OTRAS PREGUNTAS, OTRAS RESPUESTAS PARA QUE NO NOS TOMEN EL PELO. TEMAS SOCIALES

Los sistemas de pensiones, que tenemos hoy en día, se consolidaron en la fase de expansión posterior a la segunda guerra mundial, en la época que se ha llamado la “época dorada del capitalismo”. Durante esta época, hubo un pacto social entre el mundo del trabajo, por un lado, y el mundo del capital por el otro. En este pacto, la clase trabajadora y sus sindicatos aceptaron el derecho a la propiedad por parte de la clase empresarial a condición de que esta aceptara la expansión de los derechos laborales y sociales del mundo del trabajo y de las clases populares. Fue durante este periodo cuando en la mayoría de países del mundo capitalista desarrollado se establecieron y desarrollaron sus estados del bienestar, incluyendo sus sistemas de protección social. 

En los años setenta, sin embargo, la clase empresarial se rebeló y rompió el Pacto Social, y bajo la dirección del Presidente Reagan en EEUU y la Presidenta Thatcher en la Gran Bretaña, se comenzaron a aplicar una serie de políticas públicas, llamadas neoliberales, que redujeron tales derechos laborales y sociales, privatizan-do la Seguridad Social.

Inicialmente  se  propuso  directamente  la  privatización  de los  sistemas  públicos  de  reparto  y  su  sustitución  por  otros de capitalización. Así se hizo en las primeras experiencias neoliberales que constituían ensayos parciales de una corriente que se pretende generalizar actualmente,  que se dieron en dictaduras como la chilena de Pinochet (quien, por cierto privatizó todas las pensiones menos las de la policía y del ejército). 

Informe (WB 1994)

En 1994, el Banco Mundial (BM) publicó este informe sobre el futuro de las pensiones que puede considerarse como el inicio ‘oficial’ del debate actual sobre la supuesta insostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones y la consiguiente política adecuada para las pensiones, según el BM. Desde esa fecha se ha producido una cantidad enorme de materiales sobre el tema.

El Fondo Monetario Internacional

La propuesta lanzada por el Banco Mundial, que es apoyada por el Fondo Monetario Internacional (FMI),  consistía en dos pila-res básicos:

Por un lado, la pensión mínima para “aliviar la pobreza en la ancianidad” gestionada por el sector público;

Por otro, la gestión privada por aportación de capital individual.

El camino hacia la consecución de los objetivos marcados por las organizaciones internacionales comenzó en España con la reforma del sistema realizada entre los años 1994-1997, conocida como “Pacto de Toledo” y rubricada por los sindicatos mayoritarios el 9 de octubre de 1996.

 A qué se llama Pacto de Toledo

Al documento aprobado por el pleno del Congreso de los Diputados, en la sesión del 6 de abril de 1995, titulado “Análisis de los problemas estructurales del sistema de Seguridad Social y de las principales refor-mas que deberán acometerse”. Su origen inmediato se debe buscar en la aprobación por el Congreso de una proposición no de ley, presentada por CiU, por la que se creaba una ponencia en el seno de la Comisión de Presu-puestos para analizar los problemas estructu-rales de la Seguridad Social. Pero esta iniciativa parlamentaria no descendió del cielo, sino que surgió de un escenario formado por dos hechos que se complementan.

El primero es una ofensiva internacional en contra de las pensiones públicas y a favor de las privadas, que partía de ciertos organis-mos internacionales como el Banco Mundial o la Unión Europea. Estas maniobras tenían -y aún tienen- su eco en todos los países, potenciadas por las entidades financieras y por la mayoría de las fuerzas económicas y políticas.

El segundo hecho es nacional y se trataba de evitar que el debate de las pensiones quedara sometido a las idas y venidas de la coyuntura política, planteándose como una “cuestión de Estado”. Posiblemente, fue el resultado de que ninguna de las partes implicadas estaba en condiciones de imponer su alterna-tiva: optar claramente y sin fisuras por un sistema público basado en el principio de solidaridad como deseaban las izquierdas o por uno de capitalización o de predominante gestión privada como pedían sectores próxi-mos a la Banca.

