Desde finales de la década anterior se produce una situación calificada comúnmente, incluido el partido en el gobierno, como de urgencia, de emergencia, de excepcionalidad, justificando así la agresión a los Derechos sociales y políticos, diseñando con la escusa de la llamada crisis, una situación social basada en "robar a los pobres para dárselo a los ricos", Rompiendo en mil pedazos el implícito pacto social del llamado "régimen del 78". Esta excepcionalidad, urgencia y emergencia legitima y hace necesaria también una respuesta por parte de los sectores más afectados de la sociedad y organizaciones sociales que va más allá del papel mojado en el que se han convertido el código penal y el texto constitucional, abriendo un espacio mas que constituyente, "constituido de hecho", donde la legitimidad del acto se encuentra en la circunstancia más que en el acuerdo previo, traicionado y desbordado por la expresión de los intereses de aquellos que hacen del dominio su forma de relación con el resto de la humanidad.

Ante las injusticias que se derivan de lo que hemos conocido como “crisis económica”, se da una respuesta por parte de diversos colectivos sociales que tiene un precio muy alto estar sufriendo de diversa manera la embestida represiva que el Estado aplica a la respuestas populares.

Algunos de estos grupos se pusieron de acuerdo para intentar superar la gran dispersión y atomización de los casos de represión que nos llovían y que afrontábamos cada cual como podía.

Estos casos suelen tener origen en las incontables formas de lucha que hemos empleado, con puntos álgidos donde la represión cobraba importancia dado que se presenta como la única manera de frenar el impacto y repercusiones de las luchas.

Todo se recrudece a partir de que amplios sectores sociales se muestran rebeldes y dispuestos a defenderse luchando frente a las agresiones permanentes que estamos padeciendo. Desde el 15M y las Huelgas Generales (detrabajador*sy estudiantes), la Primavera Valenciana, Gamonal, Can Vies, las Marchas de la Dignidad, la Marchas de Mujeres, entre otras (como respuestas amplias y colectivas) hasta las respuestas más locales, sectoriales o puntuales (represión a anarquistas, en las redes, Titiriteros, grupos de música, defensa en desahucios, en luchas de los barrios empobrecidos y en las zonas rurales, etc) nos hemos visto envuelt*s en centenares de casos a los que teníamos que responder.

Casos como los de Alfón, Bódalo, Nahuel o de los grupos libertarios (represión de alta intensidad) hasta los casos menos sonados en forma de denuncias, arrestos domiciliarios, detenciones injustificadas, etc.. ( media y baja intensidad) los estábamos afrontando de manera dispersada y fragmentada, sin reparar que todos tenían unos mismos ejecutores; distintos cuerpos represivos dirigidos por elites poderosas amparadas en sus legislaciones represoras y con unas mismas finalidades; generar miedo paralizante y terror. Como represión de alta intensidad deberíamos incluir la represión que supone la violencia de género contra las mujeres y las políticas represivas dentro de las cárceles.

La desobediencia civil como herramienta de sobrevivencia en dignidad hace transgredir el código penal a miles de personas que mas allá de cualquier otra reflexión o intencionalidad intentan seguir existiendo, aunque en la practica su existencia signifique una forma de resistencia, aumentando aun más si cabe el conflicto.

Planeaba, hace dos años, algo que aterrizó en forma de Ley Mordaza. Poco que decir sobre ella porque ya sabemos cuáles eran sus intenciones; mayor represión para quien se mueva y mayor protección para quienes la ejercen. Esta ley, junto con (Ley 1/2015 Reforma del Código Penal, Ley de Seguridad Ciudadana, Ley de Seguridad Privada, Reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal, Ley orgánica 2/2015 Reforma del Código penal en materia de terrorismo,...) conforman un entramado represivo muy útil por el temor que generan, para la consecución de los objetivos que el gobierno y el Estado se marcan con tal de acallar el malestar que sus decisiones crea.

Posterior a la propuesta de amnistía social la situación no hace sino agravarse, casos como los "titiriteros", o el de los jóvenes de "Altsasu", intentan ejemplarizar a la sociedad, más allá de reprimir a los grupos que responden a la situación de "crisis". Por no hablar de la profunda crisis democrática de las Instituciones del Estado, manifestada en los últimos acontecimientos y decisiones represivas en Catalunya, con detenciones, persecución, registros, asaltos a domicilios y anulación de libertades y garantías de personas, grupos e instituciones, con la aplicación del artículo 155 como telón de fondo, lo demuestran, así como la represión abierta en "Murcia", acallada por considerarla imprescindible para el desarrollo de su modelo de desarrollo y porque este caso "no permitía hacer patria".

