Pere Ortega. Centre Delàs.- Desde 2018 el Estado español ha funcionado con un presupuesto prorrogado y aprobado por el entonces gobierno del Partido Popular, finalmente, el nuevo gobierno de coalición entre PSOE y Unidas-Podemos ha presentado un nuevo presupuesto para el año 2021 para su aprobación en el Congreso de Diputados.

Un presupuesto consolidado que alcanza la cifra de 550.486 millones de euros, sin las operaciones financieras de 416.498 millones, nada menos que un 19,4% más que el de 2020. Este importante incremento es debido, por un lado, a la inyección de 27.000 millones que la Unión Europea remitirá a España en 2021 como adelanto de los 140.000 asignados a nuestro país para hacer frente a la pandemia del Covid-19; y, por otra parte, porque se prevé algunas subidas de impuestos (de capital, IRPF, IVA, al diésel y la tasa Tobin). Sin duda un optimismo que no parece tener en cuenta la enorme crisis producida por la pandemia del Coronavirus y que no vislumbra una salida tan halagüeña como presenta ese crecimiento espectacular que presenta el borrador del presupuesto de 2021. Aunque, cierto es, que las propuestas del Gobierno, en su mayor parte, van destinadas a gasto social e inversiones para crear empleo, y, en ese sentido, hay que celebrar la voluntad de cambiar el pesimismo que hoy invade a la sociedad española y se hagan propuestas de incrementar de manera tan importante el gasto social.

Pero esas alegrías en el ámbito de las coberturas de las políticas sociales y de impulso al empleo tienen en el ámbito militar su lado más negativo, pues el presupuesto del Ministerio de Defensa consolidado (que incluye Organismos Autónomos, el Centro Nacional de Inteligencia y transferencias), crece en 664 millones, un 6,5% respecto a 2020 y alcanza la cifra de 10.863 millones. Y si se tienen en cuenta las partidas repartidas entre otros ministerios de carácter militar se alcanzan un aumento del 10,3%. Y esto es una mala noticia, porque la mayor parte de ese aumento se destina a promover nuevos Programas Especiales de Armamentos (PEA). Una parte, 676,5 millones a las empresas en base a créditos en I+D militar para desarrollar nuevas armas. Y otra aún más elevada, 3.266 millones de los cuales, 2.342 son para pagar la adquisición de esas mismas armas. Unos PEA que fueron aprobados durante el Gobierno del PSOE antes de su coalición con Unidas-Podemos que alcanzan casi 14.000 millones en su desarrollo durante los próximos diez años. Unas inversiones que en Defensa aumentan un 20,4%, con respecto al año 2020.

En el análisis del presupuesto de Defensa, no sólo se deben incluir los créditos del Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos, sino que también se deben añadir todas aquellas partidas que están repartidas por otros ministerios, algo que aconsejan organismos tan dispares como la OTAN y un centro de estudios sobre la paz, el SIPRI. Algo que es ineludible para saber con exactitud el gasto militar real que realiza cualquier país. En España, además, se debe incluir la diferencia entre el gasto inicial cuando se aprueba el presupuesto en el Congreso de Diputados y el gasto liquidado al finalizar el año y que este año 2020, según Hacienda, será de 933 millones más que los aprobados inicialmente, la mayor parte de los cuales son para sufragar las misiones militares en el exterior, partida que está infravalorada y que todos los años hay que suplementar. Una fórmula para amagar el gasto real de esas misiones que este año de 2020, según Defensa, ascenderá a 1.180 millones €. Lo cual nos induce a hacer la media de los últimos cinco años e incluir la cifra resultante.

Además, hay que añadir la parte proporcional de los intereses de la deuda, pues si el Gobierno se endeuda para hacer inversiones en armamentos e infraestructuras militares, es de recibo que la parte proporcional que corresponde a Defensa se incluya como gasto militar. Entonces el presupuesto final de Defensa aumenta un 9,4% y alcanza la colosal cifra de 21.618 millones €, que supone un 1,8% del PIB español. Algo que representa que diariamente España gasta 59 millones en defensa y que la ciudadanía contribuye con 456 euros anuales de su bolsillo para financiar las fuerzas armadas.

Un enorme dispendio de gasto que no se justifica por las amenazas militares que se ciernen sobre España, pues éstas no prevén ningún ataque exterior, ni guerra en que ni España ni la UE se puedan ver envueltas. Entonces, ¿Por qué ese colosal gasto en armas que acabaran su vida útil sin haber cumplido ninguna función que justifique su adquisición? Pues, falso es que salvaguarda y crea puestos de trabajo y ayuda a relanzar la economía, cuando numerosos estudios empíricos demuestran que cualquier inversión militar es mucho más rentable en el ámbito civil.

En el ámbito militar este presupuesto no tiene nada de social ni progresista.

Comunicado del Centre Delàs sobre el debate del Presupuesto español de Defensa 2021

El Gobierno debe reducir el presupuesto militar propuesto para 2021 y destinar estos recursos a responder a la crisis sanitaria del COVID-19

El Gobierno español ha realizado una propuesta de PGE en materia militar que reflejan la perpetuación de uno de los principales males de la evolución de los gastos militares en España, la justificación de buena parte de los mismos para la creación de puestos de trabajo en la industria armamentista.

Es falso que las inversiones militares generan empleo

En primer lugar señalamos que las inversiones públicas deben regirse por la eficiencia y la eficacia, y si la mejor manera de crear empleo es invertir en empresas de armas, debería cuanto menos estar probado científicamente. El Watson Institute de la Brown University lo ha hecho y demuestra en un informe de 2014 que el gasto militar genera un 50% menos de puestos de trabajo que el gasto en educación o en la producción de energías renovables.