Esta similitud de comportamientos entre los dos partidos mayoritarios resultaba preocu-pante porque sembraba la sospecha de que tanto uno como otro consideraban las pensio-nes públicas como algo graciable que podía reducirse. El simple hecho de dar como posible la quiebra de la Seguridad Social es ya un atentado al Estado social que consagra la Constitución.

¿Qué  aspectos positivos  incluye el Pacto  de  Toledo?

• el acuerdo para que las pensiones  no contributivas pasen a ser financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado,
• los compromisos de mantenimiento de un  poder adquisitivo, la creación de un fondo de reserva y el compromiso por aumentarlo, y
• los compromisos de adopción de medidas orientadas a ampliar  las prestaciones y el alcance del sistema en algunos ámbitos como la conciliación laboral, la inmigración, situaciones de dependencia y personas discapacitadas, entre otras.

¿Y qué aspectos negativos conlleva?

El Pacto de Toledo admitía la posibilidad y conveniencia de los sistemas complementa-rios privados e incluso la de los seguros de dependencia igualmente privados, lo que ha resultado en una expansión de estos sectores. También acentúa el principio de contribu-ción a costa del principio de solidaridad, diluyendo el compro-miso con la universali-zación de los beneficios.

Además establece una desconexión entre la situación financiera de la Seguridad Social y el tipo de políticas económicas que se apli-can, cuando éstas marcan la posibilidad de alcanzar unos u otros ritmos de crecimiento.

El 8 de octubre de 1994

El País publicaba lo siguiente: "El Jefe del Ejecutivo, Felipe González, dijo que no existen diferencias sustanciales entre lo que predica el Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto a la reforma del sistema de pensiones y lo que pretende el Gobierno español, salvo en la forma de llegar a ese objetivo. González indicó que tanto el FMI como su Gobierno coinciden en que el sistema de pensiones español requiere reformas a largo plazo, unos 25 años, para evitar un colapso en su financiación. Reiteró la tesis de "las tres patas" para financiar las pensiones: 

1. Un nivel básico y universal de prestaciones, concebido como “nivel mínimo”.
2. Un nivel profesional que cubra las contingencias básicas por encima del nivel de subsistencia y en el que las prestaciones guarden una relación con los ingresos obtenidos por el trabajo.
3. Un nivel individual y libre, en el que los individuos se aseguren personalmente las pensiones en los términos y cuantías que consideren adecuados.

EL GOBIERNO DE ZAPATERO

El retraso de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años realizado por el gobierno Zapatero, decisión tomada en respuesta a las presiones del Banco Central Europeo, de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional, la llamada “troika”, que es la voz del capital financiero (que incluye la banca, los fondos de alto riesgo y las compañías de seguros, entre otros).

Este capital financiero ha sido siempre la mayor fuerza política (su influencia sobre los partidos, sobre los medios de información y sobre el Estado es enorme) favorable a la reducción de las pensiones públicas y a su privatización.

INFORME DE LA OCDE

El último informe de la OCDE sobre las pensiones en los países miembros de tal comunidad (Perspectivas de las pensiones en la OCDE 2012) explicita claramente que una medida que los gobiernos deberían tomar urgentemente es la privatización de las pensiones públicas. Así, se presenta el argumento de que –según sus cálculos- el gasto público en pensiones en España llegará a ser un 15% del PIB en el año 2050, lo cual hace insostenible tal sistema de pensiones, sin aclarar por qué ello es insostenible.

Los bancos y las grandes compañías de seguros (cuyos representantes tienen amplia mayoría en el grupo de sabios que creó el gobierno para que proporcionara las claves de la nueva reforma) llevan muchos años tratando de gestionar en provecho propio el gran volumen de fondos que mueven las pensiones públicas. Los Piñera y los Barea pero también los FEDEA y los Miguel Ángel Fernández Ordóñez que frente a los técnicos de la Seguridad Social han afirmado que el sistema público entraría en déficit si no en colapso en 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2030, 2060, etc.

