Presentación iniciativa contra los recortes de la "Ley Vasca de Vivienda"

Solapas principales

fotoPor el derecho a una vivienda digna

En la mañana del jueves se ha desarrollado una concentración ante la Delegación del Gobierno Vasco con el ánimo de presentar la campaña de recogida de firmas contra los recortes contemplados en la “Ley de Vivienda”; y el “Decreto” que la desarrolla.

Iniciativa con la que se pretende denunciar esta nueva agresión a la par qué exigir medidas efectivas contra esta nueva vulneración de derechos; y en demanda del acceso real a una vivienda digna.

En concreto, el pasado año cerca de 30.000 familias percibieron la Prestación Complementaria de Vivienda; y otras 6.500 las Ayudas de Emergencia Social. Familias a las cuales se pedirá la participación en esta iniciativa contra los recortes sociales.

Hay que tener en cuenta que, si entrara en pleno vigor esta “Ley de Vivienda” y el “Decreto” que la desarrolla, la mayoría de estas miles de familias perderían la prestación económica que las permite cubrir sus necesidades derivadas del pago y acceso a una vivienda de alquiler.

Escrito para recoger firmas para los afectados por esta ley: [euskera] [castellano]

Comunicado

En el año 2015, cerca de 30.000 unidades convivenciales percibieron la PCV y otras 6.500 las AES. Cuando entre en vigor el Decreto elaborado por el PNV y como se desprende de la Ley de Vivienda, aprobada en 2015 a iniciativa de PSE, EH BILDU y UPD, muchas de las personas que en la actualidad cumplen con los requisitos exigidos por Lanbide o que acceden a cobrar las AES, destinadas a cubrir el pago de un alquiler, perderemos nuestro derecho a reclamar una prestación económica.

cartelEste recorte de derechos es consecuencia directa del endurecimiento de requisitos para acceder a la nueva prestación económica de vivienda. Entre las nuevas exigencias que surgen tanto de la Ley como del borrador de Decreto, se establece una antigüedad mínima de 4 años en el registro de inscripción de Etxebide como demandante de vivienda en régimen de alquiler y demostrar unos ingresos mínimos de 3.000 euros.

En la actualidad, para acceder a la PCV se exige únicamente una solicitud de inscripción en este registro, sin requisitos de antigüedad ni de ingresos mínimos.

La nueva prestación económica de vivienda dejará también sin cobertura a aquellas personas que habitamos en alojamientos colectivos como pensiones o tengamos suscritos contratos de pupilaje; y a quienes percibimos la prestación de vivienda como complemento de ingresos de trabajo.

Por otro lado, la Ley establece que el derecho subjetivo a percibir la prestación económica de vivienda se hará efectivo de manera escalonada. Durante el primer año de entrada en vigor de la Ley sólo tendrán acceso a la prestación los grupos convivenciales de 3 o más miembros (y que cumplan con los requisitos de antigüedad en Etxebide y de ingresos). Durante el segundo año, podrán reclamar su derecho las unidades familiares de dos miembros y en el tercer año, las unipersonales. En el actual régimen de la PCV, todas las unidades convivenciales con derecho a cobrar la RGI pueden reclamar su prestación de vivienda.

A su vez, esta política de recortes penalizará especialmente a aquellas personas que compartimos piso. Con el sistema de la PCV, cada unidad convivencial (de un máximo de hasta 2 por vivienda) tiene derecho a percibir los 250 euros estipulados por Lanbide, mientras que con la nueva prestación económica de vivienda, ese monto se verá reducido a la mitad.

Toda persona debería tener derecho al uso y disfrute de una vivienda adecuada, segura, cómoda y con servicios esenciales. Por lo que demando el reconocimiento efectivo por ley al acceso a una vivienda de alquiler social.

Considero que hay que recuperar el valor de uso de la vivienda, situarla bajo lógicas no mercantiles y enmarcar el problema de la vivienda como un asunto colectivo, que no puede ser resuelto atendiendo a la lógica del mercado ni de la especulación. La regulación del mercado de los alquileres, el alquiler social, la rehabilitación y ocupación de las viviendas vacías deben ser acciones prioritarias para garantizar el acceso a la vivienda y su redistribución.

Ni la ley de vivienda aprobada por el Parlamento Vasco ni el borrador de decreto elaborado por el PNV garantizan este derecho ni crean alternativas habitacionales suficientes al margen de la lógica del mercado. Ni esta ley ni el decreto representan una respuesta efectiva al problema estructural de acceso a la vivienda ni contribuyen a disminuir las graves situaciones de precariedad habitacional en las que nos encontramos buena parte de la población.

Colectivos Sociales de Bizkaia:
Argilan, Argitan (Centro Asesor de la Mujer de Barakaldo), Asociación Trabajadoras de Hogar de Bizkaia, Baietz Basauri!, Berri-Otxoak (Barakaldo), Brujas y Diversas, Danok Lan (Galdakao), Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos, SOS Racismo y PAH Kaleratzerik EZ-STOP Desahucios Bizkaia.

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