LA REFORMA FISCAL, OTRO ROBO DEL GOBIERNO PARA FAVORECER A LAS GRANDES FORTUNAS

15-M RONDA.- La reforma fiscal aprobada por el gobierno, el pasado octubre, fomenta la discriminación, la desigualdad y vulnera los derechos humanos, económicos, culturales y sociales de la ciudadanía, dentro y fuera de nuestra frontera, según la Relatora sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos de Naciones Unidas, Magdalena Sepúlveda Carmona. Y la Alianza Española contra la Pobreza denuncia que las medidas de reforma fiscal aprobadas por el consejo de ministros promueven la desigualdad y amenazan la democracia.

Los impuestos han de servir para financiar los servicios públicos. Esto genera las condiciones propicias para el crecimiento y el empleo en los sectores formales de la economía. Es necesario un reparto justo de las riquezas y que este reparto se visibilice en políticas públicas sociales como la Sanidad, Pensiones, Educación, Cooperación, Servicios Sociales, Igualdad, Dependencia, entre otras.

El fraude fiscal sigue representando más del 9% del PIB español. La reforma fiscal presentada por el actual gobierno español no abordará la lucha contra estos fenómenos como uno de sus ejes principales y pierde por lo tanto una oportunidad única de asegurar la eficacia del sistema fiscal.

Según el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa el 94% de las empresas del IBEX-35 tiene sociedades en paraísos fiscales. Ninguna de ellas informa sobre el tipo de actividades que realizan estas sociedades y solo una de ellas da información desglosada sobre los impuestos pagados en cada país. La legislación española permite que toda esta actividad sea perfectamente legal.

Un sistema fiscal progresivo es la herramienta más importante a disposición de los gobiernos para luchar contra la desigualdad. Los impuestos indirectos (como el IVA) son impuestos regresivos ya que pueden suponer una carga muy importante en el gasto de las familias más pobres.
Se han realizado importantes reducciones fiscales a las rentas salariales más altas pasando el tipo máximo del 52% al 45%, se ha reducido de forma importante la ya bajísima tasa a la que tributaba la renta de capital pasando ahora del 27% al 23% y se ha reducido aún más el impuesto de sociedades bajándolo hasta el 25%.

El gobierno español defiende las recientes medidas de reforma fiscal en las que se rebaja aún más la tributación a la renta de capital como la mejor manera para conseguir que la economía española sea más competitiva, es decir, que estamos entrando de lleno en el juego de competir con otros estados para atraer el capital a través de incentivos fiscales.

Por eso, España no consigue recaudar lo suficiente, en gran parte, gracias al fraude y evasión fiscal, a la vez que a medidas insuficientes para prevenir que esto se produzca.La Agencia Tributaria Española no está dotada de los recursos necesarios para evitar el enorme fraude fiscal.

La reforma fiscal ha puesto el acento en grabar al sistema productivo pero no toca al sistema financiero, que prácticamente no se fiscaliza. La Comisión Euro-pea se sumó en 2011 a la iniciativa del gobierno francés de aplicar el Impuesto sobre las Transacciones Financieras. Se calculaba que recaudaría entre 34.000 y 57.000 millones de euros al año. Esto ya se viene aplicando en diez países de la Unión Euro-pea de forma descoordinada.

El gobierno español ha anunciado que la aplicará, pero de forma restrictiva, y solo a la compraventa de acciones de grandes empresas cotizadas en bolsa. Prevé que signifique un ingreso limitadísimo de 640 millones de euros en 2015. Es una manera de anular la contribución del mundo financiero a la salida de la crisis/estafa en que nos ha metido.

El gobierno español sigue adoptando medidas e implementando políticas desde mayo de 2010 que van en detrimento de derechos humanos básicos, tales como el derecho a la vivienda, a una vida digna, a la salud, etc. Antes que los recortes/atracos, es necesario un reparto justo de las riquezas y que este reparto se visibilice en políticas públicas sociales como la Sanidad, Pensiones, Educación, Cooperación, Servicios Sociales, Igualdad, Dependencia, entre otras.

Además, el carácter “continuista” de los presupuestos de 2015 agrava las condiciones de vida de la ciudadanía más castigada por la crisis, especialmente las que están en el paro.

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