La mañana del pasado 27 de marzo nos hemos concentrado para denunciar los recortes aplicados por el equipo de gobierno del consistorio fabril en las ayudas de emergencia.

Se van a reducir las cuantías a percibir para cubrir los costes de hipotecas hasta recortar los gastos para la atención sanitaria no cubierta por Osakidetza (dentista, gafas…)

Además, de denegar de forma sistemática las “ayudas para gastos relativos a necesidades primarias”, ayudas destinadas a cubrir carencias tan básicas como la alimentación.

Comunicado

 Este martes, 21 de marzo, se denunciará que ante una insuficiente partida presupuestaria para las ayudas de emergencia el gobierno local ha decidido recortar la asignación económica a percibir por las familias y endurecer los requisitos de acceso. Por otro lado, hay que tener en cuenta que a día de hoy se está concediendo cita con el servicio de ayudas de emergencia para finales de junio.Un mes después de las primeras citas ante los servicios sociales se incumple la “ORDEN de 12 de diciembre de 2018, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se establecen, para el año 2019, las cuantías máximas para los gastos específicos contemplados en las Ayudas de Emergencia”.

Desde recortar las cuantías a percibir para cubrir los gastos relativos a hipotecas hasta para los gastos sanitarios no cubiertos por Osakidetza (dentista, gafas…). Además, de reducir las ayudas para el mantenimiento de las instalaciones básicas de la vivienda habitual o de la comunidad de vecinos.

A lo que debemos añadir que, otro año más, se vuelve a denegar de forma sistemática las “ayudas para gastos relativos a necesidades primarias”, ayudas para cubrir carencias básicas como la alimentación.

 En este contexto, el consistorio advierte a varias familias que aplicará la disposición del Gobierno Vasco que habilita a las corporaciones el denegar las solicitudes de las familias que reúnan los requisitos si “no existe un crédito que permita atender el conjunto de situaciones de emergencia”.

Es decir, anuncia a las familias –en el mismo día de inicio de tramitación de solicitud- que denegará el acceso a las ayudas de emergencia en la medida que intuye -por el número de citas concertadas- que no se podrá cubrir la totalidad de peticiones al no existir una suficiente dotación presupuestaria.

 A lo que debemos sumar que el gobierno local vuelve a vulnerar la Resolución emitida el 13 de agosto del 2015 por el Defensor del Pueblo-Ararteko contra el gobierno municipal donde le exigía que aplicara el límite patrimonial previsto por el Gobierno Vasco. Sin embargo, este año desde el consistorio se advierte a las familias que volverá a implantar el límite patrimonial máximo en 18.000 euros.

Cuando el Gobierno Vasco establece para este 2019 un patrimonio máximo de 33.500 euros -para un único miembro- hasta los 48.000 para una unidad convivencial de tres o más personas; para las personas pensionistas es de 38.500 para un único miembro o 52.000 para familias de 3 o más personas.

 Por último, cabe denunciar que se vulnera, un año más, la “Ley del Procedimiento Administrativo Común”. En la medida que nunca se debe superar los 2 meses en la atención y resolución de los expedientes. En la actualidad este tiempo se alarga en Barakaldo hasta los 6 meses: hay que tener en cuenta que a día de hoy se concede cita con el equipo de ayudas económicas para finales de junio.

Ante los recortes, decretos y resoluciones del equipo de gobierno se ha organizado esta iniciativa con el ánimo de exigir otra política social; y unos presupuestos más justos y solidarios. A la vez que nos manifestamos en defensa de los derechos sociales que asisten a las familias barakaldesas.