El compañero Diego se enfrenta a un procedimiento penitenciario por una supuesta agresión a un agente de la Policía Local de Vigo.

Hace unos meses, el barrio de Coia llevó a cabo una protesta, organizándose en la que se dio en llamar “Asamblea Abierta de Coia”, con motivo de la colocación en la rotonda de la Avenida de Castelao del buque “Alfageme” por parte del Ayuntamiento de Vigo, y el elevado e innecesario gasto público que ello significaba.

Todas las protestas vecinales, en forma de manifestaciones, concentraciones y ocupaciones fueron siempre pacíficas durante los casi cuatro meses que duraron las movilizaciones.

Pero no puede decirse lo mismo de la actuación de la Policía Local de Vigo quienes, enviados a la rotonda por el Ayuntamiento, protagonizaron duros enfrentamientos con el vecindario, llegando a episodios violentos, en los que los agentes excedieron claramente sus funciones.

Una de las consecuencias de estas actuaciones policiales resultó ser la detención del compañero Diego.

El 15 de diciembre de 2014, durante una ocupación pacífica de la rotonda de Coia, se produjo un fuerte despliegue policial, con más de 30 agentes que intentaron que las vecinas no entrasen en la rotonda, sin éxito. En momento alguno, los manifestantes desplegaron ni violencia, ni fuerza física contra ningún agente, y la ocupación de la rotonda se consiguió finalmente mediante la constancia y la resistencia pacífica de las allí presentes.

Sin embargo, sorprendentemente, ese mismo día, saltó la noticia de que dos agentes de la Policía Local resultaron heridos en la intervención en la rotonda.

De esta forma, esa misma noche, es detenido un chaval del barrio que nunca había participado en las protestas, por esa supuesta agresión a los policías. Más tarde, constataríamos mediante el atestado que la identificación de este chico se hizo mediante una búsqueda “aleatoria” en el perfil de Facebook de la Asamblea.

Ese mismo día también, un agente de la policía local entra en la rotonda preguntando por Diego, en relación con el mismo asunto, según sus palabras “para hablar con él en calidad de testigo”.

Para facilitar las cosas, y por no tener nada que esconder, esa misma tarde Diego se identificó a los agentes de policía local que continuaban en la rotonda, siendo filiado a tal efecto. Estos no saben siquiera de que les habla Diego cuando se presenta.

No volvemos a saber nada de este asunto hasta que el 8 de enero, justamente coincidiendo con la declaración de otro compañero. Tras ser cara visible de la Asamblea, apareciendo infinidad de veces en los medios de comunicación, Diego recibe una llamada de la Policía nacional para que se presente al día siguiente con el fin de declarar sobre los hechos ocurridos el día 15 de diciembre.

Y aquí es donde nos encontramos con el “sinsentido” de toda esta historia, cuando, personado el 9 de enero en la Comisaría de Policía, Diego es detenido e ingresado en calabozos, por la supuesta comisión de un delito de atentado y otro de lesiones contra un agente de la Policía local de Vigo, el agente nº 294509.
Diego es puesto en libertad ese mismo día en espera del procedimiento judicial.

Así, por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Vigo se abren diligencias penales en las que Diego es acusado de golpear y tirar al suelo al agente, hechos que, constituirían un delito de atentado y otro de lesiones.

Ninguna de las acusaciones que hace el policía es cierta. Diego no tocó al agente, estaba allí como el resto de las manifestantes. Este agente sufrió una caída fortuíta, en la que se dañó, como pudieron ver varias compañeras. Pero el agente sorprendentemente sigue insistiendo en que es Diego quien lo golpea y empuja para tirarlo.

En un sistema judicial en el que la versión de los agentes de policía es casi irrefutable, constituyéndose en la gran mayoría de las ocasiones en única prueba de cargo que sustenta las condenas, la situación de Diego se torna complicada.

En este momento la instrucción de la causa se encuentra concluída, en espera de que el agente de policía reciba el alta médica, ya que, desde que sucedieron los hechos el 15 de diciembre se encuentra en situación de incapacidad temporal, debido a la lesión que le causó la caída.

Ello supone casi 10 meses de indemnización en caso de que Diego sea condenado, y alrededor de 13.000 euros en total.

Por el momento no hemos escrito de acusación, hasta que no se emita el correspondiente informe forense de sanidad, pero casi con total seguridad, Diego se enfrentará a una petición de más de dos años de prisión y a una responsabilidad civil de más de 13.000 euros, que habría que pagar inexcusablemente si finalmente Diego es condenado y queremos evitar su ingreso en prisión.