El próximo 20 de febrero se celebra el 25 aniversario de la insumisión. En concreto, el 20 de febrero de 1989 se presentaron públicamente en varios puntos del Estado Español los primeros insumisos, con la intención de hacer frente a la mili, a la llamada Prestación Social Sustitutoria, y también al militarismo y los ejércitos.

Este día nació la Insumisión; y gracias a esta estrategia de Desobediencia Civil se consiguió abolir el Servicio Militar Obligatorio: la mili. Por eso vamos a celebrar el 25 aniversario de la insumisión, organizando una serie de iniciativas; pero no porque creamos que el trabajo hecho este acabado, sino porque pensamos que hay mil razones para seguir desobedeciendo en la actual coyuntura de recortes sociales. 

PROGRAMA:

MIÉRCOLES, 19 DE FEBRERO:

Charla en “Zirika Gunea” (calle Ronda, 12. Antigua Liki) a cargo de Patxi la Fuente (abogado y miembro de SOS Racismo), bajo el título: Nuevas leyes de excepción contra la disidencia civil. 

A partir de las 19:30 horas se analizará la “Ley de Seguridad Ciudadana” y la nueva “Reforma del Código Penal”.

JUEVES, 20 DE FEBRERO:

De nuevo en “Zirika Gunea” (calle Ronda, 12), y a partir de las 19:30 horas, mesa redonda en torno a diferentes experiencias de Desobediencia Civil. 

En concreto participarán tres ponentes: 

-Julio Villanueva (“Tartalaris” Anti-TAV): una de las personas acusadas de los “Tartazos” a Yolanda Barcina;

-“Bizardun Arrantzaleak – Arrantzales Barbud”s”: una de las personas juzgadas por desplegar una Ikurriña de grandes dimensiones en el trascurso del txupinazo de San Fermines del año pasado.

-“Luchas desde los años 80 por el derecho al aborto”.

SABADO, 22 DE FEBRERO:

12.00 KALEJIRA RUIDOSA CONTRA EL MILITARISMO y POR LA DESOBEDIENCIA CIVIL. Bajo el lema “La música militar no nos gusta para bailar”; se contará con la participación de la elektro-txaranga “Orkresta NAZIonal”. Desde la Plaza Zabalburu, rodeando el Gobierno Militar, hasta el Casco Viejo de Bilbao

15.00. Lunch popular en el Casco Viejo, en el local alternativo “Zirika Gunea” (Ronda 12. Antigua Liki).

Exposición de carteles desde el lunes 17 al 22 de febrero en “Zirika Gunea”.

Horario: Mañanas de 10:00 a 14:00 horas. Tardes de 17:00 a 19:30 horas

BREVE REPASO HISTÓRICO DE LA INSUMISIÓN

Antecedentes.

Los primeros objetores de conciencia que sufrieron represión y prisión en el estado español fueron los testigos de Jehová, en la posguerra franquista. Se trataba de una objeción de conciencia de motivaciones exclusivamente religiosas. Entre 1958 y 1976 fueron encarcelados 285 objetores, y el total de las condenas sumó 3.218 años.

1. La objeción de conciencia por razones anti-militaristas.

El primer objetor de conciencia que fundamentó su desobediencia en razones políticas y antimilitaristas, y no solamente religiosas, fue Pepe Beúnza, que se declaró como tal en 1971. Estuvo preso hasta 1974. La Ley de Amnistía de 1977 benefició también a los objetores, siendo excarcelados los 220 que se encontraban presos en aquel año.

Desde entonces, y hasta la aprobación de la Ley de Objeción de Conciencia (LOC) en 1985, existió un vacío legislativo sobre esta materia. Durante este período no se produjo encarcelamiento alguno.

A partir de su aprobación desde los colectivos antimilitaristas desarrollamos la campaña denominada “Declaración Colectiva de Objeción” donde manifestábamos nuestro rechazo a esta ley que no abolía el Servicio Militar sino que creaba la figura de la Prestación Social Sustitutoria (PSS) a la vez que se criticaba la creación de un tribunal, el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia (CNOC), que valoraba los argumentos que presentaban los objetores para rechazar la realización de la mili; pudiendo estos ser rechazados y obligados los objetores a realizar el servicio militar. 21.490 personas optaron por esta forma de desobediencia –los cuales fueron amnistiados cuando la Ley de Objeción de Conciencia se puso en marcha en 1989-. Durante todo este tiempo los únicos objetores de conciencia encarcelados fueron los objetores sobrevenidos, jóvenes que declararon su objeción mientras se encontraban realizando el servicio militar – figura que tampoco reconocía la Ley de Objeción de Conciencia-, y que fueron reconocidos como presos de conciencia por Amnistía Internacional.

2. Comienzo oficial de la campaña de insumisión al servicio militar y a la prestación sustitutoria.

Tuvo lugar el 20 de Febrero de 1989 como respuesta a dos hechos principales: la puesta en marcha de la prestación sustitutoria -ante la cual los colectivos antimilitaristas ya habían anunciado su desobediencia mediante la llamada Declaración Colectiva de Objeción- y el cambio de actitud del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia (CNOC). Este había dejado de reconocer como objetores a quienes venían presentando la Declaración Colectiva; de este modo, numerosos objetores empezaron a ser llamados a realizar el servicio militar, mientras que otros, los legales, recibían órdenes de incorporación al servicio sustitutorio. El primer llamamiento a realizar la prestación sustitutoria (PSS) tuvo lugar en abril. Varios días después se presentaron los primeros insumisos a la PSS, en Barcelona.

