Una marea naranja ha recorrido las calles de 30 provincias españolas, y en todas hubo representación de la derecha política, PP, Ciudadanos y Vox abanderaron las protestas contra la “ley Celaá” aprobada por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

Según critican, la nueva legislación educativa "socava la libertad de las familias", acaba "con la libertad educativa", es perjudicial "para los intereses de las familias españolas", "acaba con la cultura del esfuerzo", acorta el derecho de los menores de "poder ser educados en español" y elimina los centros de educación especial. ¿Pero qué es lo que calla la derecha política? España, segundo país de la OCDE donde más se repite por ser pobre, ya que éste repite cuatro veces más que los que tienen más recursos, y Madrid es ya el segundo territorio de la OCDE donde más se concentra al alumnado desfavorecido en las mismas escuelas (Informe PISA 2018).

¿Qué ocurre exactamente con el castellano? El texto aprobado dice así: "Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de las alumnas y los alumnos a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable". No dice, por tanto, que el castellano deje de ser lengua vehicular.

La educación concertada, ¿en peligro? El eslogan de las protestas, “por el derecho a elegir la educación que queremos”. Es el argumento que utiliza la educación concertada para oponerse a ley Celaá. Se puede elegir [un centro educativo], a lo que no está obligado el Estado es a financiar una plaza en el centro que elijan los padres. En modo alguno se contempla en nuestra Constitución, ni en el derecho comparado, la posibilidad de que las familias deban recibir una ayuda pública por elegir entre dos redes, pública y privada, ni que ésta última deba ser financiada con fondos públicos.

Los centros de educación especial van a cerrar. Nada más lejos de la realidad. "Las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumna o alumno [...]. El Gobierno, en colaboración con las Administra-ciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, [...] los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad…"

Pablo Casado afirmó que la ley Celaá "acaba con la cultura del esfuerzo" al permitir al alumnado pasar de curso con asignaturas suspensas. Lo que dice la ley en su artículo 28 es lo siguiente: "Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, dentro de la etapa, serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente atendiendo a la consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumnado, así éste promocionará de curso cuando haya alcanzado los objetivos de las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo. Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción de una alumna o alumno cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas le permita seguir con éxito el curso siguiente, se considere que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica".

No es cierto que se fulmine de la educación la religión, pero sí hay un cambio importante, en la ley Celaá, la religión deja de ser evaluable; es decir, ninguna de sus notas contará para la media o para pedir una beca. Aun así, quien quiera estudiar religión podrá hacerlo. El concordato firmado con el Vaticano en el año 1979 sigue vigente, y los colegios tienen que ofrecer la asignatura para quien la quiera cursar.

¿Pero qué es lo que calla la derecha política? Según el Informe Pisa 2018, España está entre los países de Europa con menos escuela pública y más concertada, el 68% del alumnado escolarizado en España acude a un centro público, mientras que la media en Europa es del 81%. Estamos a la cabeza en plazas concertadas y la Iglesia tiene el 60% de estos centros privados con plazas subvencionadas.

El 90% de los colegios concertados cobran cuotas irregulares a las familias pese a estar financiados con fondos públicos. En el 89% de los casos, estas cuotas no son realmente voluntarias y si una familia se niega su hijo será excluido de ciertas actividades. Se paga 255 euros de media en Catalunya y 110 en Madrid, según los centros privados CICAE y la federación de asociaciones de AMPAS de la escuela pública CEAPA.