Desde el 15-M Serranía de Ronda pensamos que es urgente reaccionar y evitar el brutal asalto que se proponen las grandes compañías aseguradoras, la banca y el gobierno del PP, sin descanso, contra LAS PENSIONES, desvelando los errores y las falsedades en que se basan sus discursos con la finalidad de movilizarnos para que defendamos por todos los medios nuestros derechos y las conquistas sociales que tanto esfuerzo costó alcanzar.

Intentemos informarnos y no nos creamos lo que nos cuentan los medios de comunicación. Hagamos otras preguntas, otras respuestas para que no nos tomen el pelo. Salgamos a la calle, hablemos entre nosotras y nosotros, El 90% de la población estamos afectados por este ataque. Y si este 90% sabemos unirnos en el tema de la defensa de las pensiones, se puede crear un movimiento muy amplio y potente que les obliguemos al capital a retroceder. Porque, ¿si no nos unimos en esto, que nos afecta a todos, en qué nos vamos a unir?

La Colección de Temas Sociales sobre las Pensiones es una herramienta didáctica para contribuir a una toma de conciencia y a una movilización. Porque solo la movilización ciudadana puede parar esta enorme avalancha ideológica que se presenta como irremediable, y que en realidad responde a unos intereses concretos, contrarios a los intereses generales de la clase trabajadora. Es propósito de este tema mostrar la falsedad de sus argumentos, con datos e información que niegan su veracidad y credibilidad.

ACLARANDO CONCEPTOS CLAVES PARA DEFENDER MEJOR NUESTROS DERECHOS

¿Qué es un sistema público de pensiones?

Un mecanismo que el Estado mantiene con el fin de garantizar unos recursos que en teoría (y no siempre en la práctica) permitan mantener un nivel digno de vida a aquellas personas que han dejado de percibir tales recursos por causas ajenas a su voluntad como pueden ser la jubilación, la invalidez o la muerte.

¿Qué tienen  que ver las pensiones públicas con la Seguridad Social?

El sistema público de pensiones forma parte del sistema de la Seguridad Social, que es un instrumento del Estado que, además de las pensiones, abarca muchos más ámbitos de protección social.

¿Qué es la Seguridad Social?

La seguridad social es un sistema ideado para proteger a la población de una sociedad contra las privaciones económicas y sociales que pudieran afectarles. 

Según la Organización Internacional de Trabajo es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos.

¿De qué riesgos nos protege, entonces, la Seguridad Social?

La Seguridad Social cubre las privaciones que puedan sufrir los individuos a causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con menores.

Por tanto, incluye entre otros servicios la asistencia sanitaria, las prestaciones por incapacidad temporal, las prestaciones por maternidad, las prestaciones de atención a la tercera edad, las prestaciones por desempleo y las pensiones.

¿Cuándo nace la Seguridad Social?

El movimiento obrero es el que inicia la demanda de que se garantice la seguridad y protección social durante el siglo XIX. Son los movimientos socialistas los que piden la universalización de tal protección social, incorporando los derechos sociales y laborales como parte de la condición de ciudadanía. En esta concepción, la financiación de tales derechos provendría de los fondos generales del  Estado  y  la  provisión  sería  la  responsabilidad  del  Estado. Este modelo se desarrolló en aquellos países donde el movimiento obrero fue más fuerte. El término Seguridad Social fue utilizado por primera vez en EEUU, durante la Administración Roosevelt.

También se establece el modelo Bismarck en Alemania en donde el movimiento obrero no consiguió la universalización pues la resistencia de las clases dominantes en este país lo impidió La diferencia fundamental entre los dos modelos es que el primero es un sistema de solidaridad entre la ciudadanía y el segundo es un sistema de ahorro forzoso en el que los derechos se adquieren según el nivel de aportaciones basados en el mercado de trabajo.

¿Cuándo nace la Seguridad Social en España?

Se suele decir que nace de modo parcial en 1900 que es cuando se crea el primer seguro social que fue la Ley de Accidentes de Trabajo. En 1908 se creó el Instituto Nacional de Previsión en el se integraban las cajas que gestionaban los seguros sociales que entonces ya iban surgiendo.

