En pocas palabras. Desmontando mentiras

15M-RONDA. Rosa Pitarch Vicente una mujer de 81 años falleció en Reus durante la madrugada de un lunes de noviembre entre llamas y humo después de dos meses sin suministro eléctrico por impago, y si no fuese poco, también querían desahuciarla. Pero no es sólo Rosa, 7 millones de personas tienen dificultades para pagar la factura de la luz y más de 5 millones se quedarán sin calefacción durante este invierno.

Así, cada año mueren en España más personas por falta de suministros en sus hogares que por accidentes de tráfico. Durante años, recibo a recibo, las compañías eléctricas nos han ido desplumando hasta embolsarse un sobrecoste de... ¡3.600 millones de euros! Además, las tres mayores eléctricas se han embolsado más de 56.000 millones de euros en beneficios desde el inicio de la crisis/estafa. Todo ello no habría sido posible sin la complicidad de diferentes gobiernos, que para colmo no han parado de inyectar ayudas multimillonarias al sector eléctrico.

Desde el estallido de la crisis/estafa en 2007 la pobreza energética se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos en España, al haberse sumado al desempleo y a la reducción de salarios una escandalosa subida de la tarifa eléctrica. Tan sólo en los últimos seis meses, el recibo se encareció en un 25%.

La principal razón que argumentan las empresas eléctricas por el aumento de las tarifas es que pierden dinero, y por lo tanto, hay que pagarle una extra, a pesar de que en España se paga la tarifa más cara de Europa continental.

Afirma Cote Romero de la coordinadora de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético: “… lo que están ocultando es una permanente transferencia de la renta de las personas consumidoras de la luz a las grandes corporaciones, a las eléctricas”, esto es, Endesa, Iberdrola, Gas Natural-Fenosa, Viesgo y EDP que, junto con Red Eléctrica de España, controlan cerca del 90 % del mercado de la electricidad.

Según el reciente informe “El Coste real de la energía", los hogares entregaron a través de la factura de la luz a las grandes eléctricas entre 60.000 y 80.000 millones de euros en “pagos ilegítimos” entre 1998 y 2013. Y pretenden que la transferencia continúe, al menos, hasta 2027. Pero, ¿cómo se llegó a esta situación?.

De servicio público a privado.

Hasta 1997, el suministro eléctrico estaba completamente regulado. El Estado establecía lo que las personas consumidoras tenían que pagar, pero también lo que las eléctricas tenían que cobrar. Sin embargo, el 27 de noviembre de ese año, el Gobierno de Aznar decidía dar un paso más en el proceso de privatización del sector y “abandonar la noción de servicio público”.

El Gobierno concedió ayudas a las eléctricas por valor de 7.327 millones, que aún hoy siguen pagando las personas consumidoras en su factura. A razón de 261 euros cada una. El segundo gran regalo del Gobierno del PP a las eléctricas se llamó “déficit de tarifa”. En el año 2000, el ministro de Economía, Rodrigo Rato, estableció un límite para el precio de la luz. Si el dinero que ingresaban las empresas a través de la factura de la luz era inferior a esos costes acordados, el Estado le debía esa diferencia a las empresas.

Esta deuda, aunque contabilizada como tal, no la paga realmente el Estado, sino millones de personas consumidoras, mes a mes, en su factura de la luz, que a finales de 2013, habían pagado a través de su factura 13.169 millones de euros en cuotas e intereses de la deuda, 470 euros cada una. Y quedan por pagar otros 27.700 millones de euros: unos 964 euros por persona.

Según el informe “El Coste de la energía”, si en 1997 no se hubiera cambiado la forma de calcular el precio de la electricidad, las familias se hubieran ahorrado en sus facturas de la luz 10.573 millones de euros, esto es, 377 euros por persona.

Pero el Gobierno del PP sigue regalando nuestro dinero a las eléctricas. El Consejo de Ministros aprobará en breve la subida de la luz con efecto retroactivo que el Gobierno ha ocultado en las dos últimas campañas electorales.

La energía no es un lujo es un derecho. Por ello exigimos que se cumpla la legislación europea sobre suministro eléctrico, que obliga a los Estados miembros a proteger a las personas usuarias vulnerables y a prohibir los cortes de luz en periodos críticos (artículo 3 de la Directiva 2009/72/CE, de 13 de julio de 2009).