Andarivel.- Se cumple casi un año del nuevo gobierno de Cantabria. Cierto es que se encontró con una políticas sociales absolutamente desastrosas, tanto en tiempo de resolución de expedientes como en burocracia, que hacían de las personas perceptoras excelentes corredoras de fondo. Desde que tomó posesión de su cargo, la Vicepresidenta del Gobierno Eva Díaz Tezanos, ha estado presente constantemente en los medios de comunicación anunciando medidas para paliar situaciones que ella misma califica de emergencia social.

Nos alegró mucho la medida de este gobierno, que ponía fin al plazo de dos años para cobrar la Renta Social Básica aun cuando las condiciones económicas y familiares no hubiesen variado; medida que había introducido el gobierno anterior con la reforma de la Ley del 2012. Es un paso adelante para entender la situación de las personas que cobran esta prestación porque el sistema les da de lado.

También se han anunciado en los medios de comunicación, partidas presupuestarias para Emergencia Social, Renta Social Básica, suministros básicos, etc,  calificándolas de “plan de choque”, afirmando que estas prestaciones no son una “concesión graciable” y que se eliminará “la desconfianza y el infierno burocrático”.

Nos parecen palabras que el mismo Andarivel firmaría, pero estamos viendo que la realidad está muy alejada de estas buenas intenciones: los papeleos para las nuevas ayudas anunciadas, por ejemplo los bonos de alimentos, se duplican porque se está exigiendo la misma documentación  que ya tienen en el ICASS: certificado de convivencia, certificado de los recursos económicos, visita al trabajador/a social  para un informe que luego tienen que presentar en la Cruz Roja, por cierto una entidad privada, cuyo único cometido es entregar el ticket a quienes “certifiquen que son  pobres nuevamente”.

¿Por qué se exige volver a pasar por el mismo sitio, pidiendo lo mismo y además tener que ir a la Cruz Roja?
¿Cómo es posible que se permita que haya casos en que a personas en esta situación se les informe que aún no se sabe nada, que vuelvan más tarde y cuando vuelven a preguntar la semana siguiente se les diga que el plazo de solicitud ya se ha acabado?

¿Por qué no se da por hecho que la persona que cobra 426,01€ de la renta o de la prestación por desempleo, tiene muy pocos recursos para hacer frente a la alimentación? ¿No sería más rápido, fácil, cómodo, eficiente y barato aplicarlo de oficio para estas personas?

Los datos de la exclusión en nuestro territorio son alarmantes, y así lo ha reconocido la Señora Consejera y Vicepresidenta: el número de paradas  se sitúa en 51.359 personas, de las cuales, aproximadamente la mitad, 25.700, no tiene ingresos.

El número de perceptores de la Renta desde la llegada al poder del PSOE ha aumentado en 563. Las cifras hablan por sí solas ¿qué pasa con las 20.936 personas restantes que no tiene ingresos?

Sabemos que el número de paradas no es casualidad. Es este sistema el que arroja fuera del mundo laboral a miles de personas y las abandona sin ningún amparo, para así formar parte de un inmenso ejército de reserva del que poder tirar cuando convenga. Mientras nos peleamos entre nosotras para poder acceder a un empleo precario y mal pagado.

Creemos que es necesario entender que las personas son el centro de la vida, y que las políticas que se lleven a cabo tienen que priorizar ésta ante cualquier otro planteamiento; da igual que hablemos de los problemas de un equipo de fútbol, del asfaltado de una calle que ya fue remodelada hace un año o de un vial que no lleva a ningún sitio.

Queremos que se aumente la cantidad que se recibe en la Renta Social Básica para que  empiece a ser digna. El umbral de la pobreza se sitúa en 869€ (en 2014), una cantidad muy alejada de los 426,01€.

Reivindicamos el derecho de todas las personas a percibir una cantidad periódica, que sea suficiente para poder tener una vida digna sin condiciones que lo limiten, ya sea con  la ingeniería y fontanería de la señora Consejera o sin ella.