EN POCAS PALABRAS. LA TRASTIENDA DE LA DEMOCRACIA

15-M RONDA.-

Antes de la crisis/estafa las familias aportaban el 74% del total de impuestos recaudados, para pasar a aportar el 83% en 2016, mientras que las grandes empresas aportaban el 22% en 2007 y el 12% en 2016, lo que suponía un 52% menos de ingresos que supone 23.145 millones de euros, dinero que duplica el necesario para pagar una renta mínima a todas las familias sin ingresos en España. Y esto es así, por el papel determinante que juegan los paraísos fiscales, a través de la evasión y elusión de la fiscalidad internacional para unos pocos, lo que supone mayores impuestos para todos los demás, tanto que el Fondo Monetario Internacional en 2011 llegó a afirmar que “Los paraísos fiscales son un peligro para la sociedad”.

Los paraísos fiscales son territorios que intencionadamente han adoptado un marco legal que cuenta con las siguientes características:

• Baja o nula tributación.

• Ventajas fiscales para los no residentes, sin necesidad de justificar una actividad económica sustancial y real.

• Falta de cooperación con otras administraciones tributarias.

• Opacidad: marcos legales que permiten la no identificación de las entidades registradas ni de sus titulares o propietarios de los activos.

La utilización de estos territorios, lejos de remitir, se incrementa. La inversión mundial hacia los paraísos fiscales se ha multiplicado por 4 en los últimos 15 años y ha aumentado un 45% desde 2008, más del doble del crecimiento de la economía mundial en el mismo período.

Según el analista financiero Marco Antonio Moreno, "multimillonarios y grandes empresas ocultan más de un tercio del PIB mundial en paraísos fiscales. En unos cincuenta paraísos fiscales se ocultan más de 22 billones de dólares". Y no pagan impuestos. Durante las últimas tres décadas, los beneficios de las principales empresas del mundo se han más que triplicado en términos reales, pasando de los 2 billones de dólares en 1987 a los 7,2 billones de dólares en 2013.

En 2016, las islas Caimán recibieron 5 veces más inversión que China, que tiene un PIB 3.500 veces mayor, y las islas Bermudas llegó 4,5 veces más inversión extranjera que al conjunto de Argentina, México y Brasil.

Impuestos eludidos y evadidos suman en la Unión Europea más de 210.000 millones de euros anuales, según estimación muy prudente de la OCDE. Pero según Global Financial Integrity, América Latina perdió en los últimos diez años un billón cuatrocientos mil millones de dólares por impuestos evadidos.

Los Paraísos Fiscales cuestan vidas. Se estima que cada año los países en desarrollo pierden 100.000 millones de dólares en recursos fiscales por la elusión fiscal de grandes empresas a través de paraísos fiscales. Con ese dinero se podría dar asistencia sanitaria esencial para salvar 6 millones de vidas al año y escolarizar a 124 millones de niñas y niños que no van al colegio.

De hecho, se estima que si se gravaran los dividendos de los capitales que las grandes fortunas latinoamericanas tienen en paraísos fiscales, se podría sacar de la pobreza a 32 millones de personas. Esta cantidad es equivalente a todas las personas que viven en situación de pobreza en Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador y Perú.

Las grandes empresas españolas que cotizan en Bolsa en el exclusivo Ibex35 tienen 890 filiales en paraísos fiscales. Para no pagar los impuestos debidos, por supuesto. ¿Por qué otra razón estarían allí? Esa ocultación supone al final cientos de miles de millones de dólares o euros no declarados e impuestos evadidos. Y los impuestos evadidos suponen un constante deterioro y reducción de los servicios públicos y del bien común así como la vulneración sistemática de los derechos de la ciudadanía.

Hasta el Tribunal Constitucional, en junio de este año, ha declarado de forma unánime la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal aprobada por el gobierno del PP en 2012. La sentencia denuncia que la amnistía representa una “abdicación del Estado ante su deber de sostener el gasto público y hacer efectivo el deber de todos de pagar impuestos”. En la práctica, la amnistía permitió en su día una regularización de capitales no declarados a un tipo efectivo del 3%, sin recargos, intereses de demora o penalizaciones, con un resultado perverso en cuanto a recaudación (1.200 millones de euros en lugar de los 2.500 millones que estimaba el Gobierno).

La ciudadanía no entiende que mientras se recortan derechos o se exige un mayor esfuerzo a quienes menos tienen, los gobiernos no sean implacables a la hora de frenar las fugas injustas y desleales de recursos. Los escándalos mediáticos están provocando encendidos discursos, pero tibias soluciones aún. La evasión como el fraude se sitúa al margen de la ley en las cloacas fiscales.