Más tarde fueron naciendo otros derechos o seguros sociales como el Retiro Obrero (1919), el Seguro Obligatorio de Maternidad (1923), el Seguro de Paro Forzoso (1931), el Seguro de Enfermedad (1942), y el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) (1947). Durante la dictadura que gobernó España durante cuarenta años se promulgaron leyes (1963, 1966) que pretendían la implantación de un modelo unitario e integrado de protección social para todas las personas trabajadoras pero en realidad dejó a muchos de ellas y a sus familias fuera del sistema. Solo en la década de los ochenta comenzó a universalizarse el sistema de seguridad social para que llegara a toda la ciudadanía y se sentaron las bases para su estabilidad financiera.

¿Cómo se financia la Seguridad Social?

Originalmente, el sistema de seguridad social se financiaba mediante las cotizaciones sociales a lo que más tarde se añadieron fondos de los Presupuestos Generales del Estado. En resumen, se financian a partir del salario de las propias personas trabajadoras y de los impuestos que pagaban toda la ciudadanía en proporciones que han variado a lo largo del tiempo y en los diferentes países.

Las reformas sucesivas que se han llevado a cabo en España y la aprobación del Pacto de Toledo (1996) establecieron lo que pasó a llamarse “separación de fuentes de financiación”. Lo que quiere decir que las prestaciones contributivas se financian a través de las cotizaciones sociales y que las prestaciones no contributivas y universales mediante las aportaciones del presupuesto del Estado (a través de impuestos generales).

Para 2014, las cotizaciones sociales representarán el 78% de los recursos de la Seguridad Social, y las transferencias del Estado serán del 10,7% del PIB. (ABC J. G. N. / MADRID. 03/10/2013) 

¿Qué son las cotizaciones sociales?

Son una parte del salario de las personas trabajadoras que se destina a financiar la Seguridad Social. Una proporción de ellas la transfieren las personas empleadoras directamente al Estado y otra se descuenta de la nómina de cada trabajadora o trabajador pero, en ambos casos, salen o forman parte de la retribución de las y los asalariados. Por eso, cuando se propone reducir las cotizaciones sociales lo que realmente se está haciendo es proponer que bajen los salarios puesto que el empresariado no sube el salario directo a la persona trabajadora cuando baja el salario indirecto (es decir la cotización social). 

¿De qué depende la cuantía de las pensiones no contributivas?

Sencillamente depende de la voluntad política del gobierno de turno. Así, si consideran que las cuantías actuales son insuficientes para proporcionar un nivel de vida digno, podrán subirlas financiándolas a través de los presupuestos del Estado. Si, por el contrario, consideran que son suficientes en su cuantía, entonces las mantendrán como están.

¿Qué son los planes de pensiones privados?

Los llamados planes de pensiones privados son distintos a los planes de pensiones públicos. En realidad, no son pensiones. Son fondos privados constituidos simplemente por el ahorro que cada persona va depositando voluntariamente poco a poco en una entidad gestora –normalmente un banco- hasta el momento de su jubilación. Esta entidad gestora invierte ese ahorro en algún activo privado –por ejemplo en el mercado financiero- y obtiene una rentabilidad con ello. Una vez la persona se jubila puede retirar esos fondos que fue ahorrando durante su etapa laboral más la suma de los intereses que tales fondos pueden haber producido durante todos aquellos años. Esta suma puede transformarse en una resta cuando los intereses son negativos, es decir, cuando la rentabilidad de los ahorros e inversiones es negativa como ocurre en las recesiones.

¿Qué es un sistema de reparto?

El sistema de pensiones de reparto es aquel en el que las y los trabajadores van cotizando día a día y con los fondos que actualmente se han generado se pagan las pensiones de las personas jubiladas que en ese momento tienen derecho a recibirlas, mientras que las pensiones de las personas jubiladas de mañana se pagarán con las cotizaciones que en su día estén aportando las y los trabajadores. Este es el método que se aplica en España.

¿Por  qué  las  pensiones en  España son  un  mecanismo de redistribución?

Por dos razones. Primera, porque transfieren rentas desde los períodos de actividad hacia los períodos de no-actividad, ya que las rentas que las personas beneficiarias reciben cuando no trabajan han sido generadas en los períodos de actividad.

