En Pocas Palabras. 15-M Serranía de Ronda.- La sociedad española se empobrece por la caída de las rentas y el aumento de la desigualdad en su reparto, con el hundimiento de las rentas más bajas y los recortes en las políticas de protección social. El sistema tributario en el Estado español recauda poco, menos que la media de los países europeos.

Y lo hace de manera que el grueso de la recaudación proviene del trabajo y el consumo de la ciudadanía, y no de las rentas del capital ni de los beneficios de las empresas. Las familias aportan alrededor del 90% de la recaudación, y las empresas el 10% restante. Las grandes empresas, menos del 2%. Es decir, las familias aportan casi 50 veces más que las grandes empresas. (Informe sobre el sistema tributario español, Fiscalidad justa para una sociedad más equitativa, Intermón Oxfam).

La Constitución Española en el artículo 31.1 proclama: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.”

Sin embargo, la presión fiscal de Estado español en 2023 sigue estando más de 4 puntos por debajo de la media europea, que en 2022 se situó en el 41,1%. Si se compara con las otras tres grandes economías del continente, el Estado español se encuentra por debajo del 47,7% de Francia, el 42,5% de Italia o el 41,9% de Alemania, desmontando de nuevo el bulo de que en el Estado español se pagan muchos más impuestos que nuestros países vecinos. (El Salto).

Los pobres pagan más impuestos que los millonarios en Europa y en el Estado español, según la ONG Oxfam. Los tributos a las grandes fortunas generan 60 céntimos de cada diez euros que recauda el fisco en la Unión Europea, mientras que las tasas al consumo y sobre la renta, que afectan en mayor medida al ciudadano y ciudadana media, representan ocho de cada diez euros que llegan a las arcas públicas. En el Estado español, donde el 50,6% de la recaudación procede de impuestos al trabajo, el 25,77% de tasas al consumo, un 14,9% de gravar las rentas del capital y un 8,72% de impuestos sobre el patrimonio.

Nuestro sistema fiscal no es progresivo, esto es, debe ser mayor la contribución de los que más tienen. La progresividad implica más impuestos directos y menos indirectos. El 10% más pobre paga un tipo medio en impuestos del 28%, mientras que el 10% más rico paga tan solo un 27% (cuando pagaban hasta un 40% en 2007). No parece razonable ni justo que la presión fiscal que soportan las rentas más bajas en el Estado español sea similar (incluso superior) que la que afecta a las personas más ricas. (Público)

Las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP (en algunas junto a Vox) redujeron sus impuestos diciendo que así recaudarían más. Sin embargo, las bajadas de impuestos no sirvieron para incentivar la recaudación. En Andalucía, Madrid, Murcia, Galicia y Castilla-León, la recaudación incrementó por debajo de la media.

Madrid, por ejemplo, es la Comunidad Autónoma que más ha reducido sus impuestos a los más ricos, perdiendo un 26,1% de su recaudación teórica. Es decir, 6.255 millones de euros al año.

El 70,7% de la ciudadanía, esto es, siete de cada diez personas consideran que las personas ricas deberían pagar más impuestos para que el Gobierno pueda disponer de más recursos para combatir la pobreza de manera urgente, según una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Además, un 74,5% está a favor de que el Ejecutivo garantice una distribución justa de la riqueza y existe un amplio consenso (88,8%) sobre la necesidad de una acción urgente para abordar la pobreza infantil.

La encuesta muestra que el 86,4% de la población está preocupada por la existencia de desigualdades sociales, mientras el 47,9% afirma que la brecha social ha aumentado en los últimos diez años y un 50,6% cree que seguirán aumentando en la próxima década.

Es imprescindible impulsar una reforma fiscal que permita financiar las políticas sociales tras los recortes sufridos en los últimos años. Recaudar con justicia para blindar los Servicios Públicos, luchar contra la exclusión social y recuperar la solidaridad internacional, debe ser el objetivo de la reforma fiscal.