EN POCAS PALABRAS ¡SÍ SE PUEDE!

15-M RONDA.- “Todos los manteros en cada sitio de España luchan contra lo mismo: el acoso, la persecución policial y la penalización de la manta”, explica Malick Gueye, portavoz del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid.

“En una ciudad somos pocos. En Madrid 500, en Barcelona unos 600… pero si nos unimos para una lucha conjunta en todo el Estado nos pueden oír”. “La persecución en Barcelona y los golpes físicos que recibimos han disminuido. ¿Por qué? Algunos piensan que es gracias al nuevo gobierno, pero yo creo que es porque llegamos a organizarnos”, apunta Lamine Bathily, portavoz del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona, organización pionera en el Estado con menos de dos años de vida. (El contenido de este número esta tomado de EL SALTO/ Septiembre de 2017). Ser empobrecidos no significa no tener dignidad, pero para ello hay que organizarse y luchar. ¡Si se puede!

Los manteros se organizan. Personas trabajadoras de la venta ambulante irregular afincados en Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia crean una coordinadora estatal con la que hacer frente a lo que califican como “racismo institucional” Al grito de 'La manta no es el sueño de nadie', han pedido que "dejen de penalizar la manta". "No es justo meter a la gente en la cárcel por vender en la calle".

Han llevado a cabo una concentración y cacerolada frente al Ayuntamiento de Madrid para decir basta a las agresiones policiales. También se han plantado frente al Congreso para que los escuchen y para pedir la modificación del Código Penal. Además, han conseguido que tres diputados se reuniesen con los manteros.

Se pretende revertir la reforma del Código Penal de 2015, que suprimió las faltas y creó los delitos leves, circunstancias que grava al top manta. El Código Penal fue reformado por el PP gracias a su mayoría absoluta, por eso se tiene la esperanza de que sea reformado en esta legislatura.

La inclusión de la venta ambulante ilegal como delito no sólo implica que los manteros detenidos puedan ir a la cárcel, también que tengan antecedentes penales si son arrestados, lo que dificulta que puedan conseguir los papeles después.

A partir del pasado mes de septiembre han abierto otro frente de lucha contra la Ley de Extranjería. Quieren adquirir los papeles en menos de tres años, ya que le dicen que en menos de tres años tienen la oportunidad de pedirlos, pero luego pasan 10, 11, 12 y 13 años y hay gente que aún no los tiene.

La Ley de Extranjería dicta que para solicitar la regularización por arraigo social es necesario, entre otras condiciones, haber permanecido un mínimo de tres años en España, durante este tiempo tienen dificultades para ganarse la vida, ya que la salida que tienen es, o manta, o explotación laboral severa, o ser víctima de trata de seres humanos en la economía informal. No hay otra salida.

La Ley de Extranjería es racismo institucional, la gente no tiene derecho a trabajar y encima si venden en la calle la mete en la cárcel. Es un agujero sin salida, y esta es una Ley racista que dice que la gente no tiene derecho a integrarse.

Durante esos tres años están en un limbo en el que su supervivencia es bastante complicada, por no hablar, también, de la familia que deja en su país esperando a que ganen dinero para enviarlo.

“En Madrid todo sigue igual. Nunca se ha visto tanta persecución a los manteros como desde que empezó el Gobierno del cambio de Carmena”, afirma Gueye portavoz del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid, cuyo sindicato tiene documentadas quince agresiones policiales a manteros en lo que va de año, por eso la denuncia de este tipo de abusos es una constante entre los colectivos de migrantes. “La mayoría de las agresiones son ejecutadas por miembros de la Policía Municipal. También, han interpuestos quejas ante el Defensor del Pueblo que siguen su tramitación sin que hasta la fecha se hayan resuelto”.

Ordenanzas municipales como las de Barcelona o Madrid, que sancionan la venta ambulante sin licencia, implican además multas pecuniarias, lo que complica la situación. “Si tienes multas impagadas se dificulta la regularización porque supone tener deudas con la Administración pública”, señala la jurista Tania García del Sindicato.

Sin embargo, Tania García apunta algunos avances adelantados por la alcaldesa de Madrid como la futura tarjeta de ciudadanía o de vecindad que “acreditará el arraigo y les permitirá el padrón, con determinados requisitos, pero que facilita respeto a los existentes”.