El anuncio histórico de las tres organizaciones se suma a la lista de litigios climáticos presentados en todo el mundo en los últimos años.

Ecologistas en Acción.- Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón han anunciado este martes una acción histórica: el inicio de un litigio contra el Gobierno de España por inacción ante el cambio climático.

En un contexto de crisis sanitaria y socioeconómica sin precedentes, las tres organizaciones consideran que prevenir los peores efectos del cambio climático es imperativo y que los esfuerzos del actual Gobierno de España resultan insuficientes para cumplir con los compromisos internacionales adquiridos y para compensar la falta de acción de gobiernos previos. España, recuerdan, es uno de los países europeos más afectados por el cambio climático, según la Agencia Europea del Medio Ambiente.

«Para evitar un cambio climático devastador solo hay una vía: reducir drástica y rápidamente las emisiones de CO2 y acelerar la transición ecológica, lo que requiere de decisiones políticas y judiciales valientes», ha señalado Mario Rodríguez, director de Greenpeace.

El anuncio de este proceso judicial se suma así a la lista de litigios climáticos presentados en todo el mundo en los últimos años. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Bélgica, India o Nueva Zelanda son solo algunos de los países cuyos gobiernos enfrentan demandas por esta causa. El caso más notorio es el de Holanda, donde la Fundación URGENDA ha logrado este año una histórica sentencia del Tribunal Supremo, que condena al Gobierno por incumplir los compromisos previamente adquiridos en relación con la mitigación climática, violando con ello los derechos fundamentales de las generaciones presentes y futuras.

«En estos momentos en que la pandemia nos está mostrando con toda crudeza las consecuencias de una crisis global, estamos a tiempo de frenar la debacle que vendrá si no paramos el cambio climático», ha afirmado Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción.

Incumplimiento de obligaciones

La toma de decisiones políticas de gran calado que definirán el futuro del clima, de la humanidad y del planeta no puede desatenderse, aunque en este momento sea importante buscar respuestas urgentes frente a la pandemia de la COVID–19.

El Gobierno ha incumplido la obligación prevista en el Reglamento (UE) 2018/1999, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, que establecía la aprobación de un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y una Estrategia a Largo Plazo (ELP) para el pasado mes de diciembre. Con ello, el Gobierno está vulnerando también los compromisos asumidos con la ratificación del Acuerdo de París y las recomendaciones científicas del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC) para no superar los 1.5 ºC, según los cuales la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero no debería ser inferior al 55 % en 2030 respecto a 1990 y al cero neto de las emisiones en 2040. Sin embargo, el borrador del Gobierno establece un objetivo de reducción del 23 % de las emisiones en 2030, muy por debajo del referido compromiso internacional.

Además, hace tiempo que los más altos tribunales internacionales reconocen que las condiciones ambientales inadecuadas pueden socavar el disfrute efectivo de los derechos a la vida, a la salud, al acceso al agua o a los alimentos.

España lleva años emitiendo Gases de Efecto Invernadero por encima del límite establecido. Sólo el impacto de la crisis económica de 2008 se tradujo en una disminución de las emisiones industriales hasta 2012, momento en el que retomaron un crecimiento constante hasta la actualidad.

Con los objetivos previstos por el Gobierno para la reducción de emisiones, España no podrá evitar el impacto de graves episodios de sequía, aumento del número e intensidad de los incendios, lluvias torrenciales y una mayor subida del nivel del mar y, por tanto, de las inundaciones costeras. Situaciones que, como en el resto del mundo, afectarán en mayor medida a las poblaciones más vulnerables.

«Al igual que en el resto del planeta», ha añadido Franc Cortada, director de Oxfam Intermón, «también en España las personas más vulnerables son a la vez las que menos contaminan y las que menos recursos tienen para adaptarse y para mitigar las consecuencias del cambio climático. Es importante que cualquier proceso de transformación ecológica en nuestro país tenga mecanismos para defender a estas personas».

Por todo ello, las tres organizaciones, desde su compromiso con la defensa del medio ambiente y los derechos fundamentales de la ciudadanía, consideran ineludible la obligación de iniciar este litigio contra el Gobierno de la Nación, la única instancia a la que acudir, por su actividad totalmente insuficiente desde la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto para mitigar el cambio climático, que pone en grave riesgo los derechos más esenciales de las generaciones presentes y futuras.

Información adicional

El pasado 24 de enero de 2020, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón presentaron una reclamación frente a la inactividad climática de la administración general del Estado, conminando a «la adopción de las medidas pertinentes para cumplir las obligaciones históricas y ambientales del Estado Español». Ante la falta de respuesta del Gobierno, este 14 de septiembre de 2020, las organizaciones han iniciado la vía judicial con la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Con la interposición de este recurso da comienzo el primer litigio climático contra el Gobierno de España, en el que las organizaciones demostrarán los efectos devastadores que el cambio climático tendrá sobre el país de no actuar a tiempo, exigirán una reducción de emisiones del 55 % en 2030 y el cero neto en 2040 y señalarán la responsabilidad del Estado en la desprotección de los derechos fundamentales a la salud y la vida de la ciudadanía, que necesitan de un medio ambiente adecuado para poder disfrutarse plenamente. Solo de esta manera, España podrá cumplir con sus compromisos internacionales en materia de mitigación del cambio climático, así como con los tratados internacionales de protección de derechos humanos de los que el país es signatario, que obligan a los Gobiernos a realizar todas las políticas necesarias para garantizar los derechos más esenciales de las personas –como la salud o la vida– que corren serio peligro si no se actúa rápidamente para evitarlo.

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