BLOQUE COMBATIVO Y DE CLASE (AST, Baladre, CGT, CoBas, CSC, Intersindical de Aragón, SAS, Solidaridad Obrera).- Los trabajadores y trabajadoras no debemos olvidar que los servicios públicos y universales son una forma de salario indirecto que hemos conseguido arrancar a la oligarquía con un gran esfuerzo y luchas, debiendo ser considerados derechos sociales básicos  para todas las personas.

Sin la presión del movimiento obrero y los movimientos populares hoy, aquí, no habría ni educación básica gratuita, ni sistema de salud alguno, como ocurre en otros lugares del planeta. Tampoco, por supuesto, el más mínimo equipamiento social en las barriadas de la clase trabajadora.

Sin embargo, en los últimos tiempos, los capitalistas, en alianza con los políticos fieles seguidores de las llamadas doctrinas neoliberales, han procedido a la privatización de muchos de estos servicios y su mercantilización. Hay que señalar a los manifiestos culpables: al PP y al PSOE, así como a las directivas de la Unión Europea (Bolkestein), el Acuerdo General de Servicios (AGCS) y las políticas del FMI y el BCE recordando que los Acuerdos sobre Tratados de Comercio (TTIP por ejemplo) persiguen los mismos objetivos.

Lo hacen porque para los capitalistas y los políticos que les representan, consideran que la Sanidad, la Educación, y cualquier otro servicio esencial, son un mercado de cientos de miles de millones, del cual quieren obtener beneficios particulares, a costa de “expropiar y espoliar” los recursos públicos y con las consecuencias tan nefastas que estamos soportando la mayoría de la sociedad.

Esta mercantilización de los servicios públicos, ha conllevado y conlleva un empeoramiento serio y grave de las condiciones de vida de la mayoría de la sociedad: negación de la salud universal y gratuita con el incremento de muertes y pérdida de salud; expulsión de miles de jóvenes del sistema educativo por falta de recursos económicos; cientos de miles de personas dependientes, sin ser cuidadas; abandono criminal de quien más lo necesita; aumento de la pobreza energética, ciudades sucias y contaminadas, etc.

En estas circunstancias, las victorias electorales de iniciativas que dicen querer defender los intereses de la mayoría de la población, ponen sobre la mesa la cuestión de quien tiene que gestionar los servicios públicos municipales: las contratas y subcontratas fundadas por los amiguetes de los políticos corruptos o la propia ciudadanía y los trabajadores y trabajadoras.

En estos momentos, se viene estimando que el volumen de los servicios públicos municipales privatizados, en el Estado Español, se encuentra entorno a los 17.400 millones de euros, con unas oportunidades de crecimiento  de 19.600 millones  más. Hay estudios solventes que indican que estos servicios privatizados tienen un sobrecoste que va del 22 % a más del 90 %, con encarecimientos medios, según el propio Tribunal de Cuentas del 27 % en recogida de basuras, al 71 % en limpieza.

Este sobre-coste, además todos y todas lo estamos viendo, conlleva añadida una prestación del servicio de menor calidad (las relaciones salariales se rigen por el menor coste de mano de obra y unas plantillas escasas) a la vez que no se hacen inversiones necesarias en los servicios, con excepción del segmento de los ricos.Finalmente, las repercusiones de las políticas privatizadoras redundan sobre la clase trabajadora que tiene que mantener a verdaderos parásitos con más trabajo y menos sueldo; así como lo que significa de debilitamiento como clase al individualizar los problemas y aislar a trabajadoras y trabajadores.

Los servicios públicos municipales privatizados son caros, de ínfima calidad, se van degradando con el tiempo, y al final, hay que rescatarlos con el dinero de todos. Un gran negocio para la clase dirigente, para la gran patronal.

Es por eso que las organizaciones del Bloque Combativo y de Clase vamos a seguir luchando por la remunicipalización de los servicios públicos privatizados, bajo el más amplio control de la ciudadanía y de los trabajadores, con una firme defensa del empleo y de las necesidades básicas de las clases populares. Quienes prometen en las campañas electorales tienen ahora que verse obligados a cumplir, bajo la presión de las movilizaciones sociales. Reivindicamos pues que la gestión de los servicios públicos sea realizada directamente por los Ayuntamientos; que se articule un plan de remunicipalización de los servicios públicos y se paralicen las licitaciones existentes; que no se pague la deuda municipal ilegítima; Y que de inmediato se retiren los ERES y ERTES aplicándose a todo el personal que trabaja en contratas las mismas condiciones laborales que tiene el personal contratado por los Ayuntamientos.

La clase trabajadora tiene que salir a las calles para exigir la municipalización, la defensa de los puestos de trabajo, la democratización de la gestión. Y hacer ver que las necesidades básicas de la gente son una exigencia irrenunciable.

LOS SERVICIOS PÚBLICOS SON DERECHOS BASICOS ESENCIALES PARA TODOS Y TODAS NO PARA LOS CORRUPTOS.

LAS PERSONAS, ANTES QUE EL CAPITAL.

MUNICIPALIZACIÓN Y DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.