En Pocas Palabras La Trastienda de la Democracia

15-M RONDA.-  En 2014 las administraciones públicas invirtieron 30.824 millones de euros menos que en 2009.  Entre 2009 y 2014, se ha producido en términos reales una reducción del 30% de la inversión pública, lo que se ha traducido en un intenso recorte de la inmensa mayoría de los servicios públicos y en las prestaciones sociales. Las administraciones públicas dejaron de gastar 1 de cada 3 euros en 2014 en comparación con 2009 en inversión y salarios de los empleados públicos. En esta crisis/estafa se ha pretendido reducir el papel del Estado al mínimo, reducir, deteriorar, privatizar, los servicios públicos.  

Bastante más de la mitad del ajuste/atraco ––6 de cada 10 euros–– se corresponde con la inversión, que es la partida en la que resulta más fácil aplicar la tijera en el corto plazo pero con consecuencias inmediatas muy graves sobre el crecimiento ––por la pérdida del efecto multiplicador de la inversión pública–– y en el medio y largo plazo porque la inversión es la clave de la competitividad de un país.

Cada vez más se está produciendo un trasvase de lo público a lo privado. Los conciertos de asistencia sanitaria (más de 5.000 millones de euros), el gasto en farmacia externa a los hospitales (más de 11.000 millones de euros) y los conciertos con la enseñanza privada (más de 5.000 millones de euros). Se trata de recursos públicos destinados a pagar servicios prestados por empresas privadas ––en la sanidad, la educación, el transporte y los servicios sociales básicamente–– además del gasto farmacéutico externo, con una cifra global de 28.000 millones de euros, que equivalen al 6 % del gasto total de las administraciones públicas.

La deuda pública genera un coste anual de 35.302 millones de euros, una cifra superior al 3 % del PIB y ya es la cuarta partida del gasto, por encima de la inversión o las prestaciones por desempleo. En estos cinco años el pago por intereses se ha disparado: aumentó en casi 17.000 millones al año, una cifra que equivale a más del 92 % de incremento.

La cobertura a los parados baja al 54,7%. Las personas beneficiarias de prestaciones por desempleo registrados a finales de febrero ascendieron a 2.147.533, un 9,5% menos que en el mismo mes de 2015.

La crisis ha dejado huella no sólo en los bolsillos, también en los comportamientos y la calidad de vida. Menos población, menos fecundidad, más suicidios entre quienes están en edad de trabajar, más años de vida con mala salud -los años de vida ganados por los mayores de 65 años se viven en peores condiciones-un retroceso en la igualdad entre sexos y un cambio de signo del saldo migratorio son algunas de las principales secuelas.

En el contexto económico y político de la crisis/estafa se han enfrentado dos concepciones, una, la que defiende la importancia del Estado como regulador, supervisor, agente económico y proveedor de servicios públicos, servicios sociales y de protección social; y la otra, la que ha pretendido reducir el papel del Estado al mínimo, reducir, deteriorar, privatizar,… los servicios públicos.
  
Los compromisos adquiridos ante la Comisión Europea, el cumplimiento de la consolidación fiscal y la reducción del déficit, han tenido como resultado un crecimiento de la desigualdad y de la pobreza y un grave deterioro de los servicios públicos básicos y de las prestaciones sociales, que están sufriendo la mayoría de la ciudadanía.