Sarah Babiker. elsaltodiario.com.- El aumento de la llegada de migrantes por la ruta atlántica ha sido respondido con la reapertura de centros de internamiento de extranjeros y la deportación de numerosas personas a Mauritania, en gran parte procedentes de Mali, país en conflicto.

El domingo 9 de febrero, un tweet de Helena Maleno se convertía en un nuevo parte de la guerra que se libra día a día en las fronteras de la Fortaleza Europa. “Al menos dos muertas y diecinueve supervivientes en la patera encontrada a 800 km de Canarias, en pleno océano. Los familiares esperan saber si es la embarcación de 28 personas desaparecida desde hace dos semanas”, contaba la activista de Caminando Fronteras.

Salir del propio país como se pueda asumiendo todo tipo de riesgos, internarse en el océano, exponerse a la muerte misma, es algo que siguen haciendo miles de personas del Sur global. Aunque las fronteras europeas cada vez sean más sólidas y la posibilidad de atravesarlas más esquivas, la gente lo sigue intentando. Y desde el pasado verano cada vez son más las personas que prueban su suerte por la ruta del Atlántico.

En efecto, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) documentaba a principios de año cambios de tendencia en los flujos migratorios que vienen a estrellarse contra el espacio Schengen. Un muro cada vez más infranqueable como viene a probar la disminución en términos absolutos de llegadas, particularmente en el Mediterráneo central y el Occidental. Los números fueron los más bajos desde 2013: la situación en Libia, sustanciosamente incentivada para evitar las llegadas a Europa desde sus costas y escenario de graves violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes, supone un contundente elemento de disuasión. Marruecos también estaría cumpliendo su rol de alumno aventajado de la frontera externalizada: el tránsito por la ruta del Mediterráneo occidental descendió un 58% respecto a 2018.

Pero los factores de expulsión siguen ahí, y los conflictos en el Sahel, la situación en Afganistán o en Siria siguen siendo razones suficientes para buscar la suerte lejos. Las entradas aumentaron en tres rutas: en la vía griega fueron 139.000 las personas interceptadas, el mayor número desde que se firmara el acuerdo UE-Turquía en 2016. En la ruta de los Balcanes se doblaron las detenciones frente a 2018. Por último el tránsito por la ruta atlántica, con llegada a las Islas Canarias, se habría duplicado.

Montse Sánchez, integrante de Caminando Fronteras, dimensiona las consecuencias de este cambio: “La del Atlántico, obviamente, es una zona mucho más amplia. Esto hace que sea mucho más difícil ubicar las embarcaciones que pueden pasar mucho tiempo a la deriva, con pasajeros que mueren de sed o frío. También los rescates son más peligrosos”. A la peligrosidad de la ruta se unen las condiciones en las que estas personas son recibidas cuando sobreviven al viaje. “No se están preparando dispositivos para la atención de las personas que llegan, algo chocante porque ya se tiene experiencia de 2006 cuando llegaron 30.000 personas a las islas. Hay descontrol en la atención humanitaria, en las identificaciones, en los envíos a los CIE y en las deportaciones que están habiendo”, explica.

“En el último trimestre de 2019 llegaron el 82% de las personas migrantes que alcanzaron las islas en todo el año, y ahora en 2020 la cifra sigue ascendiendo”, cuenta el periodista Txema Santana integrante de CEAR Canarias. El cambio no ha sido solo cuantitativo: en cuanto a nacionalidad destaca una mayor diversidad, más ciudadanos malienses, pero también gente de Sudán o de Islas Camores. También cambia la composición, llegando cada vez más familias. Santana recuerda que más allá de estas características no hay nada nuevo en la llegada de personas de los países vecinos, “Canarias lleva 25 años recibiendo personas desde que llegó el primer cayuco, lo que nos sorprende es la falta de previsión”.

