpables hasta que se demuestre lo contrario”. Denunciamos también a esa gentuza que desvalija el patrimonio público desde los partidos políticos, esa que protagoniza escándalos de corrupción, privatizaciones, saqueos, estafas y abusos de poder, esa que  ni se inmuta ante  el aumento de la desnutrición infantil, la exclusión social y la pobreza que se extienden por todo el territorio español y que es la misma que culpabiliza a las que no les queda más remedio que solicitar la ayuda de  426 euros.

Así pues, no nos cansaremos de exigir  una respuesta concreta  que  asegure los recursos suficientes para atender las necesidades básicas de todas las personas sin condiciones que lo limiten, así como la derogación de la modificación de la Ley de Derechos y Servicios Sociales.