desinformemonos.org. Alicia Alonso.- Una de las primeras medidas que tomó el gobierno de extrema derecha de la presidenta Meloni en Italia cuando se instauró en octubre del 2022 fue crear un delito específico para quien organizara o promoviera una rave party.

Las penas previstas para ello son de 3 a 6 años de reclusión y multas desde los 1.000 a los 10.000 euros. Por esos días había salido reiteradamente en las noticias los problemas para desocupar una rave organizada a las afueras de Módena. El nuevo gobierno no tardó en “rentabilizar políticamente” la noticia y aprobar el nuevo delito mediante Decreto-ley. ¿Será que una rave party es uno de los mayores problemas políticos que tiene Italia y que estas son tan peligrosas y difundidas que merecen un movimiento político en el sentido de criminalizarlas?

Meses después, en las costas del Mar Adriático, en Cutro, fallecían 94 personas en una patera (de los cuales 35 menores), que no alcanzaron a llegar con vida a las playas italianas. Huían de Irán, Somalia, Palestina y Afganistán. Pese al riesgo sabido que suponía la situación de la embarcación, Frontex y las autoridades italianas no activaron el obligado salvamento. Después, ya fue tarde. Frente a la masacre y mientras los tribunales investigan las responsabilidades, el gobierno italiano como aparente solución, nuevamente opta por la ley penal y aprueba un nuevo delito titulado de “muerte o lesiones como consecuencia de delitos en materia de inmigración clandestina”, castigado con penas que van desde los 10 a los 30 años de reclusión y perseguible de forma universal. También aprovecha las circunstancias para aprobar un nuevo paquete de medidas administrativas que limitan y dificultan aún más la vida para las personas migrantes en situación irregular¹. ¿Será que las medidas represivas aprobadas supondrán una disminución de las salidas de sus países de origen de las personas que huyen de la guerra, el hambre o la violencia?

Siguiendo en la misma línea punitivista, de responder con la cárcel a problemas sociales, la semana pasada se aprobó el llamado “paquete de seguridad”. Entre otras medidas se recogen nuevos delitos, incremento de penas y de situaciones de encarcelamiento. La legislación anterior reenviaba la pena de cárcel para las madres embarazadas o con crianzas menores de 1 año autoras de una transgresión penal. Ahora la norma cambia y permitirá que estas puedan entrar en prisión en una clara persecución a las mamás de etnia gitana protagonistas de pequeños robos. También se criminaliza las luchas sociales por la vivienda con un nuevo delito de ocupación penado con reclusión de 2 a 7 años. Además, se incrementan las penas de los delitos cometidos contra agentes de la autoridad por si las que hubiera fueran pocas y estuvieran al orden del día. Se introduce un nuevo delito de motín en la prisión, en vez de atajar las inhumanas condiciones en las que se encuentran las prisiones italianas. Y se liberaliza el porte de armas a agentes policiales fuera de su función, incrementando el riesgo de seguridad de las personas en las calles. ¿Será que estas medidas acaban con los delitos si crean nuevos delitos? ¿Será que el que haya más armas en circulación en las calles disminuirá la posibilidad de que estas sean usadas? ¿Será que para acabar con los pequeños robos en el metro hay que meter a bebés en la cárcel con sus madres?¿Será que criminalizar a los movimientos sociales en la lucha por la vivienda mejorará el grave problema de acceso a la vivienda?

Este frenesí normativo punitivista no es exclusivo de gobiernos de extrema derecha, aunque si una marca de ellos. Si nos vamos a las antípodas de Italia, por ejemplo, a Chile, donde gobierna una alianza “progresista” entre el Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, vemos que espoleados por algunos hechos de alarma social magnificados por la prensa, la agenda de seguridad ha cobrado un gran protagonismo. Esta es más de lo mismo que en Italia: nuevos delitos, garantías de impunidad para las fuerzas del orden, criminalización de movimientos de defensa del terrirorio e incremento de penas a delitos ya establecidos y de las situaciones de encarcelamiento. Todo ello, podemos vaticinar, llevará a una escalada del autoritarismo y la impunidad, con detrimento de los derechos individuales básicos de las personas y a una situación de hacinamiento insostenible en las ya maltrechas prisiones… sin conseguir acabar con los delitos.

Estas dos formas de gestión política recuerdan lo que Jonhatan Simon describía a finales de los años noventa como “Gobernar a través del delito” (1997). En un texto que sigue estando de actualidad, el autor analiza como el miedo al delito acaba dominando toda la cultura política. Explica cómo este tipo de gobierno se lleva a cabo de múltiples maneras. Una de ellas es la obsesiva atención de los medios de comunicación hacia el delito y el castigo, donde los delitos concentran la ansiedad social y el castigo parece ser la única solución a disputas de todo tipo. Otra manifestación es la dramática sobrerrepresentación del delito y el castigo en las campañas políticas, unido a posteriores agendas legislativas de gobierno centradas en la justicia penal. Y por último, un incremento en las instituciones de las reglas y sanciones. Pero Simon también advertía que estas políticas son demasiado caras, no funcionan, hacen a las comunidades menos gobernables, generan guetos y acaban corroyendo la democracia.

Ante este devenir del populismo penal mundial al que asistimos y del que somos parte, es importante no caer en aparentes soluciones inmediatas, confortar el miedo inculcado por los medios de comunicación y volver a enfrentar los problemas urbanos focalizándolos en políticas púbicas centradas en la vivienda, la salud, la educación y el trabajo social. Nos jugamos en ello la democracia.