Recorte en la RGI a las familias monoparentales

Momento de la concentraciónOrganizaciones feministas y por los derechos sociales protestan por el recorte de la RGI a las madres con bebés mayores de 24 meses. Una mujer con una criatura de 25 meses que se haya quedado en paro durante la pandemia y haya tenido que volver a convivir con sus familiares, ya no puede solicitar la renta de garantía de ingresos (RGI). El Gobierno Vasco (Lanbide) reconocía este derecho hasta ahora, por un plazo de 12 meses prorrogables por un año más. Los colectivos sociales exigen la rectificación y explicaciones en el Parlamento Vasco.

Organizaciones feministas y por los derechos sociales se han concentrado ante la sede del Gobierno Vasco en Bilbao para denunciar un nuevo recorte en el acceso a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) para las familias formadas por una persona adulta y un bebé mayor de 24 meses, lo que afecta mayoritariamente a las mujeres.

La movilización ha sido convocada por La Posada de los Abrazos, la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia, la organización Mujeres del Mundo-Babel, el Colectivo Trabajadoras No Domesticadas, el Centro Asesor de la Mujer Argitan, la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak, la oficina de derechos sociales ODS de Bilbao la Vieja y Santurtzi y Langile Autodefentsa Sarea.

La protesta se produce porque, desde el pasado 14 de diciembre, el Gobierno Vasco, a través del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide, ha dejado sin efecto parte del decreto 147/2010 sobre la RGI y ya no reconoce como unidades familiares o de convivencia (UC) con derecho a RGI a las madres y padres solteras con hijos e hijas que sean mayores de 24 meses y que convivan en un mismo piso con otra persona durante 12 meses, con prórroga excepcional de un año.

De este modo y como ejemplo, una mujer con un bebé de «dos años y un día» que, debido a la crisis por la pandemia de covid-19 y por no poder sostener sus necesidades básicas, se haya visto forzada a regresar a vivir a la casa de otros familiares, ya no puede recibir la renta básica RGI, por lo que pierde estas prestaciones sociales y su autonomía financiera, y pasa a ser dependiente de sus familiares.

También resultan perjudicadas las personas que tienen a su cargo a un familiar con una discapacidad igual o superior al 45%, así como los padres o madres solteras, separadas, divorciadas o viudas que tienen o adoptan una niña o niño con una edad superior a 24 meses.

Los grupos feministas y por los derechos sociales, mediante su protesta, han exigido que “Lanbide y el conjunto del Gobierno Vasco defiendan los derechos que asisten a las mujeres y la infancia más vulnerable”.

A pesar de las campañas institucionales de respeto a los derechos de las mujeres o contra la violencia machista, a la hora de la verdad los servicios públicos, como Lanbide, no tienen en cuenta las situaciones concretas y reales que sufren las mujeres: precariedad y feminización de la pobreza”, han advertido estas organizaciones sociales.

La nueva instrucción del Servicio Vasco de Empleo, con entrada en vigor el 14 de diciembre, incumple desde diferentes sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, pasando por resoluciones del Defensor del Pueblo-Ararteko hasta la Recomendación general del Ararteko sobre la obligada consideración al interés superior del menor en las políticas públicas, especialmente en el sistema de garantía de ingresos”.

Los colectivos feministas y sociales han instado además a las fuerzas políticas a “exigir en el Parlamento Vasco explicaciones y responsabilidades por este nuevo recorte introducido por Lanbide contra las mujeres e infancia en mayor riesgo de pobreza y exclusión social”.

Estamos impactadas por esta cruel actuación administrativa y no vamos a dejar de protestar hasta conseguir que se rectifique y derogue esta nueva directriz interna del Servicio Vasco de Empleo que vulnera los derechos de cientos de familias monomarentales”, han advertido.

Este caso es la gota que colma el vaso en relación a la actuación del Gobierno Vasco y sus agencias hacia los derechos de las mujeres. No es un caso puntual; Lanbide ha negado y sigue negando repetidamente la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a mujeres que han visto vulnerados sus derechos o han sufrido violencia machista y hasta la fecha, la entidad goza de total impunidad sin que nadie tome decisiones políticas que fuercen un cambio en su actuación”, han denunciado.

La paciencia de las mujeres, del movimiento feminista y de las plataformas contra la exclusión y la pobreza tiene un límite y ya se ha superado. Haremos todo lo que sea necesario para revertir este nuevo recorte, para que las malas prácticas de Lanbide cesen de una vez por todas y para que el resto de Administraciones públicas se vean obligadas a demostrar con hechos que en Euskadi se defienden y respetan los derechos de las mujeres y de la infancia».

Bilbao, 21 de enero de 2021

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