El Ayuntamiento implanta la “Ley Mordaza” en Barakaldo

Diferentes colectivos sociales han convocado una movilización para este sábado 20 de diciembre a las 12 del mediodía en la Plaza Circular. En la misma las personas participantes llevarán una mordaza en la boca.
 
En la mañana de ayer se ha realizado una concentración ante el Ayuntamiento de Barakaldo para denunciar que el “Equipo de Gobierno” fabril ha decidido aplicar su propia “Ley Mordaza”.

Así, el Ayuntamiento de Barakaldo ha comunicado al colectivo “Berri-Otxoak” su intención de emprender acciones judiciales sí se persiste en la denuncia de los abultados sueldos del Acalde, Alfonso García.
 
¡A pesar de la crisi se sigue forrando!!!
 
El “Equipo de Gobierno” del Ayuntamiento de Barakaldo intenta disuadir de realizar denuncias públicas sobre el coste a las arcas públicas del salario del Acalde de Barakaldo, Alfonso García. Además, del incremento este año de un 1’4% del total de su masa salarial.
 
Hay que tener en cuenta que este año se mantiene en 74.307,38 el sueldo base pero se incrementa su la cotización a la Seguridad Social. Se pasa de 12.096,98 del 2013 a los 13.337,62 de este año.
 
Por otro lado, no deja de ser curioso que se remita un documento bajo el sello de "Informe del Secretario y Abogado Municipal" donde se certifica -en última instancia- las denuncias realizadas de forma pública sobre el abultado sueldo que percibe de las arcas municipales Alfonso García.
 
Según este informe se certifica que Alfonso García cuesta a los vecinos y vecinas de la localidad la friolera de 93.773,16 euros anuales. Es decir, 74.307,38 de salario base; a lo que unir los 13.337,62 euros de cotizaciones a la Seguridad Social; y, en última instancia, los 6.128,16 euros por antigüedad. Desde hace 20 años está en excedencia de su puesto de trabajo, los mismos que lleva de concejal liberado y ahora de alcalde.

La “Ley Mordaza” una ley para criminalizar la protesta social
 
Diferentes colectivos sociales han convocado una movilización para este sábado 20 de diciembre a las 12 del mediodía en la Plaza Circular. En la misma las personas participantes llevarán una mordaza en la boca.

Mediante esta iniciativa se pretende denunciar que el Pleno del Congreso ha aprobado la restrictiva Ley de Seguridad Ciudadana, "Ley Mordaza", que ahora pasa al Senado para su aprobación definitiva. Esta ley trata de criminalizar la protesta, ante las actuaciones que desde el pueblo se han llevado a cabo para proteger los derechos y libertades de las personas.

Hay que tener en cuenta que se tipifican como infracción grave, con multas de 601 a 30.000 euros, la negativa a disolver una manifestación, actos de obstrucción, que pretendan impedir el cumplimiento de resoluciones judiciales como los desahucios, la perturbación de actos públicos o el uso de imágenes de las fuerzas de seguridad del Estado, la intrusión en estructuras e instalaciones donde se perturbe la actividad económica.
 
Se consideran faltas leves con multas de 100 a 600 euros, la falta de respeto a la fuerzas de seguridad del Estado, la ocupación de cualquier inmueble ajeno, escalar monumentos sin autorización, el incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de una manifestación, reunión o acto público, entre otras.

COMUNICADO DE PRENSA

El “Equipo de Gobierno” del Ayuntamiento de Barakaldo intenta disuadir a la plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales “Berri-Otxoak” de volver a realizar denuncias públicas sobre el coste a las arcas públicas del salario del Acalde de Barakaldo, Alfonso García. Además, del incremento este año de un 1’4% del total de su masa salarial.

Hay que tener en cuenta que este año se mantiene en 74.307,38 el sueldo base pero se incrementa en la cotización a la Seguridad Social. Se pasa de 12.096,98 del 2013 a los 13.337,62 de este año.
 
Informe del Secretario y Abogado Municipal

Por otro lado, no deja de ser curioso que se remita un documento bajo el sello de "Informe del Secretario y Abogado Municipal" donde se certifica -en última instancia- todas las denuncias realizadas de forma pública sobre el abultado sueldo que percibe de las arcas municipales Alfonso García.

Según este informe -elaborado por el “secretario municipal”- se certifica que Alfonso García cuesta a los vecinos y vecinas de la localidad 93.773,16 euros anuales. Es decir, 74.307,38 de salario base; a lo que unir los 13.337,62 euros de cotizaciones a la Seguridad Social; y, en última instancia, los 6.128,16 euros por antigüedad.

Desde hace 20 años (los mismo que lleva de concejal liberado y ahora Alcalde del municipio), está en excedencia de su puesto de trabajo en el Departamento de Educación. Sin embargo los pluses de antigüedad se los grava al consistorio.

La ley mordaza: una ley para criminalizar la protesta

El Pleno del Congreso ha aprobado la restrictiva Ley de Seguridad Ciudadana "‘Ley Mordaza", que ahora pasa al Senado para su aprobación definitiva, con la oposición de todos los grupos parlamentarios a excepción del PP. Esta ley trata de criminalizar la protesta, ante las actuaciones que desde el pueblo se han llevado a cabo para proteger los derechos y libertades de las personas

Dentro de las numerosas medidas que presenta la ley se encuentra la legalización de las "devoluciones en caliente" de las personas inmigrantes, que vulnera los derechos humanos contenidos en numerosas directivas internacionales.

Esta ley supone un endurecimiento de la ley de Seguridad Ciudadana aprobada en el año 1992, una ley que desde un centenar de colectivos sociales e incluso desde la Unión Europea ha sido señalada por su carácter restrictivo de los derechos de reunión y libertad de expresión.

Algunas de estas conductas se encontraban hasta ahora tipificadas como falta en el Código Penal. Tratadas como faltas, comportaban un juicio previo, unos plazos de prescripción más cortos y una sanción económica mucho más leve que las infracciones administrativas ahora tipificadas por la Ley Mordaza.

Con este cambio de jurisdicción, el poder político sanciona directamente por la vía administrativa, un procedimiento que será mucho más rápido, directo y nos dejará más indefensos ante sus actuaciones. Al mismo tiempo dificulta las medidas de defensa y de impugnar las multas. Hay que recordar que el incremento de las tasas judiciales solo permite el acceso a la justicia a las clases altas. Además se decreta la creación de un registro central de infracciones para penalizar la reincidencia.

La ley Mordaza decreta como muy graves, con multas de 30.000 a 600.000 euros, las manifestaciones y reuniones no comunicadas que se realicen en instalaciones de tránsito restringido, como el Parlamento o que prestan servicios básicos para la comunidad, como pueden ser las concentraciones ante hospitales para la defensa de la sanidad pública, escuelas y edificios públicos. Se prohíbe el uso de video-cámaras que no respeten la intimidad de las autoridades y la policía y contempla la detención de las personas que a criterio del ministerio del interior creen alarma social.

Se tipifican como infracción grave, con multas de 601 a 30.000 euros, la negativa a disolver una manifestación, actos de obstrucción, que pretendan impedir el cumplimiento de resoluciones judiciales como los desahucios, la perturbación de actos públicos y religiosos, el uso de imágenes de las fuerzas de seguridad del Estado, la intrusión en estructuras e instalaciones donde se perturbe la actividad económica, el consumo y la tenencia de drogas y  alcohol en la vía pública, como por ejemplo el botellón.

Se consideran faltas leves con multas de 100 a 600 euros, la falta de respeto a la fuerzas de seguridad del Estado, la ocupación de cualquier inmueble ajeno, escalar monumentos sin autorización, el incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de una manifestación, reunión o acto público, las pérdida del DNI sin haberlo comunicado, entre otras.

La única solución que tenemos es impedir que esta ley sea finalmente una realidad. Hacemos un llamamiento a la ciudadanía a la resistencia y a la lucha, para que en la calle y en los centros de trabajo desborden esta ley y hagan impracticable su aplicación.