Y segunda porque también redistribuyen intergeneracionalmente, es decir, entre distintas generaciones, ya que las rentas percibidas por las personas beneficiarias, normalmente personas jubiladas y con más de 65 años, provienen de las contribuciones que realizan las personas trabajadoras de ese momento y que pertenecen a generaciones posteriores.

¿Podemos considerar que las pensiones son parte del salario?

Efectivamente las pensiones son una parte del salario de las y los trabajadores. Son un salario diferido y que en el lenguaje económico se conoce como parte del salario indirecto. En un sentido amplio, la retribución que reciben las personas trabajadoras la forman el salario directo, que es el que perciben directamente cuando cobran la nómina; y el salario indirecto, que perciben en forma de bienes públicos que en realidad se financian con sus contribuciones; y el salario diferido, que son las pensiones.

CRÓNICA DE UN SAQUEO ANUNCIADO

El Consejo de Ministros del 27 de septiembre de este año aprobó el anteproyecto de ley de reforma de las pensiones, que defenderá el 1 de octubre Báñez en el Congreso. Tiene voluntad decidida de aprobarlo a la carrera un tremendo recorte de las pensiones aprovechando su mayoría absoluta este otoño y aplicarlo a partir de 2014. Estamos, pues, ante la crónica de un saqueo anunciado que nos afecta a todas las personas: pensionistas actuales y trabajadoras en activo o pensionistas futuras. 

Lo más grave de esta decisión del gobierno es que se aprueba dos días después de que el Consejo Económico y Social (CES) diera a conocer un dictamen que planteaba la retirada de la reforma. El acuerdo del CES se tomó por una amplísima mayoría que comprendía a los sindicatos y la patronal y otros sectores profesionales y de personas consumidoras. Pero el gobierno del PP ha hecho oídos sordos, considerando la posición del CES no vinculante y aprobando el anteproyecto de ley.  

El grupo de los “100 economistas”

El País del 27 de febrero de 2010 hacía referencia a esta noticia: El grupo de los que se denomina los “100 economistas” (que, en realidad, eran 95), de los cuales la gran mayoría no son expertos en temas de Seguridad Social,  se ha convertido en la punta de lanza de las propuestas más duras contra dos de los pilares de nuestro modelo social: la legislación laboral y el sistema de pensiones.

Los integrantes del manifiesto que son coordinados por la Fundación Española de Economía Aplicada FEDEA, próxima a los intereses de la banca y de grandes empresas, ha emitido un informe sobre la viabilidad de las pensiones bajo apariencia neutral y de enorme influencia.

Lo realmente grave de su propuesta es la pretensión de sustituir el debate político, el diálogo social y, sobre todo, al propio Parlamento por una “comisión de expertos independientes”. Es la defensa de la suprema-cía del mercado y de las decisiones económicas sobre la política y las decisiones democráticas. Pero no son los mercados financieros los que han de decidir sobre la cuantía de las pensiones sino que es la sociedad la que debe decidir políticamente cuál es la parte de la riqueza producida que debe destinarse a las personas jubiladas.

PRESIDENTE DEL GRUPO ASEGURADOR AXA

No se corta a la hora de criticar el actual Estado de bienestar. Este ejecutivo de sangre azul (es el conde de Castries), con un salario en el año 2012 de más de 3 millones de euros, cree que los actuales sistemas públicos de pensiones, sanidad o educación son insostenibles. “El Estado debe ser capaz de desregular, delegar y dejar de intervenir. De Castries, que preside el elitista y opaco club Bilderberg para España, cree que es de los pocos países donde el Gobierno ha hecho los deberes.

Las aseguradoras como AXA deberían ser parte de la cultura. Si alguien quiere tener una jubilación decente y una pensión decente debe saber que no es el Estado quien se la va a dar. Debe ahorrar. Si empieza cuando sea joven, será más fácil que cuando tenga 60 años.

LA SALUD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES HA PARALIZADO EN ESPAÑA EL AVANCE DE LOS FONDOS PRIVADOS

En el conjunto de la UE, las familias destinan un 10% de su renta a pagar un complemento de jubilación privado. En España no llega al 3%, más de tres veces menos.

Los fondos de pensiones privados en España acumulan un patrimonio del 7,5% del PIB. Muy lejos del 75% que es la media de los países de la OCDE.