Ante esta realidad diversos colectivos se propusieron atacar la fragmentación en la respuesta, que tanto beneficia las estrategias represivas y tanto perjudica a quienes las padecemos.

Buscando un camino que permitiera dar una visión más amplia, unir la dispersión de las diversas respuestas, una propuesta en definitiva que pudiera adaptarse a realidades distintas y que cada colectivo asumiera en función de su propias reflexiones, permitiendo así estrategias concertadas y complicidades imprescindibles independientemente del origen del impulso solidario que nos empuje. Resistir la deriva autoritaria, Re-centralizadora le daría sentido al contenido de esta propuesta a la que llamamos "Amnistía Social", que llevaría implícita:

AMNISTÍA SOCIAL

• Derogación inmediata de todas las LEYES REPRESORAS y sobre todo de las últimas legisladas (Ley 1/2015 Reforma del Código Penal, Ley de Seguridad Ciudadana, ley mordaza Ley de Seguridad Privada, Reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal, Ley orgánica 2/2015 Reforma del Código penal en materia de terrorismo,...).
• Libertad inmediata para las personas presas que se vieron forzadas a trasgredir el código penal debido a la situación de extrema necesidad a la que nos ha arrastrado el actual modelo político y económico.
• Libertad inmediata para todas las personas encausadas por acciones de protesta contra las políticas de recortes, tanto de derechos laborales como sociales.
• Libertad inmediata para las personas que han sido víctimas de montajes policiales.
• Archivo de todas las causas abiertas en los juzgados derivadas de acciones de protesta contra las políticas de recortes, tanto de derechos laborales como sociales.
• Anulación de todos los procesos y expedientes sancionadores derivados de la intervención gubernativa en contra de manifestaciones en defensa de derechos democráticos reconocidos.
• Eliminación efectiva de todo cargo delictivo para quienes se enfrentaron a las intervenciones de la policía (en desahucios, huelgas generales y luchas sectoriales o individuales).
• Desaparición de toda ficha policial o antecedentes penales archivados que se deriven de las justas protestas sociales llevadas a cabo como consecuencia de la crisis económica. También lleva implícita la desaparición de todos nuestros antecedentes derivados por nuestras protestas de los ficheros policiales. Así mismo la derogación de las leyes que facilitan la cooperación de la policía con empresas de seguridad privada. Leyes que permiten el intercambio de nuestros datos obtenidos bajo unas actuaciones policiales abusivas.
• Reparación a las personas más afectadas por la represión (daños físicos o secuelas de otro tipo) y exigencia de responsabilidad a quienes ordenaron intervenciones desmedidas, arbitrarias o de abuso de poder de las fuerzas de seguridad del estado.
• Restauración de todos los derechos perdidos y cumplimiento integro de todos los derechos humanos. Incluido el denominado "Derecho a decidir", en todos sus ámbitos.
• La restauración de todos los derechos perdidos y cumplimiento íntegro de todos los Derechos Humanos, en especial en el caso de la infancia y de las personas migrantes.
• Derogación de la Ley del menor y de la Ley de Extranjería. Cierre de los Cies,
• La derogación de las ordenanzas que restringen el uso del espacio público como lugar de encuentro y reivindicación.
• También aquellas que afectan a personas "sin techo" y que viven en la calle, así como aquellas que atañen a las que ejercen la prostitución. No podemos permitir la criminalización de personas que usan la calle para buscarse la vida.
• La erradicación de las prácticas policiales abusivas: Listas negras, montajes policiales, torturas, etc...
• Acabar con el uso generalizado del término “terrorismo” por parte del aparato legislativo, político, policial y judicial. Sacar fuera del tipo penal de terrorismo a los “delitos” ideológicos que tienen más que ver con la manera de pensar que con peligros reales para la población.
• Supresión del régimen de incomunicación de detenidos en comisaría y con el régimen Fies en prisiones.
• Inmediata derogación del articulo 155 que significa en la practica un estado de excepción como el implantado en Catalunya
• Derogación de todas las leyes que atentan contra cualquier principio de respeto a las libertades individuales y colectivas, y es un ejemplo de la deriva autoritaria, centralizadora y pre-fascista del denominado “ESTADO DE DERECHO”.