En pocas palabras. 15-M Serranía de RONDA.- Un 30% de los españoles cree que la inmigración es el principal problema que hay en España, según los datos que reflejan el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas publicado en este mes de septiembre, lo que la coloca por delante de los problemas políticos y del paro. Sin embargo, la mano de obra migrante es fundamental para el sustento de la agricultura europea, tareas que rechaza llevar a cabo la población local, las más duras, peligrosas o peor pagadas.

Aunque las condiciones concretas varían en cada país, existen problemas compartidos, como el pago de salarios aún más bajos que los prometidos o la infravivienda y el hacinamiento en espacios insalubres o sin servicios básicos. Se trata de un trabajo duro, normalmente con jornadas largas, y en el que tanto empresarios como intermediarios pueden imponer condiciones de explotación.

Al igual que en el resto de Estados del Norte Global, en España, la conversión de la agricultura y ganadería al modelo industrial se tuvo que enfrentar al problema de falta de mano de obra. La solución se encontró en la contratación de inmigrantes, que empezó en los noventa y experimentó un efecto multiplicador en la primera década del 2000, el número de personas extranjeras que realizaban trabajo en el campo se multiplicó por 135.

La Organización Internacional del Trabajo ha estimado en 150 millones el número de personas migrantes que trabajan en los países de destino, de las cuales 16,7 millones lo hacen en la agricultura, 9,3 millones son hombres y 7,4 millones son mujeres. La proporción de este colectivo en el sector agrícola de la UE está impulsada por países como España, Italia y Dinamarca, donde la tasa es entre seis y nueve puntos superiores que en el resto de sectores.

España ha pasado de la agricultura campesina y familiar a la agroindustria con mano de obra migrante. Solo entre 2005 y 2020 han desaparecido 1,4 millones de haciendas agrícolas familiares.

Según datos de Eurostat, a pesar de que un 94,8% de las empresas agrícolas en la Unión es de tenencia familiar, estas solo emplean el 17,6% del área cultivada, recayendo el 82,4% restante en manos de empresas que disponen de terrenos superiores a las 20 hectáreas.

El grueso de la producción agrícola europea recae en manos de grandes cooperativas y empresas, principal-mente instaladas en España e Italia, productoras del 45% de la fruta y hortalizas frescas de la UE. La Organización Internacional del Trabajo calcula que alrededor del 61,2% de la mano de obra agrícola de la UE tendría un empleo informal.

El programa español para la contratación de personas trabajadoras migrantes facilita mano de obra para los empresarios, pero no asegura el cumplimiento de los derechos laborales para estas personas. La situación de vulnerabilidad de las trabajadoras y trabajadores migrantes resulta encajar a la perfección en el esquema de la agricultura industrial, aceptan los bajos salarios y las duras condiciones de trabajo.

La explotación laboral a la que se somete a las personas trabajadoras migrantes y los impactos medioambientales de la actividad agraria y ganadera industrial forman parte de un mismo modelo, que ha sido impulsado a nivel mundial, y del que España es un enclave desgraciadamente privilegiado.

Así, la rápida industrialización del sector de la agricultura y ganadería ha llevado también aparejado un acelerado aumento de los impactos medioambientales. La actividad agrícola y ganadera es en la actualidad una de las principales emisoras de gases de efecto invernadero, representando el 14% del total de emisiones directas en España en 2020. De 1900 hasta la actualidad, la agricultura ha multiplicado por 8 sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero, por 63 veces el uso de energías no renovables o por 4,5 veces el consumo de agua.

Situaciones de explotación laboral y de vulneración de los derechos humanos de trabajadoras y trabajadores migrantes en enclaves agrícolas como los de Huelva, Lleida, Murcia o en los mataderos industriales en distintos puntos del Estado Español representan un ataque directo al libre ejercicio del derecho del campesinado, reconocido internacionalmente.