Por Fátima Martín. Kaosenlared.- Hasta Oxfam-Intermón ha afeado la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) por parte del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. “Es importante ampliar la cobertura del Ingreso Mínimo Vital y asegurar que llegue urgentemente a las personas que lo necesitan”. Es la primera recomendación que hace la ONG en su reciente informe ‘Superar la pandemia y reducir la desigualdad. Cómo hacer frente a la crisis sin repetir errores’.

Ya desde su inicio, este informe, que analiza el impacto de la COVID-19 en España, se refiere al Ingreso Mínimo Vital en términos negativos: “Los resultados no han sido los inicialmente esperados”, califica. Por el contrario, Oxfam analiza los ERTE, implementados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social de Yolanda Díaz, de la siguiente manera: “La puesta en marcha de la política de suspensión de empleo a través de los ERTE ha sido una de las principales razones por las que el desempleo en 2020 no ha alcanzado cotas similares a las de la anterior crisis. De no haber existido este colchón de políticas públicas, la situación en materia de pobreza y desigualdad habría sido sustancialmente peor”.

“Problemas burocráticos y administrativos, tanto en la comunicación como en la implementación de la prestación”

Ya en el capítulo específico del impacto socioeconómico de las medidas anticrisis, el estudio se fija en la medida estrella del cada vez más cuestionado ministro Escrivá, el Ingreso Mínimo Vital: “Se trata de una medida que de implementarse con efectividad podría implicar una reducción muy significativa de la pobreza y de las situaciones de necesidad severa. Es por ello que el Gobierno ya ha declarado que su pretensión es que el IMV se consolide en el tiempo y no solo actúe como mecanismo de emergencia durante la actual crisis sociosanitaria. Sin embargo, desde su aprobación a finales del mes de mayo esas expectativas tan positivas se han ido reduciendo a medida que se constataban diferentes problemas burocráticos y administrativos tanto en la comunicación como en la implementación de la prestación:

“según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, desde su puesta en marcha hasta principios de octubre se habían presentado casi un millón de solicitudes de la nueva prestación, de las cuales se habían tramitado la mitad, habiendo sido denegadas 180.000. A finales de septiembre, solo 90.000 hogares recibían la prestación” (FUNCAS, 2020: 24). El objetivo previsto por el Gobierno era alcanzar los 850.000 hogares en 2020, recuerda el informe.

Oxfam-Intermón también cita el análisis presentado por Cáritas en septiembre sobre la evolución de la situación socioeconómica de las familias y hogares que acompaña. En él, advertía que prácticamente el 40% de esos hogares no había solicitado el ingreso mínimo vital por falta de información y, de aquellos que sí lo han solicitado, más del 70% aún estaban esperando una respuesta. “Debe señalarse que, inicialmente, los criterios de elegibilidad para acceder al IMV se basaban en la renta personal del año anterior, excluyendo de esta manera a aquellos que perdieron sus ingresos durante el propio 2020, así como a las personas sin residencia particular o a las familias que convivían con otras en la misma vivienda. Las dificultades para su tramitación y para la resolución de expedientes han sido también motivo de preocupación a lo largo de todo el año”, añade el análisis.

“El actual diseño del IMV deja a millones de niños y niñas en pobreza relativa sin apoyo público”

“Necesidad de mejora urgente”. Es el diagnóstico de la ONG al Ingreso Mínimo Vital: “Pese a su anuncio en primavera, el Ingreso Mínimo Vital ha tenido un impacto limitado en la reducción de la desigualdad en España. A las dificultades de su implementación se añade el bajo porcentaje de potenciales beneficiarios que han podido acceder a este tipo de protección. Según estimaciones del ministro, a finales de 2020 sólo 160.000 hogares, de los 850.000 previstos, accedieron a esta ayuda”, insiste el informe de Oxfam-Intermón. Y añade: “El actual diseño del IMV elimina la prestación por hijo a cargo que ya existía anteriormente y deja a millones de niños y niñas en pobreza relativa sin apoyo público. Las políticas públicas y su implementación importan y tienen impacto en la vida de las personas”.

De modo que en el capítulo de Recomendaciones, la primera que señala el informe se refiere al IMV:

“Es importante ampliar la cobertura del Ingreso Mínimo Vital y asegurar que llegue urgentemente a las personas que lo necesitan”. Para ello:

Debe usarse para calcular los ingresos disponibles del hogar la media de los tres meses anteriores. Usar la media del año anterior obliga a las familias a esperar en situación de vulnerabilidad para ser elegibles para el IMV.

Es imprescindible reducir el porcentaje de resoluciones del IMV negativas por no cumplir requerimientos administrativos. Las realidades que esconde la pobreza son complejas y es necesario flexibilidad. Demandamos que un informe prescriptivo de servicios sociales pueda permitir el acceso al IMV si no se cumple algún requisito; incluida la situación administrativa regular para familias extracomunitarias con niños y niñas a cargo.

La dimensión y profundidad de la pobreza en España demandan una mayor inversión y la coordinación de distintos niveles administrativos. Las CCAA no deben reducir su inversión en la lucha contra la pobreza a costa del IMV, y programas de inclusión social que se pongan en marcha no deben plantearse como una condicionalidad estricta para el acceso al IMV. Los derechos a la inclusión social y a unos ingresos mínimos han de ser independientes. La evidencia nos dice que la condicionalidad no logra mejores resultados de inclusión.

La desaparición de la prestación por hijo a cargo incrementa la desprotección de la infancia viviendo en pobreza relativa. Es preciso repensar las transferencias dirigidas a la infancia en pobreza para evitar el impacto que tiene sobre el desarrollo de la infancia y el disfrute de derechos y oportunidades en igualdad de condiciones».

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