LEY MORDAZA, MÁS SEGURIDAD PARA LOS AMOS DEL CAPITAL

15-M RONDA.- Multas de 600 a 30.000 euros por tratar de impedir un desahucio, por no identificarse ante un agente de policía, por desobedecer a un agente de policía o por difundir imágenes de antidisturbios, incluso golpeando a un manifestante, pueden convertirse en habituales a principios de 2015. El Partido Popular ha aprovechado la tramitación de esta ley para cambiar de forma encubierta la Ley de Extranjería y legalizar las devoluciones en caliente. Priva a los migrantes del derecho al asilo y elimina las garantías que podían tener como el derecho a un recurso efectivo y el derecho a tener un abogado.

El PP ha aprobado en el Congreso en solitario la Ley Orgánica de Seguridad, frente a todos los demás grupos parlamentarios que la consideran una "ley mordaza" y entienden que limita derechos fundamentales.

Esta Ley retoma algunos aspectos de la Ley de Orden Público de 1959 que impuso el franquismo. Otorga la potestad sancionadora a Interior y se la arrebata a los jueces y, por tanto, otorga a la autoridad una capacidad de intimidación muy importante frente a la ciudadanía.

Incluso antes de acudir a instancias judiciales, la Administración puede sancionar económicamente e, incluso, embargar los bienes de la ciudadana o del ciudadano para satisfacer la multa.

También el Sindicato Unificado de Policía se ha posicionado en contra de esta ley. Javier Estévez, portavoz del sindicato policial, ha señalado a este medio que "no es el momento más oportuno para la reforma" ya que la sociedad está atravesando "claros tiempos de conflicto socio-político-económico, que se agrava cuando la ley no cuenta con el necesario consenso social ni político".

Los datos objetivos desmienten con carácter general que exista un problema de inseguridad en nuestro país. Nos encontramos en los niveles más bajos de delincuencia en el ámbito europeo. También en el terreno de la criminalidad más grave estamos situados en los niveles inferiores: en España se produce una media de 0,85 homicidios voluntarios por cada 100.000 habitantes, a notable distancia de la media europea, situada en 1,3. Solo el 0,2% de la población considera que la inseguridad es el principal problema del país.

Estas son algunas conclusiones del Secretariado de Jueces para la Democracia sobre la reforma de la legislación penal y administrativa desde la perspectiva de la protección de los derechos fundamentales:

• Suponen las mayores restricciones de derechos fundamentales y libertades públicas de toda la etapa democrática, no obedecen a razones de seguridad, ni tampoco a necesidades de nuestra sociedad. Se trata de reformas que se realizan a partir de los intereses de los amos del capital. En concreto, limitarán especialmente el derecho de manifestación, el derecho de reunión, la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho a la libertad personal y el derecho de huelga.
  
  
• El motivo de la Ley Mordaza se encuentra en las tensiones existentes ante el desmantelamiento del Estado Social. Ello está convirtiendo un conflicto social en un conflicto de orden público que se centran en actuaciones críticas que están resultando especialmente molestas para el poder político, como las movilizaciones de distintos colectivos sociales, la ocupación pacífica de entidades bancarias o la convocatoria de manifestaciones y concentraciones a través de las redes sociales.
  
  
• La severidad de las penas y sanciones administrativas, generará un efecto de desaliento en el ejercicio de los derechos fundamentales, ante el riesgo de que eventuales circunstancias puedan provocar en el marco de una manifestación o de una reunión la privación de libertad o la insolvencia económica, lo que suponen un impacto considerable que erosiona nuestro sistema de derechos fundamentales.

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