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Fermín Garrido- Martes, 23 de Abril de 2013

Los ánimos están caldeados en el barrio malagueño de La Palmilla. Según la comisión judicial del comedor social y oficina social ocupada “Er Banco Güeno” de La Palmilla, la Empresa Municipal de Aguas de Málaga S.A. (Emasa) reclama deudas ilegítimas que en algunos casos se remontan hasta los años 70 y llegan a superar los 63.000 €. “Muchos de los inmuebles han cambiado de inquilinos sin ser notificados, ya que los acuerdos son verbales, por lo que llegan deudas de anteriores propietarios“ explica un abogado que está llevando la defensa de los afectados. Unas 1.400 familias están afectadas. Al cortarles el agua debido a impagos, algunos vecinos optan por engancharse a la red, cometiendo el delito de defraudación de agua por el cual al menos 3 personas han sido condenadas a mes y medio de prisión.

El Ayuntamiento informó a finales de enero que negociará el pago de 1.71.3000 € pendientes a 991 clientes de Palma-Palmilla. Según datos de la propia empresa 1.796 clientes son deudores de un total de 3.610.000 €. Esto arroja una deuda media de 2.000 € que afecta al 19% de los clientes del distrito. La concejala de Medio Ambiente y vicepresidenta de Emasa, Ana Navarro, afirma que “en el mismo momento en que el ciudadano aporta una justificación de que se ha producido un cambio en el usuario de la vivienda, Emasa deja de reclamarle las deudas anteriores a la fecha de dicho cambio por lo que no se le reclama nada que no haya consumido” .

La subcontrata Tracasa bajo sospecha
Para reclamar estas deudas, Emasa ha contratada a Tracasa, una empresa pública del Gobierno de Navarra. Algunos afectados aseguran que les hicieron firmar reconocimientos de deudas ilegítimas a personas analfabetas y bajo amenazas de prisión en caso de no de firmar. Estas deudas han prescrito si no han sido reclamadas en los últimos 5 años, según la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil.

El director-gerente de Emasa, José Luis Rodríguez, afirmó que las prácticas de Tracasa son legales. Según sus palabras, varias familias han renegociado sus deudas y están pagando su recibo más un recargo de cinco euros al mes. Los deudores niegan que este recargo sea de 5 euros, sino de 30 o 60.

Acciones por el derecho efectivo al agua
Los vecinos han empezado a autoorganizarse en asamblea, realizando diversas y muy variadas acciones para defender el acceso al agua en este barrio. 109 vecinos se han querellado contra Emasa por coacciones, falsedad en documento privado y fraude procesal. Además, los abogados que representan a los afectados han presentado un recurso ante el Defensor del Pueblo Andaluz. Los afectados informan que se han suspendido por vía judicial tres reconocimientos de deuda.

Desde la asamblea también denuncian casos en el que los vecinos que han ido individualmente a renegociar la deuda han vuelto con una deuda mayor. Las exigencias de la asamblea de vecinos son la nulidad de los reconocimientos de deuda, paralización de los procesos judiciales iniciados, condonación de las deudas a las familias que no puedan pagar y tarifa social acorde a los ingresos familiares.

Tras reunirse con Emasa y el Ayuntamiento, la empresa acordó no iniciar nuevas acciones judiciales pero se niega a retirar las denuncias presentadas ni a cancelar los reconocimientos de deuda. También acordó montar una mesa de trabajo para tratar los casos individualmente.

Su objetivo a corto plazo es recoger un mínimo de 6.000 firmas para lograr sus exigencias. Llevan recogidas más de 1800 firmas. Una vez alcanzado ese número, se entregarán a Emasa y no de lograrse avances, se iniciará un boicot consistente en no pagar los firmantes la factura del mes de mayo. También están preparando una jornada de lucha el 14 de abril y una huelga general en el barrio para el 15 de mayo.

Otras polémicas de la empresa gestora del agua en Málaga
Emasa ha gastado más de 400.000 euros en los últimos cuatro años en contratar bufetes de abogados para reclamar deudas impagadas. Izquierda Unida (IU) consideró “irregular” las contrataciones ya que el Ayuntamiento dispone de una empresa recaudatoria. Uno de los despachos contratados es el de Rosa Agüera, exconcejala del PP.

Posible privatización de la gestión del agua
El Ayuntamiento de Málaga ha rechazado una moción de IU para garantizar “el acceso de hasta 20 litros de agua por persona y día como un derecho para familias con escasos recursos” y adherirse a la Iniciativa Ciudadana Europea por el derecho al agua que incluye el rechazo a la “liberación de los servicios del agua y saneamiento”. El alcalde Francisco de la Torre dijo públicamente a comienzos de año que “hoy por hoy” no se plantea privatizar ni total ni parcialmente empresas municipales aunque “tampoco lo descartamos radicalmente”.