EL GIGANTESCO BOTÍN DE LAS PENSIONES

Los activos globales acumulados controlados por los fondos de pensiones representaban al cierre del pasado año el 72% del PIB mundial. Una gigantesca cifra arrancada mes a mes de la nómina de millones de trabajadores en todo el mundo.

Los activos en fondos de pensiones de los 13 mayores mercados del mundo alcanzaron los 21,3 billones de euros en 2011.

Sólo EEUU controla el 59% de las pensiones privadas en el mundo. Junto a Japón y el Reino Unido acumulan el 79%.

No sólo los bancos son los principales monopolios también participan en el atraco de las pensiones, los fondos de pensiones de Ford, General Motors y Chrysler, casi triplican la suma de todas las reservas financieras de Japón.

Los fondos de pensiones son uno de los vehículos financieros con mayor crecimiento durante los últimos veinte años. Si entre 1995 y 2000 duplicaron con creces sus activos –pasando de 4,9 a 11,5 billones-, entre 2001 y 2008 volvieron a más que duplicar su patrimonio –desde los 11,4 a los 28 billones-.

INFORME AGENCIA DE CALIFICACIÓN STANDARD&POOR´S

Esta agencia convertida en “brazo armado” del capital norteamericano, ha publicado un demoledor informe donde anuncia un escenario apocalíptico si no se recortan nuevamente las pensiones en España. 

Desde 1.990, todos los “organismos internacionales” y “centros de estudio” españoles –amparados por Washington o Berlín o financiados por los grandes bancos nacionales- han anunciado “la quiebra de las pensiones públicas” en España si no se recortaban.

El envejecimiento de la población hará que el coste de mantener el actual sistema de pensiones español sea insostenible en 2.050. Anuncian que la deuda pública alcanzará el 247% del PIB –tres veces más que ahora-, y el déficit se elevaría hasta el 17% -casi el triple que los mínimos marcados por Bruselas-.

¿QUIÉNES ESTÁN EN PELIGRO, LAS PENSIONES O LAS PERSONAS PENSIONISTAS?

Una y otra vez los grandes medios de comunicación, apoyados en "una maquinaria de propaganda muy potente", repiten machacona-mente que no hay dinero para las pensiones del futuro y que, por tanto, el sistema público de pensiones no es viable. 

“Decir que las pensiones no son sostenibles es una tontería” (Juan Torres).

El debate al que nos invita el gobierno del PP está mal planteado. No hay que hablar de pensiones, sino de PENSIONISTAS. Las pensio-nes se expresan con números, estadísticas, proyecciones. Las y los PENSIONISTAS con nom-bres y apellidos. Personas con derechos, con dignidad, con familias. 

Más que de la sostenibilidad de las pensiones hay que hablar de la sostenibilidad de las y los pensionistas y esto exige plantear otra pregunta. ¿Cuál es el importe de una pensión para garantizar un nivel de vida digno y eficiente?

La defensa de las Pensiones afecta al 90% de la sociedad.

Si incluso con cuatro, cinco y seis millones de personas paradas el sistema público de pensiones es sostenible, ¿dónde está entonces la amenaza de quiebra?

Además, está el dinero de la hucha de las pensiones (65.000 millones €) Desde que estalló la crisis, tanto en 2009 como en 2010 y 2011 el superávit de la hucha de las pensiones subió en más de 15.000 millones de euros. Y si no subió más es porque el gobierno de Zapatero decidió en 2009 y 2010 no ingresar 14.000 millones del superávit en la hucha y en 2011 regaló 8.000 millones en rebajas de cotizaciones sociales a las empresas con la promesa de que las devolverán en el futuro...

¿De cuántas personas hablamos cuando hacemos referencias a las y los pensionistas?

Pensión Mínima de Jubilación (PMJ) de 2011 en España 7.985 €/Año y/o 665 €/Mes 

2.601.851 Pensionistas 25,49% cobran 323 €/mes

4.453.969 Pensionistas 43,89% cobran 852 €/mes

3.113.540 Pensionistas 30,62% cobran 2.208 €/mes

Fuente: AEAT, Mercado de trabajo y pensiones en España, 2011. Elaboración de Colectivo Ioé

Desigualdad en el importe de las más de diez millones de pensionistas. Uno de cada tres pensionistas cobra SIETE VECES MÁS  que el grupo de  pensionistas que cobran  323 € al mes.