Un elemento innovador fue el de las autoinculpaciones, por cada insumiso 4 personas se auto acusaban de haber inducido al delito, lo que es un infracción. Ninguno llego a ser encarcelado por esto.

3. Primeros juicios a insumisos.

El primer juicio militar contra insumisos se celebró el 16 de noviembre de 1989; Carlos Hinojosa y Josep Maria Moragriega fueron condenados a 13 meses de prisión cada uno. Ante el profundo desprestigio que estaba sufriendo la institución del ejército el Ministerio de Defensa optó por la represión selectiva: hasta diciembre de 1991 solamente se celebraron 13 consejos de guerra en total, cuando por esas fechas ya se habían declarado 1.200 insumisos al servicio militar. En 1989 tan sólo 31 insumisos (el 8.5%) resultaron detenidos, y su estancia media en prisión -preventiva- se redujo a 18 días.

Entre los encarcelamientos en prisión militar -régimen de preventiva- que se produjeron varios correspondieron a los desertores de la Guerra del Golfo –invasión de Irak- del año 1991. Éste fue el caso del vecino de Santurtzi Asier Sánchez, desertor de una las corbetas enviadas al conflicto bélico.

En total, y hasta 1991, poco más de un centenar de insumisos pasó por las cárceles militares en régimen de prisión preventiva.

El primer juicio contra insumisos a la prestación sustitutoria al servicio militar (PSS) se celebró el 21 de enero de 1991, en Albacete, contra seis insumisos. El proceso de judicialización se ponía así en marcha, aunque también de forma limitada y selectiva: durante el año 1991 solamente fueron juzgados quince insumisos a la PSS.

4. Cambio de la jurisdicción militar a la civil. El ejército se lava las manos.

Por medio de La ley de Servicio Militar de diciembre de 1991, los casos de insumisión al servicio militar pasaron a la jurisdicción civil. Si el Código Penal Militar fijaba la pena para los insumisos en un año de prisión, el Código Civil establecía unas penas más altas para los dos tipos de insumisión (a la mili y la PSS): en dos años, cuatro meses y un día. Las mismas penas fijadas en la Ley de Objeción de Conciencia de 1984 para los insumisos a la PSS. De esta forma el ejército se lavaba las manos, pretendiendo aparecer ante la opinión pública como espectador inocente de la represión contra los insumisos. Esta nueva estrategia por parte del Ministerio de Defensa supuso que aumentara el número de insumisos encarcelados. Así el número de insumisos presos era de 58 en 1993; 188 en 1994; 269 en 1995; 303 en 1995; 348 en 1996; 300 en 1997 y en marzo de 1998 Instituciones Penitenciarias daba la cifra de 70 insumisos encarcelados.

5. Inhabilitaciones absolutas y multas: un nuevo aspecto de la represión.

Con la aprobación a finales de 1995 del nuevo Código Penal, el llamado Código de la Democracia, la represión contra los insumisos adoptó un carácter más sutil -para reducir su coste político-, y la vez más efectivo: atentar directamente contra los medios de vida, trabajo y estudios, de los disidentes antimilitaristas.

Se trataba de marginarlos de manera oficial recurriendo a escandalosas penas de inhabilitación absoluta: de 10 a 14 años para los insumisos a la mili, con mantenimiento de las penas de cárcel; y de 8 a 12 años para los insumisos a la prestación sustitutoria, más cuantiosas multas que podrían llegar hasta los... ¡35 millones de pesetas! -210.000 euros-.

Por las fechas en que se aprobó en el Congreso el proyecto del nuevo Código Penal, gozó de cierta popularidad el término "muerte civil", que ilustraba perfectamente el tipo de represión que el Ministerio de Justicia e Interior había concebido para los insumisos. Como curiosidad, señalaremos aquí que no fueron los colectivos antimilitaristas quienes se lo inventaron; apareció por primera vez en un documento interno del mencionado Ministerio que fue filtrado a la prensa.

6. Insumisión en los Cuarteles. Otra forma de desobediencia.

La insumisión en los cuarteles devuelve la responsabilidad de la represión de los antimilitaristas a los propios militares, desde que, como más arriba hemos visto, éstos la depositaron en manos de la jurisdicción civil. Estos nuevos insumisos se enfrentan nuevamente a consejos de guerra, y a penas de cárcel por deserción -de veintiocho meses a seis años- a cumplir en establecimientos militares. Estos jóvenes se declaraban objetores/insumisos durante su incorporación al ejército. Esta nueva forma de desobediencia comienza en 1997 y desarrolla hasta el año 2002 –momento que abandona la Prisión Militar de Alcalá de Henares el último “insumiso en los cuarteles”-; en ella participaron 30 personas de las que 20 terminaron en la cárcel militar de Alcalá.

KOORDINADORA ANTIMILITARISTA KAKITZAT