Destacan en este sentido, por especialmente controvertidos e inapropiados, los gastos destinados a la adquisición futura de los Programas Especiales de Armamento con un aumento del 44,68% de los créditos a la I+D militar que alcanza los 676 millones de € para financiar a través de estas ayudas a las empresas de armas que los están fabricando. Para el mismo fin destaca una elevada partida de inversiones militares, 3.266 millones de euros, de los cuales se destinan 2.341 millones a pagar estos grandes programas de armamento de más que dudosa utilidad en cuanto a su contribución a la seguridad y paz del país, y de nefasto impacto en la economía nacional, desviando ingentes recursos al enriquecimiento de unas pocas empresas de armas.

Por ello, desde el Centre Delàs denunciamos la voluntad política de los presupuestos militares españoles de 2021 de optar por desviar dinero público hacia la industria militar fruto de la aprobación de inversiones en armas del Consejo de Ministros del 14/12/2018 para siete nuevos Programas Especiales de Armas (PEA) con un coste de cerca de 14.000 millones €, para ser fabricados entre 2019 y 2032 que hipotecarán de nuevo las cuentas públicas generando mayor déficit y deuda pública. Las armas que el gobierno está pagando son las siguientes: cinco fragatas F-110 por un importe de 4.325 M€; 248 blindados 8×8 Dragón de un coste de 2.100 M€; actualización del avión F-2000 con una aportación de 906 M€; 1.172 M€ para el submarino S-80, para subsanar los defectos de ingeniería que impedían que flotara; 1.451 M€ para los helicópteros militares NH-90; 1.200 M€ para modernizar los helicópteros Chinook; y 1.617 M€ para dos satélites de comunicación militar.

No es cierto que más armas den más seguridad

Así que, si no hay justificación económica que sostenga la decisión política de invertir en armamento, ¿por qué en España se gasta tanto dinero público en la adquisición constante de nuevas y costosas armas? ¿Depende la seguridad nacional de ello? La actual crisis sanitaria demuestra lo contrario, ya que ha quedado demostrado que la principal amenaza a la seguridad –a la vida– de los habitantes del país, con cerca de 40.000 víctimas mortales en tan solo ocho meses, no ha sido resuelta con las decenas de miles de millones de € invertidos en armas las anteriores dos décadas. ¿De qué han servido estos meses los aviones de combate, los buques de guerra, los blindados, los misiles…? De nada.

No es demagogia decir que no es momento para gastar en armas, es urgente y prioritario invertir en salud y en crear empleo. La expansión y letalidad de la segunda ola del Covid-19 en todo el Estado vuelve a demostrar que no se está haciendo lo necesario para garantizar la seguridad en España.

El gasto militar real es el doble del que anuncia el Gobierno

Por otra parte, un año más el debate en el Congreso de los Diputados sobre el presupuesto de defensa está sustentado en cálculos incorrectos. Es como hacerse trampas al solitario. No hay quien en la Comunidad Internacional, utilice únicamente el presupuesto del Ministerio de Defensa para referirse a los gastos en Defensa o Militares. Desde la OTAN hasta el SIPRI incorporan en sus cálculos los gastos militares en otros ministerios. En el Centre Delàs hacemos el cálculo anual para el caso español. El Gobierno propone realmente como gasto militar para el año que entra 21.618 millones de €, más del doble de lo anunciado y que es objeto de debate parlamentario. El gasto militar supone el 1,8% del PIB. Cabría preguntarse si la ciudadanía aprobaría que, dada la situación actual, el Gobierno dedique 456 euros por habitante a cuestiones militares.

En conclusión, de seguir adelante con estos presupuestos militares, el Gobierno debe explicar a la opinión pública en qué parámetros de eficiencia económica y beneficio social se ha basado la decisión de destinar miles de millones de € en los presupuestos de 2021 para la financiación y adquisición de grandes programas de armamento. Quisiéramos saber si sigue este Gobierno la estela de su predecesor y basa su seguridad en un obsoleto enfoque de la defensa centrada en la carrera armamentista, la militarización de las relaciones internacionales y la guerra. ¿De qué amenazas y riesgos a la seguridad nos protege la adquisición de los nuevos programas de armamento? ¿Qué diferencia en la seguridad y la paz en España y en el mundo existe entre comprar estas armas o no hacerlo? ¿Son los nuevos programas de armamento una prioridad para la seguridad nacional? ¿De qué manera las armas adquiridas y pagadas ya en estos presupuestos van a contribuir a la seguridad de la ciudadanía española y qué valor añadido van a tener sobre hacerlo en sanidad?

En conclusión:

1. El optimismo del Gobierno en el presupuesto de 2021 también alcanza al Ministerio de Defensa que aumenta un 6,3% respecto a 2020
2. Es muy preocupante que prosigan con los Programas Especiales de Armamentos que para los próximos diez años representan 14.000 millones de €, aparte de ese proyecto de avión de combate europeo FCAS, y que para 2021 se hayan presupuestado en I+D para ayudas a las empresas que los producen 676 millones.
3. Empresas que realizan los Proyectos PEAS que recibirán en 2021 la importante cifra de 2.341 millones. ¿Cuándo se piensa parar un gasto desmedido en armamentos bajo el supuesto que nos defienden de amenazas que no existen?