Como ocurrió en la Gran Recesión, la crisis provocada por la COVID-19 podría tener un efecto devastador en el ámbito de la vivienda.

lamarea.com.- Los colectivos antidesahucios tendrán un otoño caliente. La paralización de los desalojos durante el estado de alarma llega a su fin, lo que dejará sin protección a miles de familias. Las previsiones del Banco de España, además, no invitan al optimismo. Este organismo ha publicado hoy sus pronósticos económicos para 2020, 2021 y 2022 y, en el mejor de los casos, el paro alcanzará el año que viene el 19,4%. En el peor, dice, llegará al 22,1%.

El temor de las asociaciones por el derecho a la vivienda es que, tras la tregua, todos los expedientes acumulados mes tras mes desde el inicio de la pandemia se ejecuten ahora de golpe. En Barcelona, el proceso ya ha comenzado. El pasado martes se produjo el desalojo de una madre con cuatro hijos en el barrio del Besòs i el Maresme. El centenar de personas que se concentró a las puertas de la vivienda no pudo impedir la ejecución por parte de los Mossos d’Esquadra.

“No cobramos salario, no pagamos alquiler” fue un eslogan promovido por la Coordinadora de Vivienda de Madrid durante el estado de alarma, cuando se llegó a hacer un llamamiento a la huelga de inquilinos. Las medidas tomadas entonces por el Gobierno aplacaron los ánimos pero el problema sigue encima de la mesa. ¿Qué hacemos si no podemos hacer frente al alquiler o a la hipoteca? ¿Está relacionada esta cuestión con la ofensiva política y publicitaria sobre la okupación de pisos?

En la sesión de control del Congreso, el número dos del Partido Popular, Teodoro García Egea, llevó hoy hasta el hemiciclo la cuestión de la okupación. “¿Usted está del lado de los okupas o de los ciudadanos?”, preguntó al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. “El problema de la vivienda en España no es la okupación. Es el precio de los alquileres, es la especulación y es que en España, como consecuencia de la acción de gobierno del PP, los fondos buitre son el principal casero”, respondió Iglesias, antes de recordar el artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho de todos y todas a una “vivienda digna y adecuada” y el deber de los poderes públicos de “impedir la especulación”.

Según la Plataforma de Afectad@s por la Hipoteca (PAH), España se ha convertido en un “paraíso para los especuladores”. Cada día se producen 200 desahucios, de los cuales casi el 70% son ya por impago de alquiler. Y la situación irá a peor. La PAH prevé “un repunte alarmante de los desahucios” provocado por el covid.

Pero la crisis de la vivienda no afecta solo a España.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha pedido que se congelen los alquileres ante la inminencia de una ola de desahucios sin precedentes. El Banco de Inglaterra advirtió hace unos meses de que la economía británica podría hacer frente a su mayor caída en los últimos 300 años. Ya en abril, el PIB se contrajo un 20,4% y las previsiones más alarmistas hablan de un crecimiento del paro del 9% a final de año (ahora está en el 4,1%). Según 187 ayuntamientos ingleses, medio millón de personas está en “riesgo alto” de quedarse sin un techo bajo el que vivir.

En Francia, entre 2008 y 2018, los desahucios aumentaron un 40%. Allí, cada año se produce una tregua invernal que impide dejar a las familias en la calle durante los meses más fríos. Este año, debido a la pandemia, esa tregua se alargó hasta julio. La esperanza de muchas asociaciones era empalmar una tregua con la siguiente, que llegaría en noviembre, pero no será así. Su petición de “un año en blanco”, es decir, sin desahucios, no ha sido escuchada.

El aumento de la oferta en alquiler (hasta un 64% en París y un 52% en Niza) como consecuencia del descenso en la demanda de apartamentos turísticos tampoco ha reducido el precio de acceso a una vivienda.