15-M Ronda. En pocas palabras.- El gasto público en servicios sociales respecto al Producto Interior Bruto regional es del 1,98% y no alcanza los máximos registrados en 2012 con 2,02% La complejidad burocrática y los trámites farragosos se han incrementado, y constituyen auténticas barreras que dificultan que las personas, carentes de derechos, puedan hacer uso efectivo de las prestaciones y servicios sociales cuando más los necesitan.

El 40% de la población española vive en comunidades con servicios sociales débiles o irrelevantes. Siguen existiendo extraordinarias diferencias entre territorios, que suponen una gran desigualdad de oportunidades reales para hacer efectivos derechos muy básicos de las personas, en función de su lugar de residencia. (Índice DEC Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales).

Las profesionales manifiestan que en Servicios Sociales “el foco está centrado en la prestación y se ha perdido el acompañamiento”. El trabajo social cada vez se reduce más a la tramitación de prestaciones y ayudas, y se ha perdido el enfoque integral a la hora de valorar la interrelación de las necesidades de las personas y sus familias. Cuestiones como la atención integral, la prevención, la acción comunitaria, etc. quedan relegadas a un último plano a favor de la tramitación y gestión de ayudas.

El gasto público por habitante y año, su nivel más bajo fue en 2014 con 291,6 € por habitante, y en los siguientes años ha seguido una línea ascendente hasta 2019, con 376,0 € por habitante. Es decir, en estos cinco años el gasto por habitante y año en servicios sociales ha aumentado en 84,4 €, lo que supone un incremento del 28,9%.

Principales PROBLEMAS de los Servicios Sociales:

• Servicios Sociales de “una época que ya no existe”. Falta de adecuación de los Servicios Sociales a la sociedad actual y a los nuevos cambios sociales generados por cambios sociodemográficos, desindustrialización del mercado laboral, economía digital, cambios en la composición de los hogares, la soledad no deseada, etc. Consecuencia, nuevos perfiles de personas usuarias y sus familias, con necesidades complejas, que no encajan en categorías simplificadas (personas con empleos precarios, diversidad cultural, nuevos modelos de familia, incremento de problemas de salud mental, etc.).
  
  
• Desigualdad territorial e inversión social a la baja con grandes diferencias entre territorios. Consecuencia, acceso restringido y cobertura limitada. Grupos de población se quedan fuera de la atención: personas extranjeras en situación irregular, personas con escasos recursos, pero “no suficientemente pobres”, personas con deudas con la Administración, personas con discapacidad, etc.
  
  
• Servicios deficitarios de las zonas rurales, falta de recursos humanos, materiales y de una planificación eficaz de los SS especialmente en la llamada “España vaciada”. Consecuencia, colapso del sistema de gestión, los Servicios Sociales no llegan a cubrir las necesidades de la población rural más vulnerable.
  
  
• Excesiva burocratización y pocos recursos humanos, el incremento de gestiones digitales ha conseguido burocratizar el espacio. Consecuencia, la brecha digital entre la población vulnerable es más excluyente, complicando aún más la tramitación.
  
  
• Falta de coordinación entre Servicios Sociales y Empleo, modelos de gestión sin perspectiva integral en la atención a las personas vulnerables. Consecuencia, perjudica a los grupos más vulnerables que podrían ser empleables a través de itinerarios de inserción que estén mejor interconectados.
  
  
• Abandono del modelo centrado en “la persona”, actuaciones asistencialistas, falta el enfoque integrado. Consecuencia, genera desigualdad y desatiende la garantía de derechos deseable dentro del Estado.
  
  
• Trabajo reactivo y de gestión de prestaciones, se abandona el trabajo de prevención. Consecuencia, actuación de urgencia. Obliga a actuar cuando la crisis o la urgencia ya están expuestas.
  
  

Soluciones, respetuosos con los Derechos Humanos y la dignidad, con enfoque de género y atención a la diversidad. Que estén enfocados en los beneficios para las personas usuarias, prioritariamente en la salud, el bienestar y la independencia/autonomía.