Además, con la crisis ha disminuido el porcentaje de población mayor de 65 años que recibe alguna pensión (del 97,8% en 2007 al 96,5% en 2011).

El año 2011 supuso el retroceso de otros dos indicadores que afectan a la población mayor: se estancó el crecimiento de plazas en residencias geriátricas (de 4,28 a 4,25% de la población mayor de 65 años) y se redujo el porcentaje de quienes reciben ayuda a domicilio (de 5,1 a 4,9%).

¿Para qué están sirviendo la paga de las pensiones?

El gobierno del PP sólo habla de crisis de las pensiones públicas y, sin embargo, no es una cuestión de números, de informes… si no de poner en el centro a las personas, pues detrás de cada pensión, hay personas mayores y familias que viven de sus padres, y con ello están pagando hipotecas y el resto de los gastos diarios.

Los mayores, además, tienen que afrontar las subidas del IPC, del IVA, de la luz y otros gastos de la vivienda, el copago sanitario o el gasto en prótesis y otros tratamientos. Los mayores, con sus ingresos, son el principal sostén de cada vez un número mayor de hogares, llegando a ser garantes incluso de las hipotecas de sus hijos. En muchos domicilios de mayores, han pasado de vivir el matrimonio a convivir con personas jóvenes (sus hijas e hijos), provocando que el gasto en esos hogares supere la media de España.

EL 27,3% DE LOS HOGARES ESPAÑOLES ESTÁN SIENDO MANTENIDOS  POR LAS PERSONAS MAYORES (INE).

Si recortan las pensiones las familias tendrán que mantener a los ancianos. Actualmente muchos pensionistas están manteniendo los jóvenes en paro de sus familias. Recortar estos ingresos familiares agravará la situación económica de muchísimas personas que ya lo están pasando mal. 

La población que no posee medios de producción, percibe sus rentas a partir de tres grandes fuentes: el salario directo, el indirecto (prestaciones sociales) y el diferido (pensiones de jubilación).

LA REFORMA (RECORTES) DE LAS PENSIONES ATACA A LAS Y LOS PENSIONISTAS

La Constitución española, en su art. 50, establece lo siguiente: «Los poderes públicos garantizarán, mediantes pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos de la tercera edad».

El texto es suficientemente claro por lo que se refiere a la garantía del sistema público de pensiones, uno de los pilares esenciales del Estado Social. No olvidemos que la Constitución define a España como un «Estado Social y democrático de Derecho».

Pero no es tan claro para Rajoy y su ministra Fátima Báñez. Este Gobierno, sumiso a Bruselas, apuesta por la privatización de servicios y bienes públicos, esto es, conspira contra la letra y el espíritu de la Constitución.

La aprobada reforma de las pensiones, recogida en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social (publicada en el BOE el 2 de agosto), cambia tres aspectos fundamentales relacionados con la jubilación, entre otras modificaciones. 

Las tres principales normas aprobadas para sostener el sistema de pensiones, modificarán a la baja la cuantía de las prestaciones -de media casi un 5%, según la previsión más optimista (del Banco de España)-, son el retraso en la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, el aumento del periodo de cómputo para calcular la base reguladora de 15 a 25 años, y el incremento de 35 a 37 en los años de cotización necesarios para poder cobrar el 100% de la pensión.

Así, los planes de Fátima Báñez es introducir por la puerta trasera una «reforma» de las pensiones que, a corto plazo, va suponer un recorte de las prestaciones (pese a que se diga que el factor sostenibilidad entrará en vigor en dos mil diecinueve) y, a medio plazo, su progresiva privatización.

Las nuevas medidas entrarán en vigor a partir de enero de 2013, en una implantación gradual hasta el año 2027. Los nuevos parámetros se aplicarán plenamente a partir de entonces. La reforma no cambia nada para los actuales pensionistas. Los nacidos en 1948 serán los primeros afectados. 

