EN POCAS PALABRAS ¡Sí se puede!

15-M RONDA El Tribunal de Justicia de la Unión Europea obliga a la banca a devolver todo lo cobrado por “cláusula suelo”. El presidente de la organización de defensa de los consumidores financieros (ADICAE), Manuel Pardos, ha denunciado que aún quedan "dos millones de hipotecas" con cláusulas suelo, y que las entidades bancarias "se está embolsando de modo ilegítimo alrededor de 4.000 o 5.000 millones de euros cada año".

El perjuicio total que una persona consumidora ha podido llegar a soportar sólo desde 2009 como consecuencia de la inclusión en su hipoteca de una cláusula suelo puede superar los 3.500 euros, pero ADICAE ha detectado miles de casos en los que el perjuicio anual supera los 5.000 euros. Son cantidades que siguen creciendo conforme pasa el tiempo y las cláusulas suelo continúan en vigor. El Banco de España admitía en 2008 que el 42% de las hipotecas tenían este tipo de cláusulas.

¡Sí se puede! ¡Si se ha podido! Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se ha venido denunciando la violación sistemática de los derechos humanos y de la propia Constitución española con todas y cada una de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios que se han sufrido en los últimos años. Se ha denunciado la anomalía e ilegalidad de la ley hipotecaria española, se ha alertado de que hay vidas en juego y se ha desenmascarado la estafa hipotecaria. 

Ahora, con estas nuevas sentencias, del 21 de diciembre de 2016 y 26 de enero de 2017, afirma la PAH, se va a exigir y a reclamar la declaración de nulidad de todas las ejecuciones hipotecarias y los desahucios que se han producido desde 1995, y se va hacer con la razón que ha dado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No sólo se va a exigir la declaración de nulidad, sino la restitución de derechos y la reparación de los daños producido a más de 700.000 familias desde 2008 y a todas aquellas que han sufrido las consecuencias desde 1995 de la ilegal ley hipotecaria española. 

Así, lo recoge la sentencia: "La declaración del carácter abusivo de una cláusula debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula".

ADICAE señala que el préstamo hipotecario es la principal carga de endeudamiento familiar, una situación agravada en el caso de aquellas personas que, aún sin saberlo, tienen una cláusula suelo implementada en su hipoteca.

Por otro lado, el sindicato de los Letrados de la Administración de Justicia rechaza más negociaciones entre la banca y las personas afectadas por las cláusulas suelo. A su juicio "lo único procedente es dar cumplimiento a lo ya resuelto en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con la devolución de lo indebidamente recibido. Cualquier intento de mermar este hecho es ir contra lo ya resuelto".

Por ello, es un paso más en nuestra lucha contra la banca que este conflicto legal se haya extendido al ámbito autonómico y se podría extender incluso a los Ayuntamientos, que además de asesorar a su vecindad, pueden iniciar procedimientos sancionadores contra las entidades bancarias.

En diciembre de 2014, el alcalde de Azuqueca de Henares, Pablo Bellido, comparecía en el Juzgado número 4 de Guadalajara para presentar 179 demandas de vecinas y vecinos de esta localidad contra las cláusulas suelo hipotecarias. Era el primero en hacerlo, pero otros están siguiendo ese camino y ponen en marcha servicios municipales de asesoramiento y reclamación extrajudicial sobre la existencia de posibles cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios. Hay que extender esta práctica por todos los ayuntamientos del país.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria al no garantizar suficiente protección a la ciudadanía frente a las cláusulas abusivas de las hipotecas, lo que supone más presión añadida para el Gobierno de Rajoy de cara a la modificación de la ley hipotecaria española 1/2013, que aprobó en solitario, rechazando las medidas propuestas por la Iniciativa Legislativa Popular de la PAH, que llegaba al Congreso con un millón y medio de firmas después de 500.000 ejecuciones hipotecarias desde el inicio de la crisis/estafa.

El Tribunal de Justicia Europeo pone de nuevo en evidencia al gobierno español, pues la actual legislación hipotecaria viola los derechos fundamentales de las personas, y sitúa a la persona deudora hipotecaria en una situación de desigualdad. La sentencia obliga, de nuevo, al gobierno del PP a modificar la legislación, en este caso la Ley de Enjuiciamiento Civil.