En pocas palabras, ¿En manos de quiénes estamos?

15-M RONDA.- Ya estamos en manos del CETA, el Acuerdo Económico y de Comercio que la Unión Europea ha cerrado con Canadá, un tratado de libre comercio destinado a facilitar los intercambios económicos entre las potencias a uno y otro lado del Atlántico. Porqué decimos NO al CETA. Por que facilitaría la exportación de transgénicos; aumentaría el precio de los medicamentos, perjudicando así a las personas con menos recursos económicos; también atenta contra los derechos laborales y los servicios públicos; incentiva el transporte transatlántico, la comercialización del petróleo más sucio, aumentando las emisiones de CO2, incumpliendo el recién firmado acuerdo climático internacional de París; además, cuando hay crecimiento económico, los beneficios no se reparten a las mayorías sociales.

Según el Consejo de los Canadienses, la mayor organización de acción social de Canadá, el CETA provocará una caída del 0,5 % del Producto Interior Bruto de la UE y del 1 % del PIB de Canadá. Conllevará la pérdida de 230.000 empleos de aquí a 2023, la mayoría en Europa, y presionará a la baja los salarios. De acuerdo con las proyecciones del Centro Austriaco de Investigación para el Desarrollo los beneficios para cada europeo serían de 20 euros al año.

Más allá de las cifras, “El CETA busca una restricción deliberada de la soberanía democrática y del margen de maniobra política de gobiernos y parlamentos” dice Tom Kucharz, portavoz del movimiento ‘No al TTIP’, que agrupa en Estado español a quienes se oponen a estos tratados.
Se mantienen “los privilegios que permitirán a las grandes empresas reclamar millones de euros en compensaciones cuando las leyes limiten su capacidad de ganar dinero” dice Pia Eberhard, del Observatorio Corporativo Europeo (CEO).

Por otro lado, el Sistema de Tribunal de Inversiones es un mecanismo que establece cortes de arbitraje especiales para que los inversores extranjeros puedan demandar a los estados y dirimir los conflictos sin pasar por los tribunales ordinarios de cada país.

Las empresas podrán frenar reformas que busquen mejorar la protección del medio ambiente, los estándares laborales o blindar ciertos sectores si alegan que perjudican sus intereses. Además, unas 46.000 filiales de compañías estadounidenses a través de sus filiales canadienses podrían demandar a la UE con este sistema.

El acuerdo limita el poder de los gobiernos para introducir criterios sociales, medioambientales o de género a la hora de diseñar los servicios públicos y adjudicar su prestación. Las normas que permiten el acceso mutuo a los mercados de servicios exigen que no se discrimine a las empresas extranjeras con lo que no se podría favorecer la producción local, por ejemplo, apunta un informe encargado por el Grupo de la Izquierda Unitaria en la Eurocámara.

La Federación Europea de Trabajadores del Sector Público (EPSU) teme que acaben primando los criterios mercantiles sobre las necesidades de las personas europeas y se fomente la privatización. Las ONGs alertan de la liberalización de los productos agrícolas porque Ottawa no cumple los estándares medioambientales de la UE.

Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción, cree que “la Comisión Europea pretende volver a legitimar un sistema contrario al Estado de Derecho y peligroso para la democracia”, que “da privilegios a inversores extranjeros, frente a pymes y ciudadanos”.

Estos tribunales también han sido criticados por el experto de la ONU en derechos humanos Alfred Zayas, para quien “ha llegado el momento de abolirlos”. “La ideología del libre mercado tiene que dar paso al sentido común y al compromiso de respetar los derechos humanos, alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y atajar los retos urgentes del cambio climático”.