LAS PROPUESTAS DEL GOBIERNO DEL PP

La que más nos va a afectar es la aplicación del cálculo de las ahora se va pensiones, que llaman, el factor de sostenibilidad, ya anunciado en 2011 para 2027, pero ahora se aplicará inmediatamente. Dos cosas importan-tes a tener en cuenta:

FACTOR DE EQUIDAD INTERGENERACIONAL (FEI): afecta sólo a las nuevas personas pensionistas. Se aplicará a partir de 2019. Todas las personas jubiladas verán reducidas el importe que cobraran de la pensión por cada año que aumenta la esperanza de vida. Así, las personas que se jubilen a partir de 2040 perderán de entrada un 15-20% de su pensión.

Para convencer (manipular) a la opinión pública añaden que esta pérdida se puede compensar si suben otras variables ¿Cuáles, por cuánto, cuando?

FACTOR DE REVALORIZACIÓN ANUAL (FRA): afecta a todas las personas pensionistas. Se elimina la revalorización por el Índice de Precios de Consumo (IPC) y se sustituye por una complicada fórmula con muchas variables económicas (bastante difícil de entender). Se fija un suelo para la revalorización mínima –un 0,25% en los momentos de dificultades económicas o recesión- y un techo máximo del IPC más el 0,25 en etapas de crecimiento. Con lo que el valor real, la capacidad de compra de la pensión disminuirá cada año.

La propuesta de un aumento del 0,25% de suelo no es más que un intento de enmascarar la reducción del valor real de las pensiones para manipular la opinión pública y facilitar la aceptación del nuevo sistema.

LAS TRAMPAS DE LOS ARGUMENTOS DEL PP SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES

Fuentes: Gabinete Técnico Confederal a partir de los datos publicados en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Pese a que se producirá un incremento de las pensiones del 2% para aquellas cuya cuantía no supere los 1.000 euros y del 1% para aquellas que superen esta cantidad, estos incrementos son manifiestamente insuficientes para compensar, por un lado, el poder de compra perdido este año (1,9%) y, por el otro, el incremento de los precios que se produzca en el año 2013. 

Ejemplo: El pensionista medio en España cobró en diciembre 836,27 euros. Si se compensase la diferencia entre la subida que se le aplicó a principios de año (un 1%) y el IPC (2,9%), debería haber cobrado este año una pensión de 852,16 euros en cada uno de los doce meses y en las dos pagas extras. Es decir, el pensionista medio no cobró 15,89 euros que le correspondían en cada una de sus catorce pagas, por lo que en enero tendría que recibir una paga compensatoria de 222,45 euros. 

¿PODEMOS HACER ALGO?

Por supuesto que sí. Las personas, organizadas colectivamente siempre podemos luchar por mejorar nuestra sociedad. Y ahora es un momento en que es absolutamente preciso hacerlo si no queremos perder importantes derechos que nos permitirán sobrevivir en la vejez. Tenemos que luchar por las pensiones públicas y podemos hacerlo en tres etapas:

Inmediatas

• No aceptar la idea de ‘la crisis de las pensiones’: es un problema de distribución de la renta. Una opción del sistema económico y social.
• No suscribir pensiones privadas.
• Plantear la reforma ante el Tribunal 
• Constitucional (el art. 50 garantiza ‘las pensiones dignas’)
• Aumentar las cotizaciones. Si se quiere que la mayoría de la población haga fondos privados, ¿no sería lo mismo aumentar las contribuciones a las pensiones públicas? La gente tiene que pagar en un caso y en otro. ¿Por qué son mejores las privadas? Las pensiones públicas son mucho más seguras.
• Aumentar la base reguladora de los salarios altos.
• Eliminar prestaciones que no le corresponden a la SS (como las bonificaciones a la contratación). 
• Las pensiones no se tocan. No votaremos a quien las toque.

Medio plazo

• Mejorar el mercado de trabajo y aumentar el empleo.
• Reforma fiscal progresista.

Largo plazo

• Avanzar hacia sistemas de mantenimiento de los de pensiones no basados en el empleo.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Vicenç Navarro, Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa. ¿Están en peligro las pensiones públicas?  (2010); Editado por ATTAC España.

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