Archipiélago frontera

¿Cómo obrar ante dicho repunte? Según denuncian las organizaciones, la respuesta no ha ido precisamente en la línea de garantizar una acogida humanitaria. Por un lado, se ha apostado por la reapertura de dos CIE que permanecían cerrados: primero el de Barranco Seco, de Gran Canaria, el pasado noviembre. Próximamente volverá a estar operativo El Matorral, en Fuerteventura. Ambos se unen al que estaba ya en funcionamiento, Hoya Fría, situado en Tenerife.

Por otro lado se ha procedido a reactivar un acuerdo con Mauritania que data de 2003 y permite la deportación a este país de las personas migrantes que hayan transitado por su territorio. Las organizaciones han señalado fuertes dudas sobre el respeto a los derechos de los migrantes deportados en estos vuelos fletados por el Frontex.

“Teníamos constancia de un avión en el que iban 55 personas de Mali, dos de Senegal y una persona de Mauritania. Corresponden a una embarcación que llegó el 27 de enero a Islas Canarias”, cuenta Sánchez. Es por este caso concreto que Caminando Fronteras ha presentado una queja al Defensor del Pueblo: “No sabemos muy bien si es que ha habido errores en la identificación de las personas o si realmente les ha dado igual y les han mandado a todos a Mauritania”.

Para Santana, Mauritania está desarrollando un rol clave en la respuesta a estas nuevas llegadas, “los vuelos de repatriación se están haciendo especialmente a Mauritania y es la policía mauritana la que está recibiendo a las personas, algunas de ellas nos han trasladado que ya se encuentran en Mali: la policía mauritana los llevó hasta la frontera. Su papel está siendo el de guardiana de Europa. El papel clásico que viene jugando Marruecos”.

En un comunicado del pasado 3 de febrero CEAR Canarias denunciaba que, bajo el amparo del acuerdo de 2003, España había deportado a más de cien migrantes provenientes de Mali a Mauritania, devolviendo así indirectamente a personas con derecho a pedir protección internacional. Según recordaba la entidad, ACNUR alertaba ya en agosto de 2019 sobre el conflicto en Mali e instaba a garantizar el derecho a refugio de los nacionales del país.

En total serían cuatro los vuelos documentados por el Defensor del Pueblo —a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura— a Mauritana desde junio de 2019 en los que se procedió a deportar a ciudadanos malienses que partieron de las islas destino al aeropuerto de Nuadibú. El primero de estos vuelos tuvo lugar en junio de 2019, el segundo en septiembre, y los dos últimos el 20 y el 27 de enero.

Deportaciones y CIE vienen a profundizar en un modelo de securitización de las fronteras en el que las Islas Canarias tienen un lugar estratégico. “La securitización supone una invasión de lo militar, de la lógica de la violencia, en la respuesta a todas las situaciones de conflicto”, apunta Koldobi Velasco, integrante de Alternativa Antimilitarista, MOC.

Esta docente de Trabajo Social de la Universidad de Gran Canaria recuerda que en la doctrina de seguridad nacional se plantea la inmigración irregular como un problema de seguridad al nivel del terrorismo, los conflictos armados o el crimen organizado. Una amenaza a enfrentar a través de un enfoque militar-policial. En esta lógica de control de los flujos migratorios, las islas ocupan un espacio estratégico, hecho que se refleja en una alta militarización. “Es la quinta comunidad española en número de efectivos militares, con casi un militar por cada 233 residentes”. Velasco ofrece un número para dimensionar: en el archipiélago habría “una trabajadora social contratada por cada 24075 personas”.

“Estas necropolíticas de fronteras, son políticas de disuasión que consisten también en hacer las rutas migratorias más peligrosas”, apunta Velasco como premisa. En esta lógica, el Frontex —“una agencia de deportación, donde lo que se refuerza es un imaginario colectivo de que las personas que migran son criminales. Que hay que aislarse del exterior, que hay que controlar las fronteras”— cuenta con una sede en Gran Canarias y una amplia presencia en el archipiélago.

