desinformemonos.org. Alicia Alonso.- A raíz del reinicio de los bombardeos israelíes indiscriminados a la población gazatí, en el genocidio en curso Itamar Ben-Gvir ha vuelto a asumir el cargo de Ministro de Seguridad Nacional. Este puesto lo había abandonado hace apenas un mes (en enero), en protesta por el acuerdo del alto al fuego que en su día se alcanzó sobre Gaza y que hoy ya es papel mojado.
Itamar Ben-Gvir es un político ultraderechista israelí del partido de ideología supremacista judía y antiárabe, Poder Judío, que como Ministro de Seguridad Nacional tiene bajo su mandato a la Policía Nacional, la Guardia de Fronteras y al Servicio de Prisiones Israelí (IPS). El Servicio de Prisiones Israelí (IPS) es el órgano que se encarga de la administración de las prisiones y la custodia de las personas presas y que también gestiona las cárceles dónde encierra a las personas palestinas secuestradas de su territorio y trasladas a estas prisiones en clara vulneración del IV Convenio de Ginebra.
Ya antes de asumir el cargo de ministro, propuso como parlamentario modificar la Ley de Ordenanza Penitenciaria para que se empeoraran las condiciones de vida de las personas palestinas presas, instando a deteriorar la calidad de la comida (prohibiendo suministrarles carne, ni pescado), limitar las visitas con los familiares a una vez al año o denegar los servicios de salud que supusieran mejorar su calidad de vida. Además, pidió de forma reiterada la pena de muerte para los presos palestinos calificados de “terroristas”1. Por lo que ya ha sido tildado como un aprendiz avanzado de Heinrich Himmler (el que fuera jefe de las SS y que controló los campos de concentración nazis).
Al hacerse cargo del Ministerio que gestiona el IPS, en diciembre del 2022, las primeras medidas que planteó fueron, entre otras, el cierre de las panaderías al interior de las prisiones para evitar que la población palestina presa pudiera hacer y comer su propio pan en la cárcel, reducir el tiempo para ducharse a 4 minutos, censurar los canales de televisión y eliminar la filiación organizativa para evitar que las personas presas de la misma organización fueran colocadas juntas.
Desde el 7 de octubre del 2023, como hemos visto, la vida se ha vuelto invivible para la población palestina, también en las prisiones. Empezando por la implementación de una campaña de arrestos indiscriminados, que ha supuesto una situación de hacinamiento que agravan aún más las condiciones de vida al interior de las cárceles. Pese a las excarcelaciones llevadas a cabo en las últimas semanas, la población palestina presa se ha incrementado de manera exponencial, hasta llegar a más de las 10.000 personas.
Otra de las medidas que se han tomado ha sido incrementar el encierro, aislándolas aún más de cualquier contacto con el exterior, al prohibirse las visitas de las familias y convertir el derecho a asistencia letrada en una permanente carrera de obstáculos. Además, se ha vetado a las organizaciones internacionales el acceso a las mismas, incluido el Comité Internacional de la Cruz Roja, que tiene la exclusiva misión, encomendada por los Convenios de Ginebra de 1949, de ayudar y proteger a las personas afectadas por conflictos armados.
Desde esa fatídica fecha del 7 octubre, el IPS se ha negado a proporcionar información sobre ubicación, condiciones y destino de personas presas. Muchas peticiones por el destino de familiares desaparecidos quedan sin respuesta, y hay casos en que personas que han sido liberadas o fallecidas se reportan como aún detenidas, y viceversa. Estos casos constituyen desaparición forzada, según la organización Physicians for Human Rights Israel, y generan una preocupante incertidumbre sobre la situación y el paradero de las personas en cuestión.
Las condiciones materiales han empeorado aún más, limitándose el acceso al agua y a la electricidad. Algunos testimonios de sobrevivientes narran que han estado sin poder ducharse durante semanas. También se ha prohibido cualquier compra de comida del exterior y se ha reducido el suministro de alimentos, lo que ha provocado una desnutrición generalizada, como hemos podido comprobar por las imágenes de los reclusos liberados. Situación que se ha deteriorado con la llegada del Ramadán, ya que ni siquiera se les suministra el “suhur” (la comida antes del amanecer). Además, se han reducido la cantidad de ropas, mantas y artículos de higiene personales que podían tener consigo, lo que ha provocado una epidemia de sarna en todas las prisiones, cuyos síntomas se han visto agravados por la desatención médica generalizada. La política de negligencia médica deliberada que leva aplicándose años, busca agotarlas física y mentalmente y ha condenado a muerte a muchas de ellas.
También se han incrementado las prácticas de tortura a través de la violencia física, sexual, psicológica y verbal dirigida contra todas las personas presas palestinas, perpetrada de forma arbitraria y amenazante. Todas estas circunstancias han provocado que el año pasado murieran 60 prisioneros, de los cuales 45 eran originarias de Gaza.
El último informe de la organización israelí B`Tselem sobre el encarcelamiento de población palestina en las prisiones del ocupante, no por acaso, se titula “Bienvenidos al Infierno: el sistema penitenciario israelí como una red de campos de tortura”. Un infierno del terror que forma parte, sin duda, de la misma estrategia genocida.