En Pocas Palabras La Trastienda de la Democracia

15-M RONDA.- No es una proclama comunista, es el contenido del artículo 128, 1. de la Constitución Española  que nos recuerda que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

Sin embargo, PSOE y PP, desde septiembre de 2011 reformó el artículo 135 de la Constitución Española, fijando como prioridad absoluta el pago de la deuda pública que en el año 2014 sólo representaba un 24%, mientras la deuda de las familias suponía un 18%, el de las empresas no financiera representaba un 36% y el de las instituciones financieras representaba un 22%, esto es, la deuda pública en España era sólo de un 24%, y la deuda no pública de un 76%. Pero el PSOE lo justificó así: no había otra opción, las tensiones en los mercados han llegado a un límite que pone en riesgo las políticas sociales. Así esta reforma del art. 135, posibilita que la riqueza pública y privada no se subordine al interés general, sino a la banca y las grandes empresas.

Vamos a comentar unas noticias que hemos conocido últimamente para ver si las políticas están encaminadas al interés general o al interés de la banca y grandes empresas.

Empezaremos por la proposición de ley de Unidos Podemos para la subida del Salario Mínimo Interprofesional, en el año 2017, a 800 euros al mes, admitida a trámites por el pleno del Congreso.

Pues bien, el Consejo de Ministros aprobó, en su reunión del viernes 2 de diciembre, el decreto ley que contempla sólo una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 8% para 2017, con lo que se elevará de 655,20 a 707,60 euros mensuales.

En el año 2014 cerca de 6 millones de personas que trabajaban en España cobraban por debajo del salario mínimo interprofesional, y de éstas, un 22% cobraban por debajo de 300 € al mes.
Otra noticia, el presupuesto del Ministerio de Defensa subirá aproximadamente un 30% en 2017, según informa Europa Press. De confirmarse ese incremento, pasaría de 5.734 millones de euros de 2016 a 7.558 millones en 2017. El motivo es que el departamento de María Dolores de Cospedal incluirá en las cuentas del departamento las partidas para hacer frente al pago de los Programas Especiales de Armamento, que son grandes operaciones de compra aprobadas durante los años noventa y cuya factura final se desconoce tras haber sido renegociada en innumerables ocasiones, aunque ronda los 30.000 millones de euros.

Estos programas provienen de la etapa de llegada al gobierno en 1996, del PP con José María Aznar como presidente.

Tercera noticia, el rescate de las autopistas de peaje de Aznar, Aguirre y Cascos costará 6.000 millones a las y los contribuyentes. Un rescate encubierto a banca y grandes constructoras, que una empresa pública asumirá las deudas.

Además, José Luis Rodríguez Zapatero les proporcionó ayudas valoradas en 480 millones, que sólo sirvieron para prolongar la agonía de un proyecto deficientemente planificado y que llevan años abocado a la quiebra.

Detrás de todas esas empresas, que revierten sus pérdidas al Estado porque así lo aceptaron Aznar, Álvarez Cascos, José Bono y Esperanza Aguirre, están personas que son de sobra conocidas en el mundo empresarial y financiero: Florentino Pérez, Juan Miguel Villar Mir, Francisco González, Familia Carceller, José Manuel Loureda, Familia March, Alberto Cortina, Miguel Fluxà Roselló, Esther Koplowitz, Alicia Koplowitz, entre otras y otros. Es la España del poder e influencia, que con sus entramados de empresas se encuentran presentes en multitud de negocios Estado-Empresas.

Y una última noticia, el Fondo Monetario Internacional pide más mano dura en España: recortes en Sanidad, Educación y endurecer la reforma laboral. "Desde el punto de vista del gasto, el margen para mejoras de eficiencia podría evaluarse mejor mediante revisiones en profundidad del gasto, sobre todo en sanidad y educación", reza el informe.

Y todo ello para conseguir una reducción sostenida del déficit y la deuda pública, esto es, las Deudas Privadas de las empresas no financieras y las instituciones financieras que representan el 58% de la Deuda en España, cuyo excesivo tamaño sigue dejando a la economía española "muy vulnerable a las perturbaciones exteriores". Así, la riqueza Pública está subordinada al interés privado de unos amiguetes del capitalismo, y no al Interés General.