Según recoge el Centro Delàs de Estudios por la Paz, el Frontex, cuyo rol fue reforzado a partir de 2016, ha visto su presupuesto sensiblemente incrementado en los últimos años. En 2019 contó con 333 millones de euros frente a los 6,2 millones de euros que se le adjudicaron en 2005, el año de su creación. A las deportaciones dedicaría en 2019 63 millones, frente a los 80.000 reportados en 2005. Pese a su alto presupuesto, el Frontex no cumple labores de rescate.

En el trasfondo, un enorme negocio de volumen ascendente para la industria militar y de seguridad, que se lucra vendiendo armas a los países de cuyos conflictos huyen miles de migrantes, y vuelve a lucrarse vendiendo los equipos de seguridad y control de fronteras que se usan para evitar que esos mismos migrantes lleguen a tierra europea, denuncia Velasco, quien da nombres: “Las principales beneficiarias son Thales (radares y sensores), Leonardo (helicópteros y drones) y Airbus (helicópteros). Ejercen un fuerte lobby en la UE. Son empresas que están entre los cuatro primeros distribuidores de armas a Oriente Medio o el Norte de África”. En España Indra sería el ejemplo paradigmático, apunta Velasco. A este doble necronegocio se le añade lo que la activista considera un hecho muy grave: la compra de equipos y tecnología de vigilancia al Estado de Israel por parte de la Unión Europea.

Por la hospitalidad

Contra el Frontex, los CIE y la militarización de las fronteras el Grupo de Acción Directa NoViolenta Gran Canaria, al que pertenece también Velasco, ha desplegado acciones en los últimos años. “Una de las más importante fue el acto que hicimos ante la sede del Frontex, comenta Itahisa Calderón, involucrada también en la Plataforma Canarias Libre de CIE”. El colectivo ADNV lo integran personas que pertenecen a diversos espacios de militancia. “España está en guerra en la Frontera” es el ilustrativo nombre de su programa de radio.

Además de apuntar al Frontex, en ADVN se encargan de visibilizar a través de pequeñas acciones lo que pasa en los centros de internamiento de extranjeros. “Si se acepta todo esto es porque la gente no se entera, está desinformada. El CIE está plantado en medio de la capital y la gente no sabe lo que pasa ahí dentro, ni siquiera los propios vecinos y vecinas que viven al lado”, dice Calderón. En su opinión la sociedad Canaria es “acogedora” gracias a una “sensibilidad” derivada de su propio pasado —y presente— migrante. Es el racismo institucional lo que quieren combatir, y es frente a las instituciones que programan sus acciones. “El discurso que tenemos ahora es que otro modelo de acogida es posible”.

“Nosotros apostamos por una acogida humanitaria, sin CIE”, expone Santana. Para este integrante de CEAR la posición geográfica de las islas tiene unas implicaciones que, piensa, quizás no se entiendan del todo en la península: “Canarias es África, las personas que llegan a veces se sienten aisladas. Para estas personas, muchas veces, Canarias significa una cárcel a cielo abierto. En sus procesos migratorios han llegado hasta aquí, pero después, ¿cómo salen?”

Frente al mencionado acuerdo del 2003, desde CEAR reivindican un real decreto de 2007, tras la crisis de los cayucos “en el que se hablaba de que las personas que llegan a Canarias no llegan a Canarias, llegan al Estado”. Para Santana este punto es central, por ello alerta ante las presiones de algunos países europeos —mencionadas por algunos medios— para que quienes llegan a Canarias no sean trasladados al Norte: “Gestionar no es poner un tapón en Canarias, es hacer partícipe a Canarias de una política de estado y que las personas puedan tener una continuidad en su procesos migratorios quizás estando más próximos a familiares u otras personas que ya están en la península”.

Santana piensa que aún hay tiempo para tomar decisiones, lejos aún de que se empiece a dar una saturación en la ruta, como en el caso de Grecia. Recuerda que después de todo son profundas las relaciones históricas con los países de la región: “Nos gustaría que hubiese un marco digno de acogida y de vecindad, porque al final somos vecinos y vecinas“, recalca.