15-M RONDA. EN POCAS PALABRAS.- “No murieron, los dejaron morir con la luz apagada y una mascarilla. Ese era todo el paliativo que tenían". "Tenemos informes médicos que dicen que muchos murieron de hambre y que otros murieron deshidratados porque no les dieron líquido y sus riñones dejaron de funcionar”, recalca Enriqueta López, hija de una mujer fallecida en abril de 2020 en una residencia de ancianos.

Su intención, asegura, no es otra que exigir a los dirigentes políticos y a la Fiscalía que dejen de “obstaculizar” las investigaciones y permitan a las familias conocer la verdad. Amnistía Internacional desmonta la tesis de Ayuso sobre la muerte de ancianos en Madrid: "Fueron abandonados a su suerte" y denuncia que el Gobierno regional vulneró el derecho a la salud de las 7.291 personas que murieron por Covid en las residencias públicas de mayores.

Las 7291 muertes ocurridas en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid sin atención hospitalaria durante marzo y abril de 2020 constituyen una de las mayores tragedias de la democracia en España. Según la Comunidad de Madrid, el 65% de los mayores derivados a hospitales sobrevivieron. Si se proyecta esta cifra sobre los enfermos que permanecieron en residencias, podrían haberse salvado 4.000 personas.

Las Residencias de Mayores en la actualidad, al igual que otros servicios sociales públicos sufren los recortes y/o privatizaciones por parte de las instituciones responsables (Estado, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos) poniendo en primer lugar la rentabilidad y el negocio en lugar de las personas.

Tres años del confinamiento por Covid, 34.571 mayores fallecidos en residencias españolas y ni una condena. En Madrid fallecieron sin atención hospitalaria el 77% de los residentes y en Cataluña el 72%.

"Amnistía Internacional documentó cinco violaciones de derechos humanos (vulneración del derecho a la vida, a la salud, del derecho a la no discriminación, del derecho a la vida privada y familiar y del derecho a una muerte digna) cometidas contra las personas mayores residentes y nadie ha rendido cuentas por ello".

Más grave aún, las personas mayores residentes estuvieron prácticamente aisladas por completo de sus familiares y del mundo exterior durante semanas. El aislamiento tiene un profundo impacto sobre la salud física y mental de las personas mayores, reducción de la movilidad y las funciones cognitivas, pérdida del apetito, depresión, pérdida general de la voluntad y el deseo de vivir, etc.

Marea de Residencias reclama que se esclarezca si los fallecimientos estuvieron asociados a decisiones políticas, administrativas o de gestión y se indague el origen y la autoría de resoluciones prohibitivas que impidieron que los residentes fueran trasladados a centros sanitarios, "tal y como dicta el Auto de fecha 18 de diciembre de 2020 del Tribunal Supremo (pág. 78), sin que hasta ahora se haya hecho así".

A través de un comunicado de Amnistía Internacional, "seis instituciones del Estado han abandonado a las familias de las víctimas perpetuando la impunidad —aseguran —. Ni Gobierno central ni autonómico, ni Congreso de los Diputados, ni la Fiscalía General del Estado ni Defensoría del Pueblo ni el Consejo General del Poder Judicial han hecho los deberes para modificar esta situación y resarcir a las víctimas cuyos derechos han sido violados".

"Es necesaria la reapertura de los casos archivados por la Fiscalía y que las autoridades reconozcan públicamente lo sucedido con un acto en el que se comprometan a buscar la verdad y garantizar la justicia y la reparación para todas las víctimas".