CGT-València organizó las XVII Jornadas Libertarias sobre la “Utopía en movimiento” donde estuvimos Baladre bien representadas. Reproducimos aquí la crónica publicada en rebelion.org

Enric Llopis Rebelión.- El 18 de diciembre se cumplieron cuatro años de la muerte de Samba Martine, tras su paso por el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid. Diferentes ONG defensoras de los derechos humanos han denunciado que a la inmigrante congoleña, enferma de VIH, se le negó una atención médica adecuada. Pero la vulneración de los derechos humanos no es una excepción en estas “cárceles para pobres”. Un informe hecho público en diciembre de 2009 por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), realizado tras una investigación en los CIE de Madrid, Málaga y Valencia, ya denunciaba la falta de garantías, abusos y graves irregularidades. El informe tuvo un notable eco en los medios de comunicación y provocó la respuesta inmediata del entonces ministro del Interior, Pérez Rubalcaba. Fue también el punto de partida de la Campaña por el Cierre de los CIE en Valencia, ciudad que acoge el centro de Zapadores.

Dentro de estos centros de internamiento están los “invisibles”, personas “que en muchos casos no tienen nombre, familia y amigos, al menos en la ciudad donde se hallan recluidos”, explica Xavi Gea, miembro de la Campaña “CIE No Valencia”. El motivo de que se les prive a las personas migrantes de libertad es que no disponen de “papeles”, lo que no debería ir más allá de una falta administrativa. Pero se les encierra en un centro de reclusión que realmente es un “limbo”, señala el activista en las jornadas de CGT-València, tituladas “Utopia en moviment”. “Dentro del CIE la policía actúa con impunidad, no hay control, los inmigrantes sufren insultos, palizas y vejaciones; incluso vulneran sus propias leyes”. El objetivo de la Campaña “CIE No” es hacer visible la realidad del centro de Zapadores para que las arbitrariedades no queden impunes.

Entre el 5 y el 7 de diciembre se celebró en Valencia el V Encuentro Estatal por el Cierre de los CIE, en el que participaron más de 50 colectivos y organizaciones de todo el estado. El Encuentro incluyó la organización de asambleas, debates, talleres de comunicación, prácticas feministas y desobediencia civil, además de una acción en el centro de Valencia para denunciar, mediante una representación teatral, la criminalización de las personas inmigrantes. En 2016 está previsto simultanear acciones reivindicativas a los dos lados de la Frontera Sur (en Ceuta y Melilla, pero también en las ciudades de Marruecos); la convocatoria de una semana de iniciativas en torno al 15 de junio, Día por el Cierre de los CIE, en la que destaca una gran movilización en Madrid; la campaña contra las deportaciones y el boicot a Air Europa y Swift Air; y la realización de un trabajo de investigación sobre el entramado represivo, del que forman parte la Frontera Sur, las redadas, los CIE y los vuelos de la deportación.

Otro de los puntos abordados en la mesa redonda “La resistencia social frente a la represión” fue la situación de los ocho trabajadores despedidos en el teléfono de emergencias sanitarias 061 de Málaga, adscrito a la Junta de Andalucía y subcontratado a la empresa “MKPlan 21”, del grupo ONCE. Macarena Ariza es una de las despedidas después de trabajar 18 años en la recepción de llamadas telefónicas. Recuerda que el edificio y todos los materiales de trabajo de la empresa pertenecen al Servicio Andaluz de Salud, mientras que la empresa únicamente paga a los trabajadores el salario. “Todo el dinero público que está aportando la Junta de Andalucía debería dedicarlo a la atención sanitaria a los ciudadanos, no regalárselo a una empresa privada”, afirma. Además, la situación laboral de los operarios está regulada por el convenio del telemarketing, una aparente contradicción, ya que no realizan compras y ventas sino que atienden urgencias sanitarias. “Y ni siquiera este convenio se cumple”, apunta Macarena Ariza. “Todo esto se resolvería si se nos considerara empleados públicos”.

En marzo comenzó un encierro en la sede de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias en Málaga, que se mantuvo durante nueve meses y en el que participaron 50 personas. Además el 8 de junio los trabajadores iniciaron una huelga. La lucha de los operarios se basa en dos vías, las reivindicaciones en la calle y, por otro lado, la interposición de denuncias ante la inspección de trabajo y las demandas judiciales. “La empresa ha respondido con sanciones y la política del terror para que abandonemos el conflicto”, subraya Macarena Ariza. A la contestación empresarial se añaden otras dificultades, entre otras, que del conjunto de la plantilla en Andalucía sólo se haya movilizado la provincia de Málaga. “Pero nos quitaron tanto, que hemos perdido el miedo”.

Los trabajadores despedidos no saben si finalmente se producirá una readmisión. De momento han hecho llegar sus reivindicaciones al Parlamento de Andalucía. Además de recibir el apoyo de CGT, subrayan que organizaciones como Podemos han hecho suya su causa. Así, el 23 de diciembre se votará en el Parlamento autonómico una Proposición No de Ley, que previamente han firmado todos los partidos de la oposición, y que representa un paso más en las movilizaciones. Durante la campaña electoral hubo días en los que asistieron a tres mítines, “de algunos nos echaban y en otros nos daban publicidad”, reconoce Ariza. A los trabajadores en lucha se les identifica por las camisetas naranja y la leyenda “SOS 061”. “No hay que callarse ante la represión”, afirman, por eso también han organizado concentraciones en la puerta del centro de trabajo, canto de villancicos y corales, ente otras acciones. Cuentan a su favor con sentencias como la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que les da la razón en su denuncia de la vulneración del derecho de huelga.

Otra forma de resistencia es la que representa el colectivo “Baladre”, que lleva tres décadas organizándose contra el empobrecimiento, la precariedad y la exclusión social. Se definen como un espacio de relación entre personas y grupos de afinidad que ponen en el centro de su actividad el trabajo social, “pero no el empleo”, aclara Manolo S. Bayona, miembro de “Gentes de Baladre”. Romper con el patriarcado, la distribución de la renta y la recuperación de las relaciones humanas es la alternativa que plantean ante la creciente precarización de la vida. “En el estado español nunca hubo realmente ruptura con el fascismo ni estado del bienestar”, apunta el activista.

Éste es su diagnóstico: “La mayoría de la gente no sabemos qué somos, si desempleados potenciales o permanentes, en medio de un modelo consumista de grandes superficies inducido por las televisiones privadas y donde se criminaliza a la población”. Además, “el euro es la consolidación de este proceso, que elimina cualquier sueño de soberanía popular”. En el actual contexto, el activista de “Gentes de Baladre” subraya la importancia del “colapso ambiental”, que implica la imposibilidad de una vuelta a estadios del pasado, en concreto al modelo keynesiano. “Tampoco retornarán las buenas relaciones laborales, el capital lo quiere todo”.