Marea Roja, Alacant.- El pasado 2 de septiembre salió el artículo de información que adjuntamos a continuación, un artículo a página completa, como podéis comprobar, de la periodista Pino Alberola del diario Información de Alacant, que volvía a incidir sobre la nefasta gestión de la Renta valenciana de Inclusión por parte de la Conselleria y algunos ayuntamientos como el de Alacant.

A raíz de lo que le ocurrió a Mati, una de las personas que participó con su testimonio en el artículo, tras la publicación del mismo, se nos ocurrió acompañar esta entrada con una reflexión sobre un aspecto de la ley que no aparece en el citado artículo y que consideramos de importancia.

El caos en la Renta Valenciana de Inclusión llega de nuevo a la prensa más allá de una pequeña reseña de una acción de denuncia. Nuevamente la periodista Pino Alberola del Diario Información dedica una página completa a analizar las consecuencias de una ley que, aunque mejora a la anterior (la renta garantizada de ciudadanía), está maltratando a las personas sin recursos con una tramitación burocratizada y mal enfocada.

Una ley que utiliza la ayuda económica como moneda de cambio con el fin de “reeducarlas”, controlarlas y someterlas a un mecanismo que en muchos casos atenta contra su dignidad. Aspecto que se agudiza en el reglamento y que comenzamos a ver en la práctica en los itinerarios que algunas personas, que ya la cobran, están sufriendo: Controles sobre el gasto “me tienes que traer todos los tickets de tus compras”. Obligación de llevar currículums a agencias de empleo y así pasar a engrosar los bancos de datos de estas empresas o para, en el mejor de los casos, conseguir un empleo precarizado que no les saque de la pobreza. Sermones sobre que es lo que deben de hacer y lo que no... Y todo ello bajo la amenaza de perder la ayuda si no cumplen.

Es una ley que descarga la responsabilidad del fracaso de esta sociedad (fracaso que se manifiesta, entre otras cosas, en el aumento de los índices de pobreza y de exclusión social) en las personas que lo sufren o están en vías de sufrirlo. Es por ello una ley insuficiente que no afronta el drama que estamos viviendo como un hecho social, fruto principalmente de las políticas de desposesión desplegadas por el sistema económico que nos gobierna, el capitalismo.

Es una ley, en definitiva, que incide en el abandono de la visión de la acción social como un proyecto esencialmente ético-político y se adentra en la tendencia, ya bastante extendida, de concebir el trabajo social como una tecnocracia, supuestamente apolítica y objetiva, con un concepto de solidaridad débil, más bien culpabilizadora, que en muchas cosas recuerda a las formas caritativas de ayuda al pobre, esa persona desgraciada por sus malos hábitos y por su mala cabeza.

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