Soberanía en tiempos de biopolítica: estado de alarma y derechos fundamentales

Solapas principales

"Los filisteos atacados por la peste en Azoth" (Nicolas Poussin) Wikimedia Commons Jorge León Casero. Profesor de Filosofía. Universidad de Zaragoza. elsaltodiario.com.- La declaración de un estado de alarma ante una crisis sanitaria no es una decisión que responda únicamente a razones puramente científicas. Es un modelo de gestión de la población propio de un régimen disciplinar orientado al control de la conducta de los individuos.

Según el Instituto Nacional de Estadística, la última campaña de gripe en España causó 525.300 casos y 6.300 muertes. A escala mundial, las epidemias por gripe pueden llegar a causar hasta 5 millones de casos de enfermedades graves y unas 650.000 muertes por año. Por su parte, de los 80.000 casos de coronavirus detectados en China desde el comienzo de la crisis, más de 60.000 están curados, la mayor parte de los mismos sin un tratamiento mayor que el aplicado en un simple catarro. Por supuesto, no estamos diciendo que no se deban tomar precauciones y modificar en cierta medida aquellos comportamientos que puedan poner en riesgo a las partes más vulnerables de la población. Simplemente creemos que deberíamos preguntarnos por qué se declara el estado de alarma en el caso del coronavirus y no en el de la gripe. ¿Somos realmente conscientes de lo que supone anular algunos de nuestros derechos más fundamentales, como es el derecho de reunión pacífica recogido en el art. 21 de la Constitución Española o el derecho a circular libremente por el territorio nacional del art. 19? Y lo que es más preocupante aún, ¿somos realmente conscientes de la facilidad con la que renunciamos a nuestros derechos y otorgamos potestades soberanas al poder ejecutivo cada vez que se produce una situación de alarmismo social?

Después de que Naomi Klein mostrase en La doctrina del shock (2007) que la mayor parte de modificaciones sustanciales de los regímenes políticos acaecidas durante el último medio siglo siempre han sido precedidas de agresivas campañas propagandísticas orientadas a provocar el miedo y el alarmismo social como estrategia de aceptación de las medidas adoptadas, deberíamos plantearnos seriamente la posibilidad de que la declaración del Estado de alarma en España haya sido motivada por factores políticos y económicos ajenos a un planteamiento puramente “científico” o “biológico” de la crisis.

LA PESTE Y LA VIRUELA

Según Foucault, existen dos modelos paradigmáticos en la política de poblaciones, que derivan directamente de dos posibles formas de enfrentarse a una epidemia: el modelo disciplinar, derivado del tratamiento de la peste, y el modelo securitario, derivado del tratamiento de la viruela. Mientras que el modelo del tratamiento de la lepra se reducía a la simple expulsión de los infectados, el modelo disciplinar desarrolló grandes dispositivos de vigilancia y gestión del espacio con el objetivo de controlar la conducta de sus usuarios sanos. El objetivo ya no era excluir a los enfermos, sino regular el comportamiento de aquellos que podían infectarse. Para lograrlo, la gestión de la peste siempre se hacía mediante un control estricto de la movilidad y los hábitos de todos los ciudadanos, indicando a la población cuándo podían salir, cómo, a qué horas, qué debían hacer en sus casas, qué tipo de alimentación debían seguir, qué tipos de contacto podían tener y cuáles no, obligándoles incluso a presentarse periódicamente ante inspectores o a dejarles entrar en sus casas. En palabras del propio Foucault, el modelo disciplinar “fija los procedimientos de adiestramiento progresivo y control permanente” de cada individuo.

Es preocupante la facilidad con la que renunciamos a nuestros derechos más fundamentales y otorgamos potestades soberanas al poder ejecutivo cada vez que se produce un alarmismo social.

Por su parte, el modelo securitario no busca tanto la normalización de la conducta de cada individuo como asegurar que el conjunto de la población se mantiene dentro de unos márgenes controlados que no se alejan demasiado de la media estadística (de individuos sanos). En este sentido, el control de la viruela no limitaba en modo alguno la libertad ni la movilidad espacial de los individuos, sino que se ejercía mediante prácticas obligatorias de inoculación (vacunación), que asegurasen que siempre iba a haber un número suficiente de individuos con los anticuerpos necesarios para no desarrollar, ni por tanto contagiar y diseminar, el virus. Las muertes de una minoría de implicados eran aceptadas como algo completamente normal siempre y cuando existiese la garantía de que hay un número de personas no vulnerables a la enfermedad que impiden su propagación a escala epidémica. Concretamente, Norbert Wiener mostró hace más de medio siglo que las matemáticas con las que puede calcularse el riesgo de propagación de un virus eran prácticamente las mismas con las que se calculaba el riesgo de propagación de un incendio. En el primer caso, se trata de la proporción existente entre el número de individuos susceptibles de contagio frente al que han desarrollado los anticuerpos. En el segundo, de la proporción existente entre el número de partículas combustibles frente al de partículas incombustibles. Tal y como afirmaba Foucault, el “problema fundamental va a ser saber cuántas personas son víctimas de la viruela, a qué edad [se producen la mayor parte de los casos], con qué efectos, qué mortalidad, qué lesiones o secuelas [tiene], y qué riesgos se corren al inocularse”.

