15M Ronda.-Cuando gobernaba el PP en España, en el periodo 2011- 2013, se llegaron a registrar un total de 100.000 cortes de luz mensuales, esto es, 1.200.000 cada año. Si hablamos de los cortes de gas natural, según el último Informe de Supervisión de los Mercados y la Competencia de la Comisión Nacional, los cifraba en 75.191 sólo en 2013, ambos suministros con la incidencia concentrada en los domésticos, todo ello coincidiendo con los peores años de la crisis económica y financiera.

Sin embargo, el actual Gobierno de España con el llamado 'escudo social', el paquete aprobado en marzo, al comienzo de la COVID-19, buscó proteger a los más vulnerables de la situación económica provocada por la pandemia. El miércoles 30 de septiembre, con la segunda ola azotando parte del país, caducaban medidas como las moratorias de hipotecas y de alquiler o la prohibición de cortes de suministros a consumidores vulnerables, por ello hay que seguir ampliando el escudo social.

Ya lo dijo el senador malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia "no todas las crisis son iguales, y la forma de afrontarlas por parte de los gobiernos tampoco es la misma", "este Gobierno ha movilizado miles de millones de euros y aprobado cientos de medidas en un tiempo récord" con el "objetivo por encima de todo" de "proteger a familias y trabajadores y que nadie se quede atrás", "esta ha sido probablemente la peor crisis mundial en mucho tiempo, pero la forma de afrontarla por el actual Gobierno no tiene nada que ver con cómo lo hizo el Gobierno del PP ante una crisis mucho menor" la pasada década.

El Gobierno PSOE-UP blindó los suministros básicos en sendos decretos aprobados por el consejo de ministros el 16 de marzo y el día 31 de ese mismo mes de 2020 y posteriormente ratificados por el Congreso. El primero de ellos prohibió cortar el agua, la luz y el gas a "aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social" y prorrogó hasta el 15 de septiembre los bonos sociales que vencieran durante el estado de alarma. Nadie podía quedarse sin luz en casa y a nadie le corrían los plazos para perderla más adelante.

La iniciativa parece lógica cuando un tercio de los asalariados y los autónomos se quedaron sin la posibilidad de trabajar por una causa de fuerza mayor, en un país con tal fragilidad social como para que decenas de miles de familias no tuvieran recursos para comer en apenas una semana y en la que, según las estimaciones oficiales, más de cuatro millones de hogares  padecen pobreza energética.

Los desahucios por vulnerabilidad COVID —en los que el afectado acredite una reducción de ingresos en los últimos meses debido a la pandemia— continúan suspendidos hasta el 31 de enero, aunque la realidad es que sigue habiendo unos 70 diarios.

Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya y Bildu plantean que no se puedan producir lanzamientos de su hogar a personas sin alternativa habitacional ni cortar los suministros mientras dure el estado de alarma. El texto definitivo, acordado por los tres partidos, contiene cinco peticiones: que se regule el alquiler, que no se presente un recurso de inconstitucionalidad a la ley catalana de alquileres, que se suspendan los desahucios, que se acabe con los privilegios sociales de las socimis y que las viviendas de la Sareb pasen al parque público.

Un diputado de Unidas Podemos Jaume Asens, ha recordado que "hasta ahora" se suspendían los lanzamientos que derivaban de la situación provocada por la COVID-19. "Ahora queremos ir más allá", ha dicho, para ampliarlo a cualquier persona vulnerable, independientemente de que esa circunstancia se haya provocado por la pandemia o viniera de antes. "La voluntad es extenderlo hasta diciembre de 2022". Además, "excepcionalmente, hasta el 31 de diciembre de 2022, no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, incluidos los gases manufacturados y los gases licuados del petróleo, gas natural y agua a los consumidores personas físicas en su vivienda habitual".

También lo han denunciado en las últimas semanas diferentes organizaciones sociales como la Plataforma Afectados por la Hipoteca, Stop Desahucios o el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos. ¡Sí se puede! cuando las políticas no quieren dejar atrás a las personas empobrecidas.