Se cumple un año de la puesta en funcionamiento de la Renta valenciana de Inclusión. Ha sido un año de trabajo lento y riguroso en el que, a pesar de no estar de acuerdo con esta ley (por su filosofía y sus deficiencias, como quedó claro en la enmienda a la totalidad y propuesta alternativa que, junto con otros colectivos, presentamos en Les Corts Valencianes en octubre de 2017), hemos ayudado a solicitarla a cerca de 200 personas (200 unidades de convivencia según la jerga administrativa, ya que esta Renta no es un derecho individual sino un derecho subjetivo a las unidades de convivencia, una nueva figura que sustituye a la familia)

Se cumple un año y ante el silencio, y la deficiente y poco transparente aplicación de la misma, desde el Punto de Información y Denuncia sobre Derechos Sociales hemos convocado a personas a una asamblea abierta, personas que estén cobrandola o no, que la hayan solicitado hace 10 meses o tan solo hace unas semanas. Queremos hablar con ellas de este año, evaluar esta ley y preparar una reclamación conjunta que el próximo 30 de abril presentaremos en la Consellería y ante el Sindic de Greuges. Una reclamación contra la lentitud y a veces desidia de la administración. Lentitud que afecta no a expedientes sino a personas. Una reclamación en contra de:

• un modelo de solicitud engorroso e intervencionista en la vida privada de las personas, el cual debería cambiarse por uno más sencillo y respetuoso.

• una aplicación parcial de la ley (solo están activadas dos modalidades de las cuatro contempladas en la ley, lo que supone que unidades familiares con algún ingreso, aunque este ingreso por empleo o prestaciones sea de 200 euros mensuales, no tienen derecho a solicitarla hasta que la consellería se digne a activar dichas modalidades)

• un mecanismo de tramitación oscuro que está generando retrasos injustificados, retrasos que afectan a personas de carne y hueso, que se hallan en situaciones de extrema vulnerabilidad y a las cuales los servicios sociales les niegan ayudas de emergencia porque, según les dicen, no las necesitan pues van a cobrar la renta valenciana con los atrasos correspondientes.

Esta denuncia no la hacemos en abstracto sino mediante una reclamación concreta que afecta a personas que están viendo vulnerado su derecho. Un derecho ya de por si restringido que a su vez está siendo mal aplicado.

Quizás pueda ser este un buen momento para revisar la ley y sustituirla por otra más sencilla, ágil y justa, que suponga un verdadero derecho. La consellería tiene, si no la tiró a la papelera, una propuesta que le entregamos hace 20 meses, una propuesta de ley que suponía la aplicación de la primera fase de la Renta Básica de la Iguales y que denominamos Renta Valenciana de Ingresos Mínimos. Esperemos que esta vez al menos se la lean.