Esta pregunta, no la reelección de Evo Morales, debería ser la principal de un futuro referéndum, por las siguientes razones:

Primero, el discurso del Vicepresidente en el VIII Congreso Internacional Bolivia Gas & Energía 2015, así como las diferentes declaraciones del actual Ministro de Hidrocarburos y Energía, indican que el gobierno ya ha decido qué incentivos otorgar a las empresas petroleras y la forma de hacerlo. Además, la determinación con que ambos funcionarios gubernamentales presentan el asunto también permite prever que la consideración del mismo por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional será un mero trámite administrativo.

Segundo, el proyecto de ley que, de aprobarse se denominará: “Ley de promoción para la inversión en exploración y explotación hidrocarburífera”, como ya lo hizo notar Hugo del Granado, considera como “incentivo” lo que en realidad es un pago extra de entre 30 a 55 dólares por barril de petróleo y condensado, dependiendo de si dichos hidrocarburos se producen en zona tradicional o no, y también del nivel de precios que alcancen en el mercado internacional. Para hacer efectivo este pago el proyecto de ley consigna utilizar una parte (12%) de lo recaudado por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para la creación de un Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH) y también el uso de las Notas de Crédito Fiscal (NOCRE).

Tercero, aunque dicho proyecto de ley contiene varias imprecisiones y serias deficiencias políticas, económico-financieras y técnicas (sobre las cuales ya habrá oportunidad de referirse en detalle), considero que su objetivo principal, aunque solapado, está en que modifica las proporciones en que se reparte el valor total de todos (perdón por la redundancia) los hidrocarburos producidos en el país, a saber: 50% para el Estado y 50% para las empresas petroleras.

En efecto, si las empresas petroleras reciben un centavo más del 50% del valor de la producción, sea directa o indirectamente, en efectivo o en papeles (NOCRE), del FPIEEH o del Tesoro General del Estado, dentro de la transacción comercial de los hidrocarburos o por fuera de ella, en los hechos se estaría alterando las actuales proporciones de apropiación de los hidrocarburos, por supuesto, como lo evidencia el proyecto, en detrimento de los ingresos del país.

Cuarto, la decisión de modificar esas proporciones de distribución no le corresponde al gobierno de Evo Morales, ni siquiera a la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino al pueblo boliviano. Por la sencilla razón de que esa proporcionalidad fue definida por el apoyo mayoritario que recibió la pregunta número cinco[1] del “Referéndum vinculante sobre la política energética del país”, realizado el 18 de julio de 2004, precisamente nueve meses después de la Guerra del Gas.

Esa decisión del pueblo, a pesar de las resistencias y reticencias de muchos de los actores políticos de ese entonces, fue plasmada en la Ley Nº 3058 del 17 de mayo de 2005, que expresamente dispone:

“ARTÍCULO 8º (Régimen Económico). Se dispone que el Estado retendrá el cincuenta por ciento (50%) del valor de la producción de gas y del petróleo, conforme al mandato contenido en la respuesta de la pregunta número 5 de la Ley del Referéndum Nacional de 18 de julio de 2004”.

Aquí vale la pena acotar que la Constitución establece que los hidrocarburos “son de propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano”; de tal manera que el Estado y quienes lo administran, ejercen dicha propiedad “en nombre y representación del pueblo”; lo que, en mi criterio, obligaría a nuestros gobernantes a consultar un asunto de tanta relevancia como el tratado en dicho proyecto de ley.

Quinto, del proyecto de ley, y de la política hidrocarburífera que hasta el presente aplica el gobierno, se desprende que existe una profunda convicción en que serán las empresas transnacionales quienes exploraran el territorio nacional en busca de hidrocarburos y aumentaran el volumen de reservas, si es que se les da “incentivos” y condiciones favorables.

Dicha convicción no tiene ningún asidero real, ni histórico-político, ni económico-financiero, ni geológico-técnico. Sin embargo, no viene al caso aquí, evidenciar lo errados que están los funcionarios gubernamentales, sino anotar que una consulta popular sobre el tema, brindaría la oportunidad de analizar y evaluar alternativas diferentes a las basadas en una confianza tozuda y ciega, sino interesada, en las empresas petroleras extranjeras.

Gustavo Rodríguez Cáceres http://rodriguez-caceres.blogspot.com

Cochabamba, 09 de septiembre de 2015

br>[1] La preguntaba decía: “¿Está usted de acuerdo con que Bolivia exporte gas en el marco de una política nacional que: Cubra el consumo de gas de las bolivianas y bolivianos, fomente la industrialización del gas en territorio nacional, cobre impuestos y/o regalías a las empresas petroleras llegando al 50% del valor de la producción del gas y el petróleo en favor del país, destine los recursos de la exportación e industrialización del gas principalmente para educación, salud, caminos y empleos?”