Desde este punto de vista, la gran diferencia entre la gripe y el coronavirus radica en que todas las epidemias mundiales de gripe que se suceden anualmente cuentan con rápidas y efectivas campañas de vacunación que aseguran que la epidemia no se descontrolará. En el caso del coronavirus en cambio, aún no hay vacuna, si bien cada vez son más las personas curadas que han desarrollado o se espera que desarrollen en los próximos días los anticuerpos necesarios que les permitan funcionar socialmente como un cortafuegos de la epidemia. El Estado de alarma se ha tomado como una medida preventiva para el control de contagios que funciona según el modelo disciplinar de gestión de la peste, mientras la mayor parte de infectados genera en su casa los anticuerpos necesarios que permitan volver a instaurar un modelo de gestión securitario. A nivel de gestión de epidemias esto es algo suficientemente conocido que no supone mayor problema. El problema que realmente debería preocuparnos a nivel social no es tanto el control del virus ―cosa que se va a hacer tarde o temprano―, como el origen económico de las principales presiones a las que ha sido sometido el poder ejecutivo de España para declarar el Estado de alarma, y la facilidad con la que dicha decisión ha sido obedecida por las instituciones políticas, así como socialmente aceptada (e incluso aplaudida y bienvenida) por la mayor parte de la población.

SOBERANÍA Y BIOPODER

Guste o no escucharlo, hace ya décadas que España no es un Estado soberano. La Constitución Española podrá afirmar en su primer artículo que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”, si bien la práctica totalidad de las competencias que Jean Bodin o Carl Schmitt atribuían a la soberanía, como eran el poder de emitir moneda o el derecho de última instancia, ya no se encuentran entre los poderes del Estado. Del mismo modo, el principal atributo del soberano según Schmitt ―la capacidad de declarar los estados de sitio o excepción―, en nuestro caso reducido al estado de alarma, es una decisión cuyo origen último debería ser buscado más en unos poderes fácticos que tratan de dar una apariencia de dominio efectivo de la situación, ante unos posibles disturbios sociales que suman al país en “la anarquía”, que como una medida única y exclusivamente sanitaria. Lo que la declaración del estado de alarma está diciendo al mundo no es que Europa es capaz de controlar una epidemia, sino que Europa tiene un soberano que no es tanto el Parlamento o “el pueblo” como el Banco Central Europeo (BCE).

Si en el pasado el soberano era aquel capaz de declarar el estado de guerra, y por tanto de identificar al enemigo público, ello se debía a que durante la mayor parte de la historia la guerra ha sido uno de los mayores miedos de la población. En la actualidad, en cambio, si bien el terrorismo sigue siendo uno de los leitmotivs principales con los que ejercer el poder soberano en perjuicio de los derechos fundamentales de los individuos, está claro que el miedo a una pandemia es una cuestión todavía más efectiva para ejercer un poder soberano que garantice el control de la movilidad de los individuos, y ello con el pleno consentimiento de los mismos.

Lo primero que deberíamos temer no es tanto la epidemia en sí como nuestro oscuro deseo de un Leviatán que lo solucione todo “con mano firme”.

En un mundo cada vez más conectado y con una densidad poblacional nunca vista ―recordemos que desde el año 2000 más del 50% de la población mundial vive en ciudades y que el porcentaje se espera que llegue al 80% para 2050―, las crisis epidémicas a nivel mundial van a ser cada vez más habituales. A este respecto, resulta crucial tener en cuenta que el modo en que gestionemos esta crisis sanitaria va a servir como pauta y modelo para una gran cantidad de casos futuros. El coronavirus pasará, pero las decisiones políticas tomadas durante esta crisis es probable que duren mucho más. Debido a ello, deberíamos reflexionar mínimamente si el recurso inmediato al alarmismo social, el saqueo de supermercados y la gestión soberana-autoritaria de la crisis por parte de los poderes políticos, desde el momento en que el BCE dice que hay que tomar medidas drásticas, es el mejor protocolo que podemos desarrollar.

En el caso de Roma, el paso de la República al Imperio se debió a una gestión soberana del poder que pusiera fin a los disturbios y las guerras civiles. Del mismo modo, el origen de la mayor parte de los Estados y monarquías absolutas europeas a lo largo del siglo XVII fue consecuencia de las crisis y disturbios originados por las guerras de religión. En la era de la biopolítica y la movilidad tecnológica, lo más probable es que en caso de producirse un nuevo devenir autoritario de los regímenes políticos occidentales, ello sea justificado por una gestión de los disturbios sociales que pueda provocar una epidemia y/o un posible escenario de carencia de recursos. A este respecto, no deberíamos olvidar nunca que es precisamente en los casos de mayor alarmismo social cuando todo el mundo reclama un soberano que venga y lo proteja. Ante esta situación, lo primero que habría que temer no sería tanto la epidemia en sí como nuestro oscuro deseo de un Leviatán que lo solucione todo “con mano firme”. Ahora más que nunca, la primera cosa que deberíamos recordar no es otra que la primera consigna de todo auténtico revolucionario libertario. Precisamente aquella que fue negada por el Hegel más conservador en su defensa del Estado: Fiat iustitia, pereat mundus! (“Que se haga Justicia aunque perezca el mundo